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Órdenes de detención “exprés” contra los yihadistas que viajan a Siria

España adopta nuevas iniciativas contra la amenaza del Estado Islámico

Lachen Ikasrrien, el último detenido en Madrid por enviar yihadistas a Siria.
Lachen Ikasrrien, el último detenido en Madrid por enviar yihadistas a Siria.

La policía y la justicia española acaban de estrenar una nueva forma de combatir al terrorismo yihadista: adelantar las órdenes de búsqueda y captura internacional contra jóvenes que han salido de España para unirse a las huestes en Siria e Irak de Al Qaeda o del Estado Islámico (EI) antes de desarticular y dinamitar las células de las que forman parte.

La novedad de esta iniciativa policial que están respaldando jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, el órgano judicial encargado de investigar el terrorismo islamista, radica en que estas órdenes "exprés" se están tramitando a los 190 países que integran Interpol muchos meses antes de que la Policía reviente los grupos locales a los que pertenecen los yihadistas sospechosos en operaciones que casi siempre se eternizan para obtener pruebas y detener a la mayoría de los integrantes.

Con esta medida, España se suma a las diferentes iniciativas que varios Gobiernos europeos están adoptando para prevenir atentados de los denominados retornados: yihadistas formados en las filas del EI —que cuenta con hasta 31.500 combatientes, según la CIA, miles de ellos extranjeros— que regresan con la misión de atacar a sus países de residencia. Alemania acaba de prohibir cualquier clase de exaltación o propaganda del Estado Islámico en su territorio; el Reino Unido impedirá la salida de jóvenes combatientes hacia Siria e Irak. España se plantea, también, introducir nuevos artículos en el Código Penal para estrechar el cerco no solo a los ojeadores sino también a los reclutados.

Se quiere evitar que lleguen a Alepo o detectar su regreso como retornados

La extraordinaria celeridad con la que se están emitiendo algunas órdenes de búsqueda y captura, algo inédito antes de la aparición del EI, pretende facilitar la detención de los yihadistas sospechosos antes de que alcancen los campamentos de entrenamiento terrorista en Siria, Libia, Irak o Malí o a su regreso de los mismos a Europa una vez formados en armas y explosivos. La vuelta a casa de yihadistas españoles o residentes en España, en su mayoría marroquíes, que se han formado en las filas del Frente al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, o en los campamentos del EI, constituye hoy la mayor amenaza para la seguridad nacional. "El Estado Islámico va a ser mucho más peligroso que Al Qaeda. Se la va a comer. Ya han creado un califato y tienen un potencial enorme de captación", advierte Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. "Estamos ante un escenario nuevo. Creíamos que Al Qaeda estaba en horas bajas, pero la aparición del EI lo cambia todo", afirma un analista de inteligencia.

El Ministerio del Interior estima que 51 españoles o residentes se encuentran combatiendo en Siria, pero mandos de la lucha antiterrorista reconocen que se desconoce la cifra real y que el número podría superar el centenar. "Lo peor de esta amenaza es que los servicios de información e inteligencia no sabemos cuántos han ido, es decir, que podrían regresar algunos que ignoramos que se han ido. De los que tenemos constancia que han viajado sabemos bastantes cosas y podemos reaccionar si vuelven", asegura un alto mando policial. Tres retornados han sido detenidos desde que estalló la guerra en Siria entre el Ejército de Bachar el Asad, la resistencia y los grupos yihadistas.

El fiscal Javier Zaragoza explica así el cambio en la emisión de las órdenes de búsqueda y captura: "El hecho de desplazarse a Siria o Irak es el dato final. Es un indicio muy serio de que se van a integrar. Tenemos que actuar más rápido que antes. Que la prueba es más débil cuando nos anticipamos ya lo sabemos, pero no podemos dejar que esta gente viaje a otros países a cometer atentados terroristas y que luego puedan regresar aquí a seguir cometiéndolos".

