El Congreso avala el pacto del PP y del PSOE para elegir cargos institucionales

Todo es diferente en esta legislatura en la que la crisis económica y las medidas del Gobierno lo llenan todo, y sin consenso, salvo la liturgia en la elección de los órganos constitucionales que consiste en que los dos partidos mayoritarios aparcan momentáneamente sus diferencias para pactar los nombres de los representantes en estas altas instancias del Estado. Los pactos han permitido sin apuros que todos los aspirantes alcancen los tres quintos de los votos que son necesarios para su elección. El desbloqueo de la elección para cubrir vacantes, paralizado durante años en algunos casos, se produjo por la voluntad de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, después de dos conversaciones privadas.

El acuerdo se ha plasmado en el Congreso y tendrá su continuación en el Senado hoy mismo cuando la Cámara Alta vote la candidatura de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo. El Congreso ha avalado el pacto para que Becerril sea Defensora del Pueblo, y esta, a su vez, de inmediato nombrará al socialista Francisco Fernández Marugán, como adjunto primero de esta institución. La exdiputada del PP y excaldesa de Sevilla ha obtenido 264 votos a favor y 40 en blanco; CiU está entre los que votaron a favor. El grupo que lidera en el Congreso Josep Antoni Duran Lleida también ha unido sus votos al PP y al PSOE para elegir a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional al haber participado en la propuesta de nombres. La catalana Encarnación Roca, propuesta por el PSC pero con el apoyo de CiU, ha sido la más votada de los cuatro con 289 votos emitidos de forma secreta al utilizarse papeleta y urna. Por el mismo procedimiento se votó a los seis representantes del Tribunal de Cuentas que corresponden al Congreso y mañana se elegirán a los otros seis consejeros que completan la elección del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. En este caso, CiU se ha abstenido.

Las votaciones no han sorprendido porque cada grupo mostró su parecer la pasada semana cuando pasaron por la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso los aspirantes a ser miembros del Tribunal Constitucional. PP, PSOE y CiU anunciaron su voto favorable a cada uno de ellos; en tanto que UPyD les anticipó su voto en contra. Los representantes de los grupos pequeños no asistieron para mostrar su disconformidad por haber sido excluidos de la negociación. Aunque CiU ha participado de parte del acuerdo sí ha criticado la tardanza en la renovación que ha tachado de “escandalosa”. Frente a las críticas de José Luis Centella de IU, de Rosa Díez de UPyD y Aitor Esteban del PNV, por el reparto a dos, los representantes del PP y del PSOE han defendido el acuerdo. “Ustedes han perdido las vergüenza y al reparto de la tarta lo llaman pacto de Estado”, clamó Rosa Díez.

No entró el socialista Ramón Jáuregui y tampoco el popular Ramón Gómez de la Serna a discutir sobre su acuerdo a dos sino que ensalzaron la valía de las personas elegidas. “Lo importante es que se va a cumplir con la obligación de poner en los órganos constitucionales a las personas que representan a la mayoría de la Cámara", ha dicho Jáuregui, al tiempo de criticar “el politiquerío y el catastrofismo”. En el mismo bando se colocó el representante del grupo popular que echó mano de los números: los elegidos tienen el apoyo de los tres quintos de las Cámara. “Deslegitimar los nombramientos es inoportuno y demagógico porque los elegidos son fruto del consenso democrático y tienen toda la legitimidad”, defendió De la Serna. Estos argumentos, de las mayorías y de las minorías, volverán a escucharse en las próximas renovaciones de órganos constitucionales.