El Poder Judicial nombra a Navarro presidente de la Audiencia Nacional
El actual presidente del Tribunal Superior de Canarias logra 15 votos Su oponente, el magistrado de La Rioja Ignacio Espinosa, ha recibido cuatro apoyos
El pleno del Consejo del Poder Judicial ha elegido este jueves a nueve nuevos altos cargos judiciales en tribunales superiores de justicia de Galicia y Madrid y en audiencias provinciales. Y también al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, puesto para el que ha designado a José Ramón Navarro, hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dos de los nueve cargos elegidos son mujeres y el resto hombres, diferencia que se debe a que no había candidatas en al menos cuatro de los cargos ahora renovados. El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha obtenido 15 votos (mayoritariamente del sector conservador), frente a los cuatro logrados por Ignacio Espinosa Casares, presidente del Tribunal Superior de La Rioja y la apuesta de una parte del sector progresista del Poder Judicial.
Nacido en 1959, el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, que sustituye a Ángel Juanes, ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1991, procedente del turno de juristas de reconocida competencia, tras el ejercicio profesional de la abogacía durante más de seis años. Sus primeros destinos judiciales fueron juzgados de primera instancia e instrucción de Jijona (Alicante), Icod de los Vinos y La Orotava (ambos en la isla de Tenerife) y Manresa, en la provincia de Barcelona. Pertenece a la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Otro nombramiento destacado ha sido el de la Audiencia Provincial de Cáceres, que cuenta desde ahora, por primera vez en su historia, con una mujer como presidenta: se trata de la magistrada María Félix Tena, en la actualidad magistrada de la Sección Segunda de este audiencia. Nunca antes un alto cargo judicial extremeño había sido mujer. Otra mujer elegida hoy como alto cargo es María Concepción García Vicario, que será la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Castilla y León.
El presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció tras tomar posesión que uno de los objetivos de su mandato sería tratar de incrementar el número de mujeres en altos cargos judiciales, en consonancia con la estadística que indica que un 65% de la carrera judicial actual (algo más de 5.000 jueces y magistrados) son mujeres. En el anterior pleno también fue nombrada la primera mujer que accede a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sus 100 años de existencia: se trata de Ana Ferrer, que hasta entonces ocupaba el cargo de presidenta de la Audiencia de Madrid. Precisamente, hoy ha sido nombrado para ocupar la vacante de Ferrer el magistrado de la Audiencia madrileña Eduardo de Porres, que ha logrado 17 de los 19 votos disponibles en el pleno de hoy (dos vocales no han podido asistir por diferentes motivos). También fue reelegido presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el magistrado Ricardo Bodas, y Eduardo Menéndez como presidente de la Sala de lo Contencioso.
En el capítulo de reelecciones, destacan las de Francisco Vieira como presidente del Tribunal Superior de Madrid (que recibió un respaldo unánime) y la de Miguel Ángel Cadenas en el de Galicia (cuya reelección también dispuso de unanimidad. Otros cargos elegidos ayer son los de José Manuel Marco Cos, nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Castellón; Cesáreo Miguel Monsalve, presidente de la de Albacete y Feliciano Trebolle, de la de Valladolid.
La gran mayoría de los nombramientos de altos cargos que ha efectuado este Consejo desde su constitución hace tres meses están registrando amplios respaldos entre los vocales de ambas sensibilidades por lo que no cabe hablar, al menos de momento, de que el grupo conservador, que cuenta con mayoría absoluta de votos, esté aplicando su rodillo, frente a lo que han denunciado fuentes del sector progresista. Según datos del Consejo, todos los nombramientos efectuados han sido por una mayoría superior a los 3/5, que es la que exigía para nombramientos de altos cargos la antigua ley que regula el Poder Judicial. Además, según el Consejo todos los nombramientos se han hecho en el plazo previsto y no ha habido bloqueos.
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