El PP rompe el consenso en seguridad vial

El Partido Popular ha provocado este jueves en el Congreso la ruptura del consenso que en los últimos años habían logrado alcanzar los partidos en los asuntos relacionados con la Seguridad Vial. La reforma de la nueva ley Tráfico ha chocado con el rechazo de toda la oposición, a pesar de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha incidido en que el texto es fruto del diálogo. Pero ese diálogo no ha resuelto las dos novedades más polémicas: el incremento de la velocidad a 130 kilómetros por hora en ciertos tramos de autopistas y autovías y la obligatoriedad de llevar el casco ciclista en ciudad para los menores de 18 años.

La nueva norma, que ahora será enviada al Senado y cuya aprobación está garantizada con la mayoría absoluta del Partido Popular, no implica que se pueda circular más rápido de forma inmediata, sino que se limita a recoger en el cuadro de velocidades la existencia de un nuevo límite, el de 130 kilómetros por hora, y las sanciones previstas para los excesos. Será el Reglamento General de Circulación, que será modificado posteriormente, el que establezca dónde subirá la velocidad.

La directora general de Tráfico, María Seguí, ya adelantó las condiciones: en ciertos tramos de autopistas y autovías, con índices contrastados de seguridad, y siempre que las condiciones meteorológicas y de circulación sean las idóneas. "La voluntad del Gobierno es mantener el límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 kilómetros por hora con carácter general", ha señalado este jueves Fernández. Aunque "excepcionalmente" y "bajo ciertas condiciones pudiera autorizarse temporalmente la circulación a 130", ha admitido.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el nuevo límite máximo no ha convencido ni a las asociaciones de víctimas ni a partidos políticos, que han recordado que todos los estudios científicos demuestran que los incrementos de velocidad aumentan el riesgo de accidente. País Vasco y Cataluña, las dos únicas comunidades autónomas con la competencia de Tráfico transferida, ya han anunciado que no aplicarán el incremento. La articulación de la norma prevista en el nuevo código de circulación –límite de 130 por hora cuando las condiciones sean las adecuadas- les concede un pequeño margen. La directora de Tráfico del Gobierno vasco, Garbiñe Sáez Molinuevo, ya explicó el pasado martes en el Congreso la dificultad de aumentar la velocidad en País Vasco “por la orografía y el clima”.

Pero circular a 130 kilómetros por hora tampoco ha convencido a los ciudadanos. Casi la mitad de los españoles rechazan el aumento, frente a un 37,2% que sí se muestra a favor, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre.

Si el aumento de velocidad ha generado polémica, aun mayor ha sido la controversia por la intención de Tráfico de imponer por ley el uso del casco ciclista en ciudad, hasta tal punto que María Seguí propuso debatir el asunto en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. De momento, la ley solo prevé que sea obligatorio para los menores de edad, aunque abre la puerta a que el código de circulación extienda su uso a todos los ciclistas.

PSOE, Izquierda Unida, CiU y PNV ya han mostrado su rechazo, al considerar que desincentiva el uso de la bicicleta. Mientras que el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, defendió la enmienda a la totalidad presentada por su partido por la imposición del casco, CiU prefiere que solo sea obligatorio para los menores de 16 años. El PSOE, podría llegar a “aceptar una franja de 15 años”, según el diputado Juan Carlos Corcuera, aunque ha expresado sus dudas de cómo sancionar a quienes no usen el casco. “¿No parece desproporcionado que un niño que usa una bicicleta en un parque y no lleve casco sea sancionable?”, se pregunta el socialista.

La oposición también ha coincidido en criticar el incremento de las multas por exceso de alcohol de 500 a mil euros. El diputado socialista Juan Carlos Corcuera ha tildado la medida de "populística y facilona, especialmente en las condiciones actuales". "Paga abogado, tasas judiciales y la propia sanción para poder recurrirla", ha señalado, al mismo tiempo que ha sugerido otras opciones como bajar los límites máximos permitidos. Por su parte, el diputado Jordi Jané, de CiU, ha considerado que el incremento es "indiscriminado" y "desproporcionado" y ha sugerido que la multa sea gradual, es decir, de mil euros para los excesos más altos, pero de una cantidad más pequeñas para quienes "por muy poco se pasan" de la tasa permitida.