Francia tramita una reforma de su ley que copia el modelo aún vigente en España

El sistema español de justicia universal sirve de modelo en otros países, incluso después de que el anterior Gobierno ya la recortara notablemente en 2009, con acuerdo entre los dos grandes partidos. Antes, la actuación de la Justicia española era universal y tuvo una enorme repercusión en hechos cometidos en el exterior, como con la detención de Augusto Pinochet en Londres por orden del entonces juez Baltasar Garzón. Al tiempo provocó notables dolores de cabeza a los ejecutivos de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Mariano Rajoy, cuando afectaba a Estados con los que el España tenía relaciones de cualquier tipo.

Tras la poda de 2009, se convirtió en cuasi universal, pero el modelo español sigue siendo observado desde fuera. De hecho, desde agosto de 2013 se tramita en Francia una reforma legal para ampliar la capacidad de actuación de la Justicia fuera de sus fronteras. La reforma está ya en el Senado francés y tiene como referencia lo que se considera posición vanguardista de España. Cuando acabe ese trámite parlamentario y el de la reforma española, Francia pasará a estar por delante de nuestro país en la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad, genocidio y otros similares.

La actual ley francesa limita la actuación de la Justicia universal a casos en los que haya ciudadanos franceses como autores de delitos o como víctimas o cuando los responsables tengan residencia habitual en su territorio. Ahora, Francia cambiará su código penal para eliminar algunas de esas restricciones. Pese a las actuales limitaciones y a que Francia no tiene ni siquiera justicia cuasi universal, sí hay una división judicial que se encarga de investigar esos casos de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. A esa división, denominada AC5, hay asignados cuatro magistrados, un fiscal y ocho investigadores, todos ellos con dedicación exclusiva. En España se encargan los jueces de la Audiencia Nacional, pero sin dedicación única a esas causas. En sus actividades, esos jueces franceses incluyen la competencia de cooperación con el Tribunal Penal Internacional y, especialmente, en la investigación de matanzas en Ruanda.

Fuentes del Grupo Popular admitieron este lunes que desconocían el origen, el trámite previo y los efectos de la proposición que firma su portavoz, Alfonso Alonso. Se limitaron a asegurar que intenta adecuarse a tratados internacionales y busca “delimitar con claridad los delitos sobre los que hay competencia y los casos y condiciones precisos para que actúen los jueces españoles” si ya actúa el Tribunal Penal Internacional. Esas fuentes aseguraron desconocer a qué sumarios concretos afectará. Sobre le fórmula utilizada, que evita los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, respondieron que “se tramita con normalidad”. Pero es la primera vez en dos años que se usa ese cauce parlamentario.