La `contrarreforma Catalá´

 En el acto de toma de posesión celebrado en el Palacio de Parcent, en la madrileña calle de San Bernardo, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aportado retrospectivamente, mira por dónde, los motivos de la caída de Alberto Ruiz-Gallardón, que superan con holgura el desencadenante de la crisis que le situó fuera del Gobierno. Es decir: la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto.

Primero, he aquí los dos asuntos sobre los cuales los labios de Catalá no pronunciaron palabra: la reforma de la ley del aborto y el proyecto de nueva ley Orgánica del Poder Judicial. Estas eran las dos columnas sobre las que Ruiz-Gallardón había edificado su acción ministerial.

El flamante ministro destacó al enumerar sus objetivos que es necesario que la Justicia funcione para lo que hay que, se entiende, dar un protagonismo a la justicia penal a través de la reforma del ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ruiz-Gallardón heredó del Gobierno socialista un proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal; pero decidió revisar la situación.

Así, el consejo de ministros del 2 de marzo de 2012 creó la Comisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para elaborar una nueva reforma, y se confió la presidencia de dicha comisión al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena -que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará hoy, con especial recomendación del Gobierno de Rajoy, presidente de la Sala Segunda, tras la jubilación del magistrado Juan Saavedra -; Marchena entregó su llamado proyecto de Código Procesal Penal, que debía sustituir a la vetusta LECrim del 14 de septiembre de 1882, a primeros de 2013. El Ministerio de Justicia difundió el borrador el 25 de febrero de 2013.

  Pero no conoció otro destino que un cajón.

Catalá enfatizó, también, que es menester volver a estudiar para su mejora la ley de tasas judiciales, aprobada contra viento y marea exclusivamente con los votos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una ley que unificó prácticamente a todos los estamentos del mundo judicial contra el Gobierno.

Otros temas que abordó Catalá: la mejora de la justicia gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil, una ley de servicios profesionales que respete los derechos profesionales de procuradores y abogados, la dotación de plazas de jueces y fiscales para dos generaciones de jueces y fiscales que carecen actualmente de trabajo.

La última iniciativa vendida por Ruiz-Gallardón, a saber, la pretendida reducción del número de jueces y magistrados aforados que debía incorporarse al proyecto de ley Orgánica del Poder Judicial también ha brillado por su ausencia en el discurso del nuevo ministro. Como la apuntada nueva reforma/ajuste de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a menos de un año de su vigencia.

Este esbozo de contrarreforma sugiere que Catalá hará cambios en varios niveles del Ministerio de Justicia, empezando por la secretaría de Estado de Justicia, cuyo papel en la reforma Gallardón ha sido muy relevante. No parece que Catalá, que ha sido secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004, bajo el ministro José María Michavila, vaya a confirmar a Fernando Román, actual secretario de Estado. 

Precisamente, una de las pistas sobre los inminentes cambios la aportó Catalá al prometer que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia "desde el diálogo y el consenso" para buscar un gran acuerdo en materia de Justicia. Catalá ha reconocido en entrevistas que cuando él llegó a la secretaría de Estado de Justicia en 2002, se encontró hecho el pacto PP-PSOE, lo que le facilitó mucho el trabajo.

Sobre Cataluña, silencio oportuno.

Ni falta que hace. Porque sus palabras de junio de 2014 sobre Cataluña han sido subrayadas por no pocos dirigentes del PP.

Catalá había participado el mes de junio pasado, en su calidad de secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento en un acto en el cual el Puerto de Tarragona se presentaba como el clúster químico del Mediterráneo en el Salón Internacional de la Logística y la Manutención, que en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Al acto, como se ve en la foto que abre esta página, acudió el president Artur Mas.  

En una entrevista con la revista Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con la cual ha colaborado, se produjo el siguiente diálogo:

 -Señor Catalá, ¿hacia dónde va Catalunya?

 -Bueno, mi apellido, aunque puede ser de origen catalán, proviene familiarmente de Valencia. No obstante, por mi trabajo, por mis viajes o mis colaboraciones con ESADE [Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas] he tenido contacto con el sentimiento catalán, de percepción de una identidad singular propia, con un gran dinamismo cultural y un avanzado grado de autogobierno. Cosa distinta es lo que está sucediendo en la política catalana, de fortalecimiento del independentismo, con posicionamientos individualistas, insolidarios y parciales, que, otorgándose unilateralmente una legitimidad ysoberanía que no les corresponden, pretende imponer a muchos la voluntad de pocos, en una deriva que, obviamente, está abocada al fracaso. Yo soy partidario de realizar ajustes de la Constitución para reconocer la singularidad catalana. Nuestra Constitución nos ha servido muy bien durante 30 años dándonos elperiodo de mayor prosperidad de nuestra historia reciente, pero no es inamovible; puede ser reformada para mejorar el encaje de Cataluña, eso sí, buscando el mayor consenso posible.

¿Un Catalá, eso sí valenciano, escogido por su flexibilidad personal en esta y otras materias? ¿Es una personalidad a la que Rajoy puede estar tentado de confiar una labor de encauzamiento en la etapa post referéndum catalán del 9/11?

Es un propio de Rajoy, no solo porque ha colaborado directamente en diversos ministerios con el actual presidente del Gobierno. Ha formado parte del llamado por los iniciados grupo de Pontevedra. Catalá comenzó su actividad pública en el Gobierno Civil, donde conoció a Rajoy como presidente de la Diputación. Suele pasar sus vacaciones de verano en Sanxenxo.

No es menos cierto que ha trabajado siete años (2005-2012) fuera del ámbito político, en la empresa Codere, multinacional española en el sector del juego privado.

Pero da la impresión de que Rajoy contaba con Catalá, y solo con Catalá, su candidato exclusivo, por razones de confianza, para sustituir a Ruiz-Gallardón.

NB: Mercè Pigem i Palmés, abogada y política catalana, militante y miembro del Comité Nacional de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) ex diputada y miembro de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aportará, según fuentes jurídicas, su voto al grupo conservador que va a elegir en el Pleno del CGPJ previsto para este martes 30 la elección de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala de lo penal. Al menos esta era la posición de Mas antes de la decisión fulminante, ultrarrápida, del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum.

En el tema de la presidencia de la Sala Segunda, la CDC de Artur Mas no quiere "líos" y apoya al PP.

Es interesante matizar que la percepción de Mercè Pigem y de CDC y de CiU es muy "sensible". Ella y su partido saben que el Gobierno de Rajoy quiere, por encima de todo, una persona de confianza a la cabeza de la sala más importante de la justicia penal española.

 Y que en ningún momento se ha pretendido siquiera cubrir la apariencia de un debate sobre experiencia, capacidad profesional y curriculum, en la selección de las tres candidatos que por orden de antigüedad son Cándido Conde-Pumpido, actual presidente en funciones de la Sala; Miguel Colmenero y Manuel Marchena.

La elección viene sugerida desde arriba.

Mas ha captado el mensaje. Y Mercè Pigem así lo demostrará en la votación del Pleno del CGPJ.