830 inmigrantes siguen en pabellones de Tarifa tras el aluvión de pateras

“Libertad bajo propuesta de expulsión”. Es el salvoconducto que están recibiendo la mayoría de inmigrantes que han pasado en las últimas horas por las comisarías de Algeciras y La Línea de la Concepción de manos de la comisión judicial —integrada por un fiscal y un juez— que ha asumido la burocracia de la crisis. Los últimos 25 salieron este viernes del patio de la comisaría de La Línea, camino de un centro de de una ONG local.

Fuentes policiales admiten que en la mayor parte de los casos “o no se puede determinar la nacionalidad de las personas o pertenecen a países con los que España no tiene convenios de repatriación”. En una situación normal, irían a centros de internamiento de extranjeros (donde la estancia máxima legal es de 45 días), pero tras el aluvión de esta semana, están desbordados. En Andalucía y otras comunidades.

Así que la mayor parte de los que pasan por el trámite de identificación queda libre y en la calle bajo el cobijo de organizaciones no gubernamentales. No hay cifras institucionales. Los registros apuntaron esta semana 1.219 subsaharianos llegados al muelle de Tarifa. Pero sobre su paradero se ha instalado el silencio oficial. En dos pabellones polideportivos seguían anoche 830 personas. Los 30 menores junto a sus madres han sido alojados en centros de acogida de las ONG.

El resto de datos se escapan a cuentagotas por cauces no oficiales. El Ministerio del Interior, a través de un portavoz autorizado, sostiene que los sin papeles quedan en régimen de custodia a cargo de distintas entidades sociales. Pero tanto la Cruz Roja como Accem —Asociación Comisión Católica Española de Emigración, que se encarga de atender a refugiados— se han hecho cargo de decenas de inmigrantes en las últimas horas y explican que ellos solo prestan ayuda a estas personas, en ningún caso se encargan de vigilarlas.

Las ONG niegan que su función sea vigilar a las personas a su cargo

El coordinador de Cruz Roja en Cádiz, Javier Gil, hiperactivo colaborador de la ONG que estos días tanto gestiona duchas móviles para los pabellones de Tarifa como alimentos sin carne de cerdo a cientos de inmigrantes, asegura que sus centros son abiertos. “Entran y salen cuando quieren y si un día deciden irse, ni los buscamos ni les pedimos explicaciones. Aunque la mayoría se queda porque aquí le ofrecemos asesoría, los alimentamos y les proporcionamos todo tipo de ayuda”. Al de Puente Genil, llegaron esta semana once mujeres con sus hijos de la mano. Están recibiendo clases de castellano y unas nociones de Derecho para explicarles su situación legal en España. Su estancia habitual es de tres meses que pueden prorrogarse en casos de extrema necesidad.

Tampoco las decenas de sin papeles que se subieron al autobús de Accem esta semana se someten a algún tipo de vigilancia. Treinta y nueve fueron recogidos el jueves en la comisaría de La Línea y se reparten por pisos de Córdoba y Valladolid. La organización espera hacerse cargo de otros 40 en las próximas horas. Su filosofía tampoco les permite hacer de policías con ellos. “Lo nuestro es la ayuda humanitaria”, asegura uno de sus portavoces. Explica que en estas primeras horas se hace una evaluación social de los emigrantes. Se comprueba si tienen familiares o amigos en España. “Como cada vez son menos, los que tienen vínculos, al resto se les aloja en pisos de acogida, donde se les informa de sus posibles salidas en el país. “No pueden trabajar pero tienen que vivir, intentamos evitar que caigan en manos de las mafias”.