Borrar las huellas del crimen

Todos los delincuentes procuran destruir las huellas del crimen. Lo sucedido con los ordenadores que manejaba el señor Bárcenas por cuenta del Partido Popular era un acontecimiento previsible que nunca debió suceder. Las anotaciones contables o informaciones sobre el manejo de fondos o cualquier otro dato no son documentos personales y privados. Ninguna ley ampara su destrucción. Todos sabíamos que el tesorero que los manejaba estaba imputado y que se trataba de un material de interés relevante para la investigación de los delitos que el juez trataba de averiguar.

Antes de tomar la decisión, alguien debió sopesar las consecuencias. Quizá lo hicieron pero las despreciaron. En el Código Penal existe un precepto que castiga con la pena de seis meses a tres años de prisión a aquel que conociendo la existencia de un hecho delictivo, en este caso público y notorio, procede a la destrucción, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito con la única finalidad de impedir o en todo caso dificultar su descubrimiento.

Me imagino que el juez tomará las medidas para averiguar lo sucedido y sacar las consecuencias oportunas. Espero que el Partido Popular, como organización política que actúa dentro de las pautas constitucionales y de la observancia de la ley, pondrá en marcha una investigación para determinar quién o quiénes fueron los autores de esta decisión delictiva.

No se puede jugar impunemente con la moral colectiva. Es imprescindible una depuración interna que facilite los datos necesarios para rescatar la muy deteriorada confianza que los ciudadanos tienen en la política y en los políticos. Las justificaciones que hemos escuchado degradan a los que defienden el encubrimiento delictivo y ofenden a los que se pretende convencer con argumentos embaucadores y burdas trampas dialécticas. Los ciudadanos debemos estar seriamente preocupados al observar las prácticas marrulleras que realizan algunos responsables del Partido Popular ignorando sus compromisos constitucionales.

Traspasar las barreras del Código Penal con una conducta tan nítidamente delictiva como la que se desprende de la destrucción de los discos de los ordenadores que manejaba el principal sospechoso de un escándalo que ha traspasado nuestras fronteras, es algo que no pueden soportar nuestro sistema democrático y la respetabilidad de nuestro país en el seno de la comunidad internacional y de sus instituciones. ¡Qué bochorno!

José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).