Cómo el PP arruinó Canal 9

El entonces presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, del PP, declaró en mayo de 1996 en una entrevista que “la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas”. También formuló un deseo: “Es más, quiero privatizarla en cuanto se apruebe la ley correspondiente”. No lo consiguió, aunque parece ser que su objetivo se va a cumplir 16 años después, ya que el ahora presidente Alberto Fabra ha decidido que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) externalice prácticamente toda su producción.

El propósito de Zaplana de controlar Canal 9 y laminar a aquella plantilla pretendidamente hostil lo consiguió el PP con la estrategia de duplicar la cifra de empleados y el gasto sin control. El resultado es la ruina de la televisión valenciana, con una deuda de 1.309 millones. Dinero a espuertas y recursos humanos generosos (pero infrautilizados) no han impedido que la audiencia haya caído al 4,2%. Los abocados a pagar aquel banquete serán los 1.295 trabajadores que se irán a la calle, el 76% de la plantilla.

El periodista José Manuel Alcañiz, que tras años de trabajar en prensa y televisión aprobó con el número 1 la oposición con la que Canal 9 contrató en 1989 a sus primeros 32 periodistas, fue director de informativos de fin de semana los primeros años. Luego, ha sido víctima del ostracismo impuesto y testigo durante 16 años del despilfarro. “A mí me pusieron a hacer desfiles de moda, todos los periodistas fuimos apartados”, explica Alcañiz, “y a todos los que ficharon a dedo con contratos de lanzamiento de primera actividad por la creación de Punt 2 los pasaron a la primera”.

La depuración de los profesionales disparó la plantilla. De 650 trabajadores en 1995 se pasó a 1.800 en 2010. La deuda siguió un camino peor: pasó de 30 millones en 1995 a 1.309 al final de 2011. Se ha multiplicado por 40. La agonía ha sido larga desde entonces.

Con una masa salarial insoportable, una deuda disparada y una audiencia por los suelos, el expediente de regulación de empleo (ERE) resultaba inevitable. El actual director general de RTVV, José López Jaraba, que llegó al cargo de la mano de Francisco Camps, no ha querido explicar a EL PAÍS cómo se va a realizar el despido de 1.295 trabajadores, cuál va a ser el criterio por el que continuarán 400 ni cómo será el proceso de externalización por el que se irán a la calle 127 cámaras que trabajan en televisión, y todos los técnicos de sonido de Ràdio 9. López Jaraba se remite al comunicado oficial, en el que se asegura que “la medida obedece a la imposibilidad de soportar financieramente la actual estructura empresarial”. Es quizá la forma de reconocer el fracaso en la gestión.

El ente público nació en 1989, con “la promoción y protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana” como principal cometido. Juli Esteve, coordinador de los servicios informativos desde la inauguración hasta la llegada del PP, asegura que fue importante ver, como símbolo, a alguien informando en valenciano con la Casa Blanca de fondo. Y cree que “había normalidad informativa”, puesto que se podía dar noticias sin problemas sobre los GAL o sobre Roldán, entonces las bestias negras para el PSOE.

Recuerda que, en unos años en los que RTVV no estaba autorizada a endeudarse (lo hizo ya con el PP), “se llevaba mucho cuidado en la gestión del dinero, porque era público”. Incluso explica que en la Guerra del Golfo apostaron por enviar durante tres meses equipos a cinco países. Se sintieron orgullosos pero costó 300 millones de pesetas (menos de dos millones de euros) y casi les pareció un derroche.

Al parecer, Amadeu Fabregat, director en tiempos del presidente socialista Joan Lerma, dejaba hacer. Aunque el modelo que implantó, en el que solo algunas películas se doblaban al valenciano, y se emitieron programas de entretenimiento de cuestionable estética, también recibió sus críticas.

Un trabajador que prefiere no dar su nombre cuenta que ya antes de ganar el PP, en la campaña electoral de 1995, comenzó el acoso: Zaplana exigía que los únicos actos de su partido fueran los suyos como candidato autonómico: “Se cogió un cabreo enorme cuando salió un acto de Rita Barberá”. Y añade que incluso se exigió que las cámaras solo recogiesen su perfil bueno, medida que ya como presidente fue norma en la casa, hecho denunciado por el Comité de Redacción. Ya con el PP en el poder, “Canal 9 se convirtió en una extensión del gabinete de Presidencia”, explica Alcañiz. Y los costes empezaron a dispararse. La Sindicatura de Comptes cuestionó los precios pagados por derechos deportivos, con los que se perdía dinero año tras año. A través de RTVV se ha llegado, incluso, a financiar los clubes de fútbol valencianos, a los que se dio el doble de dinero de lo que costaban en el mercado sus derechos de retransmisión.

Cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003 apenas cambió nada. En su lucha con los zaplanistas, nombró personas de su confianza y puso en 2004 en la dirección de RTVV a Pedro García, que fue secretario autonómico de Comunicación con Zaplana pero mudó al campismo sin dificultad. El trasvase de personas del Consell a RTVV fue frecuente. Sucedió con directivos como Jesús Sánchez Carrascosa, Pedro García y Nuria Romeral, la actual directora de Ràdio 9. Pero también ocurrió en sentido contrario, como con Lola Johnson, que de directora de Canal 9 pasó a ser consejera de Cultura y hasta fue portavoz del Consell. Movimientos que son un indicador del control ejercido a distancia durante 16 años desde la presidencia de la Generalitat.

En tiempos de Camps, los informativos se convirtieron en el escaparate idílico de una Comunidad Valenciana pionera en casi todo y en el azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el derogado trasvase del Ebro como principal ariete. Era difícil que saliera la oposición en los informativos, y casi nunca se informaba de los casos de corrupción que afectaban al PP. De hecho, alguien que solo viera Notìcies 9 prácticamente no se hubiera enterado de la imputación de Camps por su relación con la trama Gürtel hasta que un jurado popular le absolvió del delito de cohecho impropio.

Mientras, los sindicatos apuntan que el desprestigio y la ruina económica han sido buscados: la excusa perfecta para la privatización. El presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, asegura que los 54 millones de euros que RTVV quiere ahorrarse con los despidos se lo gastarán “a través de productoras, que contratarán a trabajadores precarizados, y la diferencia se la llevarán empresas privadas, amigos del PP”.