Lluvia de críticas en la ejecutiva del PSC a la reforma de Zapatero

El desenlace fue el esperado. La ejecutiva del Partit dels Socialistes (PSC) aprobó ayer secundar la reforma de la Constitución tras un intenso debate de cuatro horas en el que le llovieron las críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el fondo y la forma cómo ha planteado modificar la Carta Magna. El PSC cuenta con 25 diputados en el Congreso y su papel era crucial para saber si se podía forzar la convocatoria de un referéndum porque 35 firmas bastarían. Con su decisión, la modificación está garantizada.

“Ha sido un largo, interesante y profundo debate”, acertó a decir el portavoz del PSC, Miquel Iceta, para definir la sesión en la que el primer secretario y expresidente de la Generalitat, José Montilla, explicó que el cambio no le entusiasmaba, pero que lo defendía por responsabilidad y como mal menor. De los 40 miembros de la ejecutiva, solo cuatro apoyaron incondicionalmente la reforma. Fueron el diputado en el Congreso Daniel Fernández; el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel; el diputado autonómico Joan Ferran y Josep Maria Sala, miembro también del comité federal del PSOE. Con más o menos intensidad, el resto vertieron críticas. Tanto es así, que Montilla e Iceta viajaron luego a Madrid con la propuesta de contrarrestar la reforma a través de tres ejes: aumento de la presión fiscal para las rentas más altas; ley de financiación para los Ayuntamientos y que el techo de déficit autonómico no vicie la revisión de la financiación que prevé el Estatuto de Cataluña.

Tras sus pésimos resultados en las autonómicas y las municipales, el PSC atraviesa un momento muy delicado y teme ahora que se acentúe una sangría de votos en beneficio de CiU y de Iniciativa (ICV-EUiA) el 20-N. De hecho, la primera en intervenir en la agitada sesión fue la ministra de Defensa, Carme Chacón, propuesta ayer por la ejecutiva para que repita como candidata por Barcelona. Chacón dijo que avalaba la reforma “por responsabilidad y lealtad hacia el candidato [Alfredo Pérez Rubalcaba]”, con quien intentó competir en unas elecciones primarias, pero expresó dudas sobre la concreción de ese cambio en la Constitución “en un momento en que hay una demanda social que reclama, con razón, más participación popular en las grandes decisiones políticas”.

Hubo más quejas. La exconsejera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, alejada de la dirección, rechazó que se aluda al techo de déficit público en la Carta Magna y defendió el referéndum. Los diputados Laia Bonet y Jaume Collboni, próximos a Montilla, apoyaron la consulta. El exalcalde de Barcelona Jordi Hereu avisó de que no se puede dar “un cheque en blanco” y pidió que se aclare bien el alcance de la reforma. En una línea dura se pronunciaron también el alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el diputado Francesc Vallès.

Ernest Maragall, exconsejero de Educación, lanzó la pregunta del millón. “¿Alguien sabía lo que iba a hacer Zapatero?”. Daniel Fernández respondió que no y surgieron ahí los lamentos de que hubiera pactado con el PP antes de informar al PSOE. Ni siquiera se quedaron atrás los más jóvenes: Javi López, primer secretario de la Joventut Socialista, dijo que la reforma es una factura para “toda una generación” y Jordina Freixanet, otro valor de futuro, criticó al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, por la prolongación hasta los 30 años del contrato de aprendizaje.

Pese a todo ello, Iceta, que no omitió críticas a la cúpula del Gobierno, señaló tras la ejecutiva que no había habido malestar. “Lo hubiera habido de no haberse celebrado un debate democrático, tal y como se ha hecho”, dijo para aclarar que la reforma no se votó y se aprobó por “asentimiento general”. Iceta, que se postula como sucesor de Montilla, apoyó que la propuesta no incluya cifras y rechazó el referéndum porque el artículo 135 se desarrollará con una ley orgánica