Una treintena de juristas aboga por la “unidad jurídica de España”

Treinta y seis abogados han firmado un documento que lleva por título Declaración por la Unidad Jurídica de España. Con este texto, elaborado ante el debate de la independencia de Cataluña, pretenden expresar su preocupación “estrictamente jurídica ante la intención de algunos líderes políticos de desvincularse del marco constitucional”.

“Toda vía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico supone un ataque a la democracia, porque la democracia no es solo el Gobierno del pueblo sino la garantía de la primacía de la ley y del Estado de derecho”, señalan. Estos juristas afirman que “vulnerar la Constitución y las leyes en nombre de la democracia supone un acto de demagogia que produciría una grave inseguridad jurídica y la quiebra, por su politización, de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En su escrito, estos abogados proponen “promover que los legítimos deseos y aspiraciones democráticas se canalicen con estricto respeto al ordenamiento jurídico”. Reconocen que ese ordenamiento “no es inmutable”, pero destacan que su reforma requiere seguir los procedimientos previstos. “Situarse por encima [de ese ordenamiento] supone una amenaza al Estado de derecho y a las libertades que este garantiza, así como una lesión a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, se viva en la comunidad autónoma que se viva”.

El grupo firmante comenta que sus razonamientos se basan en diferentes aspectos: "los principios constitucionales del Estado de derecho; la unidad jurídica de España como garantía de la igualdad de derechos; el derecho mismo de los ciudadanos a plantear vías jurídicas para la solución de conflictos o instar a la modificación de leyes, y el deber de todos los líderes políticos y sociales de dar ejemplo de respeto al Estado de Derecho en sus comportamientos y declaraciones".

Los firmantes de la declaración, encabezados por Javier Cremades, Juan Antonio Sagardoy, Rafael de Mendizábal, José María Alonso, Joaquín de Fuentes, Gaspar Ariño, Maite Díez Vergara, Ramón Pelayo o Álvaro Rodríguez Bereijo, animan a sus compañeros y juristas españoles a adherirse al texto.