Fabra mantiene un cargo público en el puerto de Castellón pese a la condena

Carlos Fabra no ve razones para dimitir de sus puestos como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón tras su condena de cuatro años de cárcel por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda entre 1999 y 2003. Ni tampoco considera que eso sea óbice para dejar la secretaría general de la Cámara de Comercio de Castellón, cargo que abandonó en 1975 para dedicarse a la política y en el que se recluyó tras dejar en 2011 la presidencia de la Diputación castellonense.

Fabra compareció ayer en rueda de prensa en el hotel Doña Lola. Allí dijo que “por supuesto” iba a continuar como secretario general y como miembro del consejo de administración del puerto. “Allí estoy por la Cámara y no por la Administración”, se defendió. Sin embargo, fuentes de la Autoridad Portuaria de Castellón aseguran que el consejo sí tiene una silla reservada a alguien propuesto por la institución empresarial y designado y aprobado por el Gobierno valenciano. “Es el Consell el que debería destituirle”, dijeron. El puerto aseguró que mientras la Generalitat valenciana no decida lo contrario, Fabra seguirá ocupando el puesto, que no tiene retribución pero por el que sí cobra unos 300 euros netos por reunión.

Desde el Gobierno valenciano aseguraron que se limitan a tramitar la petición que hace la Cámara de Comercio y que no tienen autoridad para destituir.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, exigió al presidente del Gobierno valenciano que “cese” con carácter inmediato a Carlos Fabra del consejo de administración del puerto y recalcó sentir “vergüenza” ante las manifestaciones del presidente de la Generalitat en las que asegura que “ya no tiene ningún cargo orgánico ni institucional”.

La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol también pidió a la Cámara de Comercio que retire a Fabra del consejo de administración del puerto. “Tendrán que ser los empresarios los que deberán decir si Carlos Fabra se ajusta a la imagen que quieren dar del empresariado castellonense y si el fraude fiscal tiene que ser una de las cartas de presentación de la Cámara de Comercio”, declaró. La diputada aseguró que “no es tolerable” que “un delincuente condenado ocupe un asiento en el máximo órgano de decisión del puerto. Supone denigrar a esta entidad”.

Si Fabra no encuentra motivos tras la condena a cárcel por defraudar a Hacienda para seguir en la Cámara de Comercio, tampoco los ve la presidenta de la institución, Dolores Guillamón, propietaria del hotel en el que compareció Fabra, que ayer le defendió durante un pleno ordinario que sirvió para refrendar su cargo. “Los delitos fiscales son un asunto que se refiere al ámbito de su economía particular, en una época en la que no trabajaba en la Cámara y que no ha afectado a la actividad de la misma”, dijo Guillamón nada más comenzar el pleno y advirtiendo de que “asume la relevancia de su imagen pública [la de Fabra]” en lo que pueda afectar a la institución. La presidenta hizo un respaldo sin fisuras. Recordó que Fabra tiene “la plaza en propiedad” y que el reglamento reconoce que el puesto de secretario general es “permanente e inamovible”, salvo destitución por ineptitud o falta grave en el ejercicio de sus funciones. Algo que ni la presidenta ni los empresarios ven.

Al pleno tan solo acudieron una quincena de los más de 60 miembros que pueden participar, y nadie utilizó el turno de ruegos y preguntas para hablar de la situación de quien ha asumido todo el protagonismo de la Cámara de Comercio desde que abandonó su cargo en la Diputación. Ni siquiera el presidente de la patronal castellonense, José Roca: “No entramos en ese tema, no es responsabilidad nuestra y la justicia ha dicho que no es incompatible con su puesto”. Según dijo, no es contraproducente que un condenado por cuatro fraudes fiscales asuma un puesto representativo del empresariado castellonense. Y tampoco que sea él quien se ha atribuido éxitos como lograr ayudas millonarias de la Generalitat valenciana. Nada más llegar a la Cámara, Fabra consiguió que el Consell destinara por primera vez dos millones de euros de su presupuesto a la institución. “El secretario general de la Cámara se sabe ganar los garbanzos”, dijo de sí mismo.

Fabra minimizó ayer su condena por cuatro delitos contra la Hacienda Pública reiterando su inocencia pese a la sentencia, que, como recordó en varias ocasiones, no es firme. El expolítico acudirá al Tribunal Supremo y, “si fuera necesario”, ante el Tribunal Constitucional para insistir en la prescripción de los cuatro delitos fiscales. Pero descartó la petición de indulto, como han hecho otros miembros del partido. “Mi equipo de defensa y nosotros mismos hemos luchado por defender nuestra inocencia, en la que seguimos creyendo firmemente, pero el tema no era fácil y no lo hemos conseguido momentáneamente”, dijo. Tampoco dejó pasar la oportunidad de volver a arremeter contra los delitos fiscales, a pesar de que los magistrados han respaldado su “completo, minucioso y detallado informe”. Para Fabra, una inspección que debió durar 365 días “duró 1.053”, y eso le perjudicó. Nada dijo, sin embargo, de los 20 recursos presentados por su defensa y que también la sentencia detalló como una de las causas de la dilación del proceso.

Fabra dijo sentirse “fuerte” tras soportar “diez años de infundios”, porque la sentencia ha puesto punto y final a una “etapa dolorosa” de su vida, en la que, admitió ayer, llegó a plantearse abandonar la política. No lo hizo hasta que el proceso estuvo ya muy avanzado y sin que nadie del PP le instara a abandonar la Diputación o la presidencia del partido a nivel provincial. “Después de leer la sentencia, quiero resaltar que manifiesta que mi actuación política fue correcta, no hubo corrupción, ni cohecho, ni tráfico de influencias”, dijo. Y añadió: “Nada enturbia, pues, esa etapa de mi vida política, que se caracterizó por un afán por ganar cotas de prosperidad para esta provincia”.

Una etapa política a la que dio el último portazo poco después de conocer la sentencia. A las diez de la mañana del lunes, remitió una nota a la secretaria general del PP de Castellón y consejera del Gobierno valenciano, Isabel Bonig, para comunicar su baja “dolorosa” como militante. “Son muchos años de militancia y muchas vivencias”, añadió.

Pero ayer le faltaron muchos de quienes le apoyaron a medida que avanzaba su proceso judicial. Nadie le respaldó con su presencia en la rueda de prensa. Ni recibió la llamada de Alberto Fabra, ni de Javier Moliner (su delfín en la Diputación de Castellón). Pese a ello, aseguró que había recibido más de 700 llamadas y correos y que sigue teniendo el “apoyo” de “mucha gente del partido”. En el comunicado que leyó, también recordó el “enorme apoyo recibido en cada una de las citas electorales” que han “refrendado” su trabajo. De hecho, recomendó a los votantes del PP que sigan confiando en él porque la condena no es firme y espera ganar el recurso. “En cualquier caso, digo que si a cualquiera de ustedes [en referencia a los periodistas] la inspección fiscal les hace más de cien inspecciones personales en un año, seguro que les encontrarán algo”.