Maniobras al unísono

Los dos periódicos que acostumbran a difundir los informes policiales anónimos con datos no contrastados contra políticos, jueces, fiscales y periodistas catalanes, La Gaceta y El Mundo, informaron este miércoles de que EL PAÍS, diario que ha denunciado y criticado editorialmente estas prácticas policiales al margen de las investigaciones judiciales, protege al Gobierno de CiU en Cataluña debido a que hace cuatro años el grupo PRISA, su editor, vendió algunas de sus sedes a un grupo empresarial en el que participaba Oleguer Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol.

La venta de los edificios propiedad de PRISA a la empresa Longshore fue comunicada en julio de 2008 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y explicada a través de una nota de prensa a todos los medios de comunicación. Los tres inmuebles fueron vendidos por 300 millones de euros (con 227 millones de euros de plusvalía) a Longshore que, según aquella nota informativa, estaba participada al 50% por Drago Real Estate Partners y Royal Bank of Scotland. Como intermediario actuó la consultora inmobiliaria internacional CB Richard Ellis. Además de la venta, PRISA firmó con los nuevos dueños contratos de arrendamiento de esos inmuebles con una duración de 15 años prorrogables, algo habitual en este tipo de acuerdos.

La operación del grupo PRISA es similar a la que, también en 2008, hicieron otras grandes corporaciones. El Banco Santander, por ejemplo, vendió 1.152 oficinas a la aseguradora Pearl Group, cuyo principal accionista es Sun Capital, y a Drago Real Estate Partners, por 2.040 millones de euros, lo que le supuso unas plusvalías netas de 860 millones.

EL PAÍS reveló en julio pasado el escándalo que investigan los tribunales de justicia sobre la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña y que apunta a una grave corrupción en el seno del Gobierno catalán. En ese sumario, del que EL PAÍS informó de manera exhaustiva, uno de los principales sospechosos es Oriol Pujol, hijo del expresidente Pujol y número dos de Convergencia. En próximas semanas, la juez que instruye ese sumario deberá decidir si los indicios son suficientes para la imputación de Oriol Pujol.

Asimismo, dentro de la investigación judicial del caso Palau, EL PAÍS ofreció numerosas informaciones sobre las supuestas implicaciones del Gobierno catalán de CiU en la adjudicación de obras a la constructora Ferrovial a cambio de comisiones ilegales para ese partido. Muchas de esas informaciones, conocidas y difundidas hace cinco meses, han sido publicadas de nuevo en las últimas semanas por medios conservadores coincidiendo con las elecciones catalanas. Junto a los datos que obran en los sumarios de los casos Palau e ITV, algunos de esos medios publicaron otras acusaciones sin pruebas o con datos procedentes de anónimos.