El TSJA apoya a la juez Alaya tras las críticas de Griñán

El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) respaldó ayer a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, tras las críticas que la semana pasada dirigió contra ella el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Este censuró a la magistrada por recoger en sus autos “lo que dice” el PP. Ayer el pleno de la Sala de Gobierno del TSJA expresó su “preocupación y rechazo por las manifestaciones de responsables políticos (...) donde se pone en entredicho la imparcialidad en el trabajo jurisdiccional de la magistrada Mercedes Alaya”.

Los magistrados del alto tribunal arroparon a su compañera y recordaron la lógica procesal: “La discrepancia con las resoluciones judiciales se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos y asumiendo que la crítica de tales resoluciones no solo es admisible, sino natural y necesaria en un Estado de Derecho”. Las críticas de Griñán, que acusó al PP de “estar manipulando”, de “engañar” y de “jugar” con la juez Alaya, es el último capítulo de un prolongado enfrentamiento entre el Ejecutivo y la instructora en este caso.

En la pasada campaña electoral Alfonso Guerra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, aseguró que hay una “relación incluso fuerte, personal” entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. En esta ocasión el Consejo de Gobierno del Poder Judicial (CGPJ) censuró a Guerra por unas declaraciones que “no resultan de recibo” al invadir la “esfera personal mediante descalificaciones” y con “insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer” de la juez.

Denuncia del PP

Mientras, el PP denunció ayer que algunos de los acuerdos en los que el Consejo de Gobierno de la Junta ratificaba ayudas del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones, no aparecían después publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, mostró un acta de un consejo rector de la Agencia Idea con una “subvención excepcional” de 3,8 millones para la empresa Anovo Comlink y que no fue publicada en el BOJA. “¿Es que hay una parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno que eran secretos? ¿Hay una parte que no interesaba que se enterara la ciudadanía?”, interrogó.