Las manifestaciones de guardias civiles o militares podrán ser suspendidas
Interior no ve "responsabilidad disciplinaria" en el hijo de Tejero por celebrar el 23-F
Las manifestaciones “reivindicativas” organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil “haciendo uso de su condición de militar” podrán ser suspendidas o disueltas por la autoridad gubernativa, según la reforma de la ley del derecho de reunión pactada por el PP y el PSOE como disposición final a la ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Además, quienes organicen o participen en reuniones o manifestaciones de “carácter político, sindical o reivindicativo [...] portando armas, vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de guardia civil” incurrirán en una falta disciplinaria muy grave; mientras que cometerán una falta grave quienes hagan manifestaciones que vulneren su deber de neutralidad política, “pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos o sindicatos o de sus candidatos”.
El acuerdo reforma la ley
del derecho de reunión y el código disciplinario de la Guardia Civil
En España, las manifestaciones no tienen que ser autorizadas, solo comunicadas con 10 días de antelación, pero pueden ser suspendidas o disueltas cuando se consideren ilícitas, cuando se produzcan alteraciones del orden público o cuando se haga uso de uniformes paramilitares. A estas tres causas tasadas se añade ahora una más.
De esta forma, el Gobierno no sólo podrá actuar a posteriori, sancionando a los militares y guardias civiles que sobrepasen los límites a su derecho de reunión o manifestación, sino también a priori, suspendiendo o disolviendo reuniones y manifestaciones.
Para cerrar este pacto con el PSOE, el Gobierno ha renunciado a sancionar a todos los miembros de los órganos de dirección de las asociaciones profesionales de guardias civiles por los acuerdos adoptados por las mismas que incumplan el código disciplinario.
Respecto al régimen disciplionario de las Fuerzas Armadas, el pacto entre socialistas y populares, al que se ha sumado CiU en la ponencia parlamentaria, supone el mantenimiento del arresto de hasta ocho días para las faltas leves. El PSOE subraya que el arresto solo podrá imponerse “cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas”, que no podrá cumplirse en celda o similar y que el arrestado podrá pedir el habeas corpus, lo que introduce la tutela judicial. Entre otras garantías, los socialistas destacan que no se podrá tomar declaración al expedientado hasta transcurridas 48 horas.
La asociación de agentes
critica la “impunidad”
del hijo de Tejero
En declaraciones a Efe, tanto el portavoz del PP, Vicente Ferrer, como el del PSOE, Luis Tudanca, expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado en “un asunto de Estado” y “tras muchos esfuerzos”. Por contra, la Asociación Unificada de Militares (AUME) rechazó el pacto, por considerar que retrotrae el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a finales del pasado siglo, cuando el Ejército aún no era profesional.
Por otra parte, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Díez, hijo del cabecilla del asalto al Congreso de 1981, no será sancionado por conmemorar el 23-F con una paella en el cuartel de Valdemoro a la que invitó a varios implicados en la intentona golpista.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer en el pleno del Congreso que de la “información reservada” que ordenó, y cuyo contenido no quiso revelar, “no se deriva responsabilidad disciplinaria”. Un juez de la Audiencia Nacional suspendió el cese del teniente coronel como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad número 1 de la Guardia Civil porque iba firmado por el ministro y no por el director general del cuerpo, a quien le correspondía administrativamente, lo que el diputado socialista Antonio Trevín calificó de “error clamoroso”. La Dirección General de la Guardia Civil optó por reponer a Tejero en su destino para, de inmediato, enviarlo en comisión de servicio a otro puesto, dentro del mismo acuartelamiento.
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que agrupa a 33.000 agentes, se trata de un triunfo de la cúpula del instituto armado que permitirá que un “suceso tan lamentable” quede impune, mientras que 37 de sus representantes han sido expedientados “por reclamar derechos y libertades para sus compañeros” desde que gobierna el PP.
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