En 2012 la policía y el CNI tuvieron monitorizados durante meses a los tres jóvenes ceutíes que inauguraron el viaje hacia la muerte desde la barriada de El Príncipe hasta los campos de entrenamiento del EI en Al Atarib, a unos 30 kilómetros de Alepo, una zona montañosa a una hora en coche de la frontera con Turquía. El taxista Rachid, de 33 años, Mustafá, Piti, de 30, y Tafo, de 24, se suicidaron en diferentes ataques en los que causaron centenares de víctimas. Desde que trascendió su muerte, otros nueve jóvenes de Ceuta han seguido su camino. A ninguno se le impidió su marcha. "Hasta que no se produce el viaje, a veces es muy difícil demostrar que se tiene esa intención", explica el fiscal Javier Zaragoza.

Fiscal  Javier Zaragoza: "Hay que actuar. No podemos dejar que esta gente viaje"

¿Con qué garantías se están emitiendo estas órdenes de detención? "Lo hacemos en piezas separadas antes de que estalle la operación policial y judicial. Tenemos base jurídica y fundados indicios de que se van a integrar en el EI. El que viaja tiene una actividad previa de contacto con las células de allí y el deseo de ejecutar una actividad terrorista. La policía y los jueces tenemos muy claro que contra estos grupos tenemos que dar una respuesta preventiva anticipada. No hay que dejarles ni un metro, ni un minuto de tiempo para que preparen un atentado", explica el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

La petición policial de detenciones "tempranas" se atiende, según la fiscal Dolores Delgado, encargada en la Audiencia Nacional de perseguir el terrorismo islamista, "como una medida cautelar y solo si hay indicios razonables de que el sospechoso se va a integrar tras su viaje en una organización terrorista". "Es una medida de control. Impide que haya un flujo libre de los que vuelven. Si cruzan una frontera saltan las alarmas y los detienen", añade.

A finales de los años noventa agentes de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía a las órdenes del comisario Mariano Rayón fotografiaban y grababan en vídeo al sirio-español Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, despidiendo y recibiendo en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a los muyahidin que enviaba a los campos de Al Qaeda en Afganistán, Bosnia o Chechenia. Entonces, no eran conscientes de la amenaza. Algunos de los retornados participaron en el 11-M o en los atentados de Casablanca (Marruecos).

investigación@elpais.es

 

Penalizar el "adiestramiento pasivo"

J.M.I.

El Ministerio del Interior propone una nueva definición del delito de terrorismo que contemple el “adiestramiento pasivo” y penalice no solo a los que difunden en Internet propaganda yihadista sino, también, a los que la consultan o escuchan. Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Levante captan a miles de sus seguidores a través de estos vídeos y mensajes. La Red se ha convertido en el lugar más seguro y efectivo para los ojeadores y maestros del proselitismo yihadista.

Según un portavoz de Interior, el ministro Jorge Fernández Díaz defiende que el fenómeno terrorista ha cambiado y que la legislación tiene que adaptarse a esta nueva realidad, una afirmación que apoyan algunos jueces de la Audiencia Nacional como Javier Gómez Bermudez, el magistrado que presidió el juicio del 11-M. “Hay que castigar no solo al que adiestra, también al adiestrado. Esta modificación en nuestro Código Penal es importante para que podamos perseguir con mayor efectividad esta clase de terrorismo”, afirma el juez.

Fernández Díaz propuso hace un año esta medida en la reunión en Luxemburgo del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI). El incremento de la actividad yihadista ha provocado que los defensores de introducir esta reforma vuelvan a plantearla. Algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se muestran contrarios.

Como frenar la capacidad de convocatoria del Estado Islámicio (EI) es uno de los propósitos que debatirán en las próximas semanas en Madrid los fiscales de cuatros países amenazados por el terrorismo yihadista: Francia, Bélgica, Marruecos y España. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional se reunirá con Francois Molins, fiscal jefe de París; Hassan Daki, fiscal general de la Corte del Tribunal de Apelación de Rabat; y el fiscal federal de Bélgica para coordinar con sus equipos nuevas medidas contra el terrorismo islamista y unificar criterios.

Al tripartito inicial creado en 2007 se ha unido Bélgica. Los fiscales comparten información sobre operaciones antiterroristas en tiempo real.