Los expertos consideran prescindibles los organismos que propone eliminar de Cospedal en Castilla-La Mancha

Dolores de Cospedal ha empezado su andadura como presidenta de Castilla La-Mancha con el anuncio de la supresión de varios organismos como la figura del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia y el Consejo Económico Social, estos dos entes de carácter consultivo para el Gobierno autonómico. En su propio partido ha encontrado posturas encontradas, pero los expertos consultados por este diario consideran que son órganos prescindibles, y más en un momento de crisis, ya que muchos duplican funciones que realizan otros organismos parejos de carácter estatal. Todos coinciden en que el contrapunto está en la eventual eliminación de la Sindicatura de Cuentas autonómica –de Cospedal la está estudiando- porque comportará que la fiscalización de los presupuestos públicos no sea tan severa.

La número dos del PP sostiene que esas medidas supondrán solo un leve ahorro del gasto público. En realidad, será del 0,07% del presupuesto de Castilla-La Mancha, que se eleva a 8.600 millones de euros. Según el PSOE, solo se dejarán de desembolsar seis millones de euros. “Es un gesto”, admitió de Cospedal. A Joaquim Triadú, abogado de la firma de asesoría legal y fiscal PwC, profesor y ex secretario de Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol, no le ha sorprendido el plan porque concuerda con la filosofía del PP. “Las instituciones que quieren eliminar son más propias de una estructura de nación que no de región. Es impensable hacer eso en Cataluña o el País Vasco porque son organismos que forman parte de la historia y del sentimiento de nuestro país”, afirma este experto en derecho Administrativo y profesor asociado de IESE. A su juicio, la autonomía de Castilla-La Mancha fue creada, como otras, recalca, de forma artificial y acabaron importando modelos que existían en las comunidades históricas.

“No me extraña o no me sorprende que las supriman. Es la diferencia entre una autonomía artificial u otra con sentimiento nacional