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El fiscal pide que se declare nula la orden de detención de cinco dirigentes chinos

Mientras el Gobierno promueve su archivo del caso por genocidio del Tíbet, la justicia avanza a paso de tortuga para detener a los presuntos responsables

Jian Zemin (izquierda) y Li Peng en octubre de 1997. Ampliar foto
Jian Zemin (izquierda) y Li Peng en octubre de 1997.

Mientras el Gobierno se mueve a toda velocidad para promover el archivo del caso por el genocidio del Tíbet —a través de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso que puede entrar en vigor en solo dos meses— la justicia avanza a paso de tortuga.

Más de dos meses después de que, el pasado 18 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordase la detención de cinco miembros de la nomenclatura de Pekín (incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng), las correspondientes órdenes de busca y captura aún no han sido cursadas.

Se diría que las protestas del Gobierno chino, que convocó al embajador español en Pekín, Manuel Valencia, para expresarle su “fuerte malestar” y amenazó con represalias económicas (China es la primera potencia comercial del mundo y el segundo tenedor de deuda española en manos extranjeras, con un 20% del total), parecen haber surtido efecto.

El último retraso ha venido provocado por la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de presentar un incidente de nulidad contra el citado acuerdo del 18 de noviembre. De aceptarse este recurso, dejaría sin efecto la orden de detención de los dirigentes chinos. Alega el fiscal que no pueden dictarse dichas órdenes sin que se haya dictado un auto de prisión o procesamiento contra los cinco imputados.

El 8 de enero, el juez instructor, Ismael Moreno, ya había elevado una “consulta” a la Sala Cuarta en la que le instaba a acordar ella misma “la prisión, con la motivación exigida, de los querellados contra los cuales se interesa la expedición de órdenes internacionales de detención”.

Dos días después, la Sala Cuarta le devolvió la patata caliente al juez recordándole que “la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece en ninguno de sus artículos que el tribunal que resuelve los recursos de apelación sea competente para dictar autos de prisión y cursar las correspondientes órdenes de busca y captura”. En román paladino: que le tocaba hacerlo a él.

El peloteo entre el juez y la Sección Cuarta se explica porque el primero nunca ha sido partidario de instruir la causa (de hecho, intentó archivarla con el apoyo del fiscal) y, mucho menos, de imputar a los dirigentes del Partido Comunista Chino. Mientras, la sección presidida por la magistrada Ángela Murillo le ha obligado a una cosa y a la otra, atendiendo los recursos de las acusaciones particular y popular. Precisamente dichas acusaciones instaron hace ya varias semanas al juez a dictar “sin más demora” las órdenes de detención.

Tras el último desaire de la Sección Cuarta, Moreno ha reclamado a la Secretaría de Estado de Seguridad los datos identificativos y filiación completa de los cinco dirigentes chinos, en lo que sería un primer paso para dictar su busca y captura. Pero, con el incidente de nulidad promovido por el fiscal, su expedición podría retrasarse aún por un tiempo. El suficiente.

Poder e impunidad

Amnistía Internacional (AI) considera que la reforma del PP supone “un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos”, ya que “limita aún más la ya estrecha posibilidad de investigación de crímenes de derecho internacional en España para los casos en los que el presunto responsable sea español o, en algunos casos, la víctima fuese española en el momento de los hechos”.

Tras recordar que España fue pionera en el ejercicio de la jurisdicción universal, la organización defensora de los derechos humanos advierte de que con esta iniciativa, que se presenta justo cuando España aspira a convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, se “transmite el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad”.

AI anuncia que mantendrá contactos con los grupos parlamentarios “para exigir que cualquier restricción en la aplicación de la jurisdicción universal sea rechazada”.

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