“Con estas decisiones es normal que la desconfianza de los ciudadanos aumente”

“La ciudadanía se ha tenido que quedar perpleja al ver que un delito tan grave queda en una pena de multa y para la víctima ha tenido que ser una ofensa brutal”. José Luis Ramírez, juez de lo penal de Barcelona, es uno de los 200 magistrados que han firmado un documento para protestar por el indulto concedido el pasado viernes a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Entre los firmantes existe la convicción de que este tipo de decisiones provocan que aumente el descontento de los ciudadanos respecto a los poderes públicos.

Montserrat Comas, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, también ha apoyado el manifiesto. “Cuando se indulta a personas con proyección pública, o que por su profesión tienen esa proyección pública y en el ejercicio del cargo comenten un delito, sobre todo el peor y más grave que puede cometer un policía, que es torturar, es normal que se cree desafección”, apunta. “Se da la sensación de que el Estado acaba perdonándose a sí mismo y eso incrementa la desconfianza de los ciudadanos”, coincide Joaquím Bosch, magistrado del juzgado mixto 1 de Moncada y portavoz de Jueces para la Democracia. “Ven como hay condenados que cumplen sus condenas y otros, por su proximidad a instancias del poder político, no las cumplen, además en temas tan graves como las torturas por parte de agentes policiales. Se da una imagen de impunidad selectiva”, continúa.

El texto hecho público hoy recoge además que la decisión adoptada por el Ejecutivo supone “un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía”. “Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial”, añade.

Para la víctima ha tenido que ser una ofensa brutal”, afirma el juez José Luis Ramírez

Comas resume su rechazo en tres aspectos: “Se trata de un delito de torturas, no de lesiones; afecta a mossos, que al igual que a otros poderes del Estado se les debe exigir un plus de buena conducta, y se han dictado dos indultos, algo absolutamente inusual”. En febrero, el Gobierno otorgó la medida de gracia a los cuatro condenados, rebajándoles la pena a dos años de prisión. Normalmente, si el reo no tiene antecedentes, como es el caso, se suspende la ejecución. En esta ocasión sin embargo la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el ingreso en prisión, alegando “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”. Ante esa decisión, el viernes el Consejo de Ministros decidió conmutar esa pena por una multa de 7.200 euros.

Los jueces consultados también critican que el Gobierno no tenga que motivar los indultos que otorga, hecho que puede llevar a incurrir en arbitrariedades. “Aunque la ley no exija la motivación, cualquier acto de un poder público en una sociedad democrática debe ir revestido de la suficiente información para que el ciudadano conozca cuáles son las razones que han llevado a tomar una u otra decisión”, plantea José Luis Ramírez. Joaquím Bosch añade: “El Gobierno, sin la menor explicación, acaba convirtiéndose en la última instancia que usurpa las funciones del Poder Judicial”.

Estos magistrados defienden la existencia del indulto pero consideran que la ley que lo regula debería ser modificada. Montserrat Comas aboga por concretar los supuestos en los que se otorgue. Ella cita casos como el de personas que por retrasos de la Administración acaben ingresando en prisión años después de la comisión del delito, personas que solo delinquieron una vez y ya se han reinsertado en la sociedad, o personas drogadictas que cometieron más de un delito en determinada etapa de su vida pero que se circunscriben a los años en los que la droga explica por qué delinquieron y después han rehecho su vida.

En línea similar, Rodríguez defiende que sea el tribunal que sentencia el que, "en casos concretos y excepcionales", pueda dejar sin efecto la ejecución de la pena. “Si no obstante se entiende que debe ser una competencia del Consejo de Ministros, por lo menos debería establecerse primero, una obligación de motivación y en segundo lugar, una serie de criterios y de excepciones, como por ejemplo los delitos de torturas. Es un contrasentido que con tantas condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahora otorguemos el indulto en estos supuestos”.