El fiscal pide inhabilitar al alcalde de Valladolid por desobediencia

La Fiscalía de Valladolid ha pedido la inhabilitación, durante 15 meses, para el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. De la Riva se ha opuesto, sistemáticamente y desde 2008, a cumplir una sentencia urbanística que afectaba al ático en el que residía, un antiguo edificio de Caja Duero ubicado en la plaza de Zorrilla de la capital vallisoletana. La fiscalía pide además una multa de 1.800 euros.

Los tribunales dictaron, el 16 de septiembre de 2008, una sentencia en la que declaraban nulos los actos administrativos por los que se aprobaron las obras de rehabilitación del edificio. El fallo obligaba además a demoler áticos creados a partir de unos trasteros. En junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012 se dictaron autos judiciales en los que los tribunales recordaron al alcalde que ejecutara la demolición de las obras y reconstruyera los elementos protegidos que fueron ilegalmente demolidos o modificados. Pero nada.

“El acusado evidenció su voluntad contraria al cumplimiento de la sentencia”, señala el escrito del fiscal en el que reclama sentar en el banquillo a León de la Riva. “El comportamiento del acusado no acatando el mandato, que de modo personal y directo le había efectuado la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha tenido su reflejo no solo en el evidente retardo en la realización de las obras necesarias para restablecer la legalidad (...) sino también en la inejecución del cese de ocupación de las viviendas y oficinas afectadas por el fallo judicial”, destaca el escrito del fiscal, en el que se informa de que el desalojo de los áticos se decretó en 2010 mientras que el cese del uso de las oficinas fue en 2012.

En el momento de iniciarse el caso, en Javier León de la Riva concurría la triple condición de alcalde, propietario de una de las viviendas y vicepresidente de Caja Duero, propietaria del inmueble.

En octubre de 2013 un juzgado archivó la causa penal abierta contra el alcalde, pero en febrero de 2014 la Audiencia provincial decidió reabrirla al considerar que existían indicios para acusarle de desobediencia.