La Abogacía del Estado recurrirá la excarcelación de Miguel Ricart

La Abogacía del Estado ha presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia el escrito en el que anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la decisión de excarcelación de Miguel Ricart, autor del triple crimen de Alcàsser, que salió el pasado viernes de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) tras la derogación de la doctrina Parot. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ya había anunciado esta mañana la decisión de la Abogacía del Estado, en una entrevista en TVE: "Estos violadores no rehabilitados, dada la personalidad que tienen, pueden cometer ese tipo de delitos. Hay localidades donde existe esa legítima alarma social", recalcó.

Se da la circunstancia de que desde que Ricart abandonó la prisión se especula con su posible llegada a Córdoba, lo que llevó al subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan José Primo Jurado, a anunciar que se extremarán "las medidas de vigilancia" ante la posibilidad de que realmente se traslade a tierras cordobesas.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia acordó el pasado viernes la puesta en libertad de Miguel Ricart, --que dejó la prisión a las 17.42 horas de ese mismo día--, al estimar que había superado "extensamente" el tiempo de su estancia en prisión.

La Abogacía del Estado, que ya aseguró entonces su intención de recurrir la excarcelación de Ricart, alega que el auto de puesta en libertad de Ricart no es conforme a derecho e infracción de precepto constitucional. Esta parte considera que se han infringido los artículos 69, 70 y 100 del Código Penal de 1973 en cuanto a la liquidación de la condena y como preceptos penales sustantivos y el 10.2 y 24 de la Constitución "en cuanto una indebida aplicación" al caso concreto y en relación al principio de previsibilidad de la pena y la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

A juicio de la Abogacía del Estado, el modo en que la Audiencia liquida la condena "supone dejar sin efecto la interpretación" que de estos preceptos del Código Penal resulta de la doctrina del Tribunal Supremo -sentencia de 28 de febrero de 2006-, "cuando lo cierto es que la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto del Río Prada [la etarra Inés del Río Prada] no considera dicha doctrina contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino únicamente que no cabe su aplicación retroactiva".

Por esta razón, la Abogacía del Estado considera que los beneficios penitenciarios causados con posterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo deben ser computados "conforme a este criterio".

Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, acusación popular el caso Alcàsser, apurará el plazo que acaba el lunes para presentar su recurso contra la puesta en libertad de Ricart. Este colectivo defensor de los derechos de las mujeres violadas y maltratadas se plantea impugnar también la providencia que decretó la “salida inmediata” del preso de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). La defensa de Rosa Folch, madre de la adolescente asesinada Desirée, se sumará a esta iniciativa, según la abogada de la Asociación Clara Campoamor Luisa Ramón.

“Es complicado que un recurso avance sin el respaldo de la Fiscalía”, explican fuentes jurídicas, que recuerdan que el ministerio público respaldó la salida de prisión en aplicación de la sentencia que anuló la doctrina Parot.

Ricart fue condenado en 1997 a 170 años por secuestro, violación y asesinato de las adolescentes Miriam García, Toñi Hernández y Desirée González en noviembre de 1992. Debió ser excarcelado en 2011 pero un año antes se le aplicó la doctrina Parot. Sus beneficios penitenciarios se computaron entonces sobre el total de la condena y se fijó su nueva fecha de salida en 2023. La derogación del polémico sistema de redención de penas el pasado octubre ha acelerado su libertad. El Rubio ha permanecido 20 años en prisión mientras sigue desaparecido el otro acusado del triple crimen, Antonio Anglés.