Gallardón anuncia un giro conservador
Subirá las tasas y depósitos para recurrir a la segunda instancia Estudiará una instauración de la prisión permanente revisable Defiende que los padres autoricen el aborto entre 16 y 17 años
En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si Alberto Ruiz-Gallardón lleva a cabo el programa de Justicia que expuso este miércoles ante el Congreso en su estreno parlamentario como ministro, acabará la legislatura como uno de los miembros del Gobierno más activos. No defraudará las expectativas de estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tendrá para ello que desplegar todas sus habilidades si quiere estar acompañado más allá de la mayoría absoluta suficiente del PP y convertir las llamadas al consenso en realidad, porque ayer prácticamente solo escuchó rechazo a sus propuestas.
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Si mantiene sus propuestas y no renuncia a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. Su plan supone un ambicioso plan de reformas, como corresponde a un ministro debutante, pero también un giro conservador, un retorno al pasado y una vuelta a normas de los años 80. Por ejemplo, en la regulación del aborto para volver a la de entonces, previa a la ley de plazos, y también para recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso se vuelve a los 80 cuando la Ley del Aborto se hacía con tratamiento penal desde el Ministerio de Justicia y sobre las vacantes se anuncia lo que no intentó José María Aznar, ni siquiera cuando gobernó con mayoría absoluta.
Anuncia el cambio de la Ley del Aborto para volver a un modelo similar al de 1985
Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una “involución”, para Emilio Olabarría (PNV) “inconstitucional” y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como “un elefante en una cacharrería”.
Si aplica su plan acabará la legislatura como el ministro que implantó algo parecido a la cadena perpetua (reclusión revisable, lo llamó Gallardón) y como el responsable político que aplicó algo parecido a un sistema de copago en la justicia, es decir, lo que el PP ha rechazado para otros servicios públicos como la sanidad. Se busca disuadir con tasas elevadas de lo que el ministro llamó el “abuso” ciudadano que ha terminado por provocar, según él, un atasco judicial. Es el primer servicio público al que el Gobierno del PP le aplica el final de la gratuidad, porque en este momento hay unas tasas casi simbólicas (50 euros para un recurso) que él se propone revisar, es decir, elevar.
Gallardón, que rechazó la palabra copago, explicó que la “gratuidad desincentiva otras fórmulas de arreglo” y se ha producido un “consumo no racional”. Por eso, será exigible la tasa para recurrir en segunda instancia en todas las jurisdicciones salvo la penal. Por ejemplo, no podrá recurrirse un despido confirmado en primera instancia si no se paga esa tasa disuasoria. Con la reclusión revisable, Gallardón cumple el programa electoral de su partido y da satisfacción a los sectores más conservadores que han defendido siempre esa medida, frente a los titubeos del PP en los últimos años y el rechazo en llevarlo a la práctica en la etapa de Aznar. Por lo que escuchó ayer en la comisión, también será casi imposible tener consenso para esta reforma legal, lo que supondría también la vuelta a los años 80 en la ruptura de los amplios acuerdos para reformas los sistemas de penas.
El PP pactó con el PSOE en las últimas legislaturas el cumplimiento efectivo de 40 años, no revisables, para delitos muy graves y medidas de vigilancia posterior como pulseras de control. La cadena perpetua quebraría ese consenso penal y llevaría la falta de acuerdo a los años 80, además de ser más laxo que el modelo actual, porque haría las condenas revisables a los 20 años.
El plan expuesto ayer por Gallardón también retrotrae la justicia en la aplicación de la Ley del Menor, que en la etapa de Aznar se le dio un tratamiento penal más favorable y diferenciado de la de los mayores de edad, aunque haya sufrido sucesivas modificaciones para endurecer la norma que hizo la entonces ministra Margarita Mariscal de Gante. No anticipó cómo será la reforma, pero sí que la implicación de un menor arrastrará todo el proceso en una sola causa, al hilo de sucesos recientes de gran impacto social.
En lo único que no volvió a los 80 es en la ley de matrimonios homosexuales, que ni mencionó y, por tanto, no habló de su derogación. No disipó las dudas sobre el futuro de la norma.
Las reformas que vienen
Subida de tasas. El Gobierno subirá —el ministro de Justicia no dijo cuánto— las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia. Desde 2003, en algunos procedimientos, quien decide elevar a una instancia superior una sentencia con la que no está de acuerdo paga una tasa de entre 90 y 600 euros; además, desde 2009, para recurrir hay que entregar un depósito de hasta 50 euros que solo se devuelve si el recurso se gana. El Gobierno elevará la cuantía de tasas y depósitos —salvo en el ámbito penal— para frenar el "abuso", el "exceso de litigiosidad actual", dijo Alberto Ruiz-Gallardón (hay unos 130.000 recursos no penales al año y el 80% se pierde, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial). Estarán exentos los ciudadanos con menos renta, como ahora. Las tasas que también se pagan en primera instancia no se tocarán.
Restricción de la justicia gratuita. Las personas con menos recursos económicos seguirán teniendo derecho a un abogado de oficio, pero los requisitos se endurecerán, exigiendo por ejemplo que esa falta de recursos se acredite mejor, y revisándola en cada fase del procedimiento si este se alarga.
Ley del Aborto. Ruiz-Gallardón fue muy claro: la Ley del Aborto de 2010 se va a reformar. Pero el único cambio concreto que planteó fue el que afecta a las chicas de 16 y 17 años: tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir el embarazo. El resto de la reforma no lo reveló —apeló únicamente a "la doctrina del Tribunal Constitucional"—, aunque todo parece indicar que el Gobierno recuperará en esencia el modelo de 1985, eliminando el sistema de plazos que en 2010 convirtió el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP tiene recurrido ese aspecto de la ley —y el de las menores— ante el Constitucional. Ruiz-Gallardón no aclaró si esperará o no a conocer la sentencia para poner en marcha la reforma legislativa.
Cadena permanente revisable. El ministro confirmó lo que ya anunciara el PP en campaña electoral: se reformará el Código Penal para introducir la "cadena permanente revisable" en ciertos delitos. Ruiz-Gallardón subrayó que se aplicará solo a "supuestos muy restrictivos" y a casos "que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social", pero no detalló cuáles. La cadena perpetua revisable —aunque el ministro insistió en que no es "perpetua" sino "permanente"— existe ya en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia. Consiste en una pena de prisión perpetua que, pasados unos años —el plazo varía en cada país— es revisada: si el preso tiene pronóstico favorable de reinserción puede acceder a la libertad; si no, sigue en prisión. En la práctica, en esos países difícilmente alguien pasa más de 30 años en la cárcel, algo que sí puede ocurrir en España: la pena máxima para los delitos más graves es de 40 años y existe el cumplimiento íntegro de condena.
Ley del Menor. Con la Ley del Menor, Ruiz-Gallardón también fue ambiguo: dejó caer que la reformará —"Hay una sensación de que la ley no da respuesta suficiente a muchos problemas que se plantean en nuestra sociedad", afirmó— pero no precisó en qué dirección ni hasta qué punto, aunque se entiende que será endurecida. Sí anunció una modificación legal para que, en los delitos en los que haya adultos y menores implicados, todos sean juzgados a la vez, por la misma sala. Eso no cambiaría los "derechos" de los menores —a ellos se les seguiría aplicando la Ley del Menor— pero sí evitaría que jueces distintos dictaran sentencias muy diferentes sobre el mismo hecho, como ha ocurrido en el caso Marta del Castillo.
Reincidencia. El ministerio revisará el tratamiento de la multirreincidencia en los casos de robos que ahora no son considerados delito, sino falta, porque no superan los 400 euros. Se promoverá la creación de un registro de faltas, para que la policía de toda España pueda cruzar los datos, y se estudiará que esas faltas pasen a ser delitos en ciertos casos.
Gobierno de los jueces. Ruiz-Gallardón ratificó lo que ya adelantara el martes Soraya Sáenz de Santamaría: un cambio en Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a 12 de los 20 vocales.
