De la boda de un hijo al desahucio

Enrique Amaya Flores, de 58 años, un pensionista gitano, analfabeto funcional -“Apenas se leer y escribir”- no olvidará en la vida el día de 2007 en que decidió pedir dinero para poder pagar la boda de su hijo, a quien urgía casar en cumplimiento de las normas de convivencia de su etnia. Amaya quería hacer el festejo en un bar del barrio de Sant Roc, en Badalona, y calculó que necesitaba unos 6.000 euros. Pero su salario no llegaba a 600 euros y todos los bancos le denegaron el crédito hasta que dio, a través de un amigo suyo, con una sociedad de gestión de Barcelona que le planteó, cuenta, una carambola: hacer nuevas hipotecas sobre su piso (valorado en 104.000 euros) y el de su hijo y comprar un tercero para así acceder al préstamo. El resultado fue catastrófico: no pudo afrontar las letras, que ascendieron en global a 585.000 euros, y el juzgado ordenó en junio el embargo de su vivienda pero un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) impidieron que le echaran de casa.

“Yo firmé muchos, muchos papeles en el despacho del notario. Mi hijo no lo veía claro y mi mujer llegó a salir del despacho del notario pero yo les convencí”, cuenta ahora Enrique arrepentido de haber aceptado aquélla operación. "Cuando me la propusieron, yo no paraba de repetir: ¿Pero cómo voy a pagar todo eso? ¿Cómo voy a pagar todo eso?". Su caso lo está llevando el abogado de oficio Joan Boix y está en el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, que estudia si admitir o no a trámite una querella contra el responsable de una oficina de Caja Madrid, Antonio García Moruno, que no atendió la llamada de este diario, y la de Antonio Losa Gil, gerente de la firma Bancgestion, que asegura que él solo intentó ayudar a la familia Amaya. Losa dice que lo de la boda no es verdad y que Amaya le fue a ver para que le prestara 30.000 euros porque tenía deudas. Y que la única forma viable que vio era vender los dos pisos que tenía -eso si: bajo hipoteca- y comprar un tercero porque querían vivir 9 o 10 miembros de la familia, todos juntos. “Con el sobrante de las ventas podría haber pagado las deudas pero se hizo atrás, no quiso vender y me retiró las llaves”, señala.

Lasa no sabía que el caso está en el juzgado y asegura en su defensa que el banco le dio mil “mil opciones” a la familia Amaya para pagar las cuotas y no muestra la menor sorpresa cuando se le plantea si es normal que alguien que quiere un crédito de 6.000 euros acabe al final con una deuda de casi 600.000. “Es que hace unos años los bancos daban el 100% de la hipoteca a los inmigrantes sin saber hablar español”, recuerda Lasa. Boix, el letrado de Enrique, tiene una visión muy distinta: cree que los miembros de la familia Amaya, todos analfabetos funcionales, fueron “víctimas” de un engaño y que la compleja operación estaba destinada a obtener comisiones. "Fue una operación especulativa", dice el letrado. En el escrito de querella, el abogado sostiene que los promotores aseguraron a la familia que todo “era un montaje” para obtener dinero líquido y que la idea era que hipotecaran sus dos casas y compraran una tercera en la calle Agudes, en Barcelona, por 185.000 euros, que luego ellos venderían a un valor muy superior que cubriría todas las deudas. En total, la familia Amaya firmó de la noche a la mañana dos ampliaciones de hipoteca sobre sus dos pisos (ambas por 190.000 euros); la hipoteca y la compraventa de un tercero, dos creditos personales y tres tarjetas de credito por valor de 589.000 euros.

De toda la operación, Enrique  vio en efectivo del orden de los 40.000 euros con los que pagó la boda y le sobró dinero. Pero luego ya nada resultó porque, sostiene el abogado, entre otras cosas, la casa de la calle Agudes no se vendió. Con su pensión de 600 euros, Enrique no pudo hacer frente a los pagos que, dice, ascienden a 1.700 euros euros mes, casi el triple de lo que gana. Las tres casas están en procedimiento de ejecución hipotecaria. En junio, Enrique estuvo a punto de ser desahuciado. “Si no fuera por los de la Plataforma, yo ya estaría en la calle”, dice  restregándose los ojos enrojecidos y con un hilo de voz. Pero tuvo suerte y dos días antes de la llegada de la comisión judicial, el presidente de la Asociación Cultural Gitana de Sant Roc, Joan Amaya Batista, le puso en contacto con la Plataforma que frenó el desalojo. “No es el único: En este barrio hay muchos casos como el suyo”, asegura Joan. Enrique, que ya ha ratificado la querella ante el juez Jaime Conejo, dice que no se niega a pagar y que ha pedido a los bancos que se queden con las casas y que le permita abonar un alquiler social similar al que pagaba antes, de unos 300 euros mensuales. Pero no ha funcionado. Su hijo, de 30 años, que ha perdido el empleo, lleva meses sin salir de casa víctima de una depresión mientras Enrique aguarda algo parecido a un milagro.