Estabilidad forzada

El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado en el último Consejo de Ministros pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas de todas las administraciones públicas, y se presenta como el desarrollo legislativo de la reforma de la Constitución aprobada el pasado verano. Significa la aplicación de un rigor adicional al sugerido por la Unión Europea. Será a partir de 2020 cuando entren en vigor las nuevas restricciones sobre los presupuestos de las comunidades autónomas y Ayuntamientos, fundamentalmente. Un sistema de actuaciones, algunas de ellas sancionadoras, pesarán sobre aquellas administraciones que incumplan sus compromisos de déficit. La máxima y más emblemática de las represalias será la exigencia de un depósito equivalente al 0,2% de su PIB nominal.

Esos términos significan la ruptura del acuerdo con el PSOE alcanzado en agosto pasado: un déficit estructural máximo a partir de 2020 del 0,4%, una décima por debajo del exigido por la UE. Ahora el Gobierno del PP solo tolerará ese 0,4% en situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria), exigiendo la ausencia de déficit en condiciones normales. No es esta ruptura del consenso la única objeción a esta propuesta del Gobierno. En ella también subyace una doble pretensión: la de reducir el tamaño y margen de actuación de las políticas públicas y la de agradar a los mercados financieros y a la canciller alemana. Es probable que esta última aporte réditos circunstanciales que se pondrían entrever hoy mismo en el primer Consejo Europeo al que asiste Mariano Rajoy. Pero la primera es inconsistente con la realidad.

Como ha tenido ocasión de verificar el propio ministro de Economía en el Foro de Davos, los inversores en bonos empiezan a preocuparse más por las posibilidades de crecimiento que por la obcecación en aparentar un rigor presupuestario inalcanzable sin una suficiente expansión de la demanda y con tasas de desempleo del 23%. Ese sacrificio del crecimiento y del empleo es la razón de la alarma con la que se contempla la inmediata recesión de la eurozona desde otras economías avanzadas.

Lo peor es que las autoridades españolas se empeñen en transmitir que con esa sobreactuación ejemplar se garantiza el bienestar de los ciudadanos. Asumiendo como necesario el cumplimiento de los compromisos comunitarios, es preciso que los esfuerzos del Gobierno se encaminen no tanto a la reducción adicional del margen de maniobra presupuestaria, como a hacer valer ante sus homólogos europeos que desde mayo de 2010 se vienen definiendo políticas orientadas al rigor fiscal.

No menos importante es que el Gobierno tome en consideración que asuntos de esa trascendencia deben reunir el máximo acuerdo y ser objeto del suficiente debate en el seno de instituciones hoy debilitadas, como el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera.