Somos ciudadanos ¡digamos no!

Una Constitución democrática se asienta sobre un pilar básico: la soberanía reside en el pueblo y este se conforma por ciudadanos libres e iguales ante la ley. Lamentablemente, tenemos que acudir a estos elementales principios después de 32 años de vigencia de un texto salido de unos tiempos irrepetibles y, por ello, necesariamente mejorables para adaptarse a nuevas realidades.

Somos muchos los que, desde diferentes perspectivas ideológicas, pensamos que se debe acometer una reforma constitucional. Son varios los cambios necesarios exigidos por una nueva base social en continua y acelerada evolución. Ahora bien, nadie puede dudar de la necesidad de realizarla desde la más pura adaptación a las previsiones y principios inalterables de las reglas del juego democrático. Es decir, respetando escrupulosamente el camino que debe seguir una decisión como la que se nos propone que va más allá de un simple ajuste presupuestario. La Constitución de 1978 se aprobó por referéndum y cualquier modificación sustancial que afecte a derechos fundamentales debe seguir el mismo trámite.

Hay que ser un irresponsable político para mantener que la fijación por norma constitucional de un déficit presupuestario no afecta a derechos tan fundamentales como la salud, la educación y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos como meta irrenunciable en una sociedad soberana, equilibrada y libre de presiones externas intolerables. Mucho más inadmisible, cuando, según los dos líderes, que se han puesto de acuerdo en medio de un perenne estado de discordia, la reforma es necesaria para ganarse la confianza de los mercados. Que yo sepa, los mercados no tienen ni alma ni cuerpo, pero nos hemos dado cuenta de que los manejan unos delincuentes que, de momento, están siendo perseguidos infructuosamente en tribunales penales de diferentes países.

Según los expertos, la crisis viene de atrás y va para largo. En pleno verano y con las Cortes Generales de vacaciones, los líderes de los dos partidos políticos con mayor representación parlamentaria han decidido, de igual modo que ordenaron quién tenía que ser el presidente del Tribunal Supremo, que la receta milagrosa para crear empleo y generar confianza en los especuladores es importar la fórmula alemana que estableció en su Constitución un límite al déficit público. Desgraciadamente, no podemos trasplantar a nuestra cruda realidad la estructura económica de una sociedad líder en patentes y en tejido industrial y con una potencia exportadora inalcanzable para nuestra crónica deficiencia creativa.

Si me garantizan que copiando el texto alemán España va a convertirse en una potencia industrial no dudaría en dar mi aprobación. No creo que nadie tenga la osadía de sostener que el único camino para incorporamos a la investigación e innovación pasa por ponerle un corsé a los presupuestos del Estado.

La modificación se ha propuesto súbitamente, es decir, de forma alevosa en lenguaje jurídico y además va seguida de una catarata de amenazas oscuras, mezcladas con vaciedades, para atemorizar al ciudadano que contempla inerme cómo la crisis tiene una nueva cara cada día.

Ha llegado el momento de ejercitar nuestra dignidad y decir no. No al procedimiento, grosero en las formas y absolutamente inane en su contenido. Si no fuera por su intrínseca perversidad, pensaríamos que nuestros gobernantes se han abrazado a la tierna ingenuidad de nuestros constituyentes de 1812 que recordaron a sus conciudadanos que debían ser justos y benéficos.

Si se consuma lo que parece irremediable, me atrevería a suplicar a los autócratas que incluyan un pasaje en el que se recuerde a los gestores públicos que no deben ser derrochadores, populistas, irresponsables, vulgares y aprovechados. Quizá con estas admoniciones se conseguiría el ansiado, por algunos, déficit cero. Es decir, nada de nada, calor para unos pocos y frío para la inmensa mayoría.

¿Podrían explicarnos los sabios de turno cuál sería el papel del Tribunal Constitucional en el marco institucional del Estado? Si sigue siendo el supremo intérprete del texto constitucional tendrá en sus manos el dilema de interferirse de forma inevitable, incurriendo en un peligroso activismo judicial, en el gobierno económico de los ciudadanos.

Los que contemplamos indignados el espectáculo de la elección de sus magistrados empezamos a preocuparnos seriamente por el panorama que se nos avecina. No solo habrá bloqueos, propuestas disparatadas o puro filibusterismo, puede haber víctimas. La lucha por colocar a los adeptos será feroz. La muerte del Tribunal Constitucional será irreversible. Es posible que sea esta una de las metas que se persigue.

No nos pueden despojar impunemente de nuestra dignidad. La perderíamos si no nos opusiéramos, serena y firmemente, a esta iniciativa impuesta por unos gobernantes que han abjurado de sus responsabilidades con los ciudadanos que los han elegido.

Querido Raimon, nunca me imaginé que pasados los tiempos de la oposición a la dictadura me iba a salir del alma como un grito rebelde tu maravillosa e inolvidable consigna ¡Diguem No! ¿No habrá 35 diputados o 26 senadores capaces de velar por la dignidad institucional?

A nosotros, los ciudadanos, nos ha llegado el momento de movilizarnos para restituir a este país su dignidad perdida en el templo de los mercaderes. El referéndum no es de izquierdas ni de derechas, es una forma de expresarnos con libertad y proclamar nuestra dignidad.

José Antonio Martín Pallín es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).