La juez imputa a los seis policías de Cartagena homicidio y detención ilegal

Los seis policías detenidos por la muerte de Diego Pérez, un vecino de Cartagena, que pidió ayuda al 091 tras sentirse amenazado el pasado 11 de marzo y luego desapareció hasta que unos senderistas encontraron su cuerpo 14 días después, han pasado su primera noche en la cárcel de Sangonera La Verde en Murcia.

Los seis están acusados de homicidio o asesinato (según el grado de participación en los hechos), detención ilegal y uno de los agentes también de posesión de armas, tras el registro de su vivienda. Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez, todos los acusados aportaron una versión similar sobre la madrugada de la desaparición. Admitieron haber acudido al barrio de Las Seiscientas, una de las zonas más deprimidas de la ciudad murciana, tras recibir la llamada de auxilio de Diego Pérez, que se sentía amenazado por unos vecinos. Y también que lo trasladaron desde su piso a Cala Cortina, una playa a tres kilómetros de distancia, para intentar que se tranquilizase dado que estaba muy nervioso. La zona es la misma donde apareció el cadáver flotando, el 25 de marzo, con fuertes golpes en la cabeza causados antes de la muerte, según reveló la autopsia y también donde una cámara de tráfico situó a los coches zeta de la policía aquella madrugada.

Los agentes aseguraron que, al llegar a la cala, el hombre escapó corriendo y que ahí le perdieron la pista. Preguntados por el fiscal y la juez sobre por qué no comunicaron a sus superiores estos hechos los días posteriores a la desaparición, los detenidos reconocieron “el error” y alegaron que entonces callaron “por miedo” tras saber que el hombre había muerto, según fuentes judiciales. Los abogados de la defensa proclaman la inocencia de los seis policías, también ante los medios de comunicación. Uno de esos letrados, Vicente Sanmartín, que representa a dos de los detenidos, aseguró ayer a las puertas del juzgado que haber trasladado al hombre que pedía auxilio a esa playa es una falta administrativa, no de un delito e insiste en la inocencia de sus clientes.

Los investigadores están convencidos de que los arrestados participaron en la muerte de Diego Pérez y tratan de esclarecer el papel de cada uno de ellos en el crimen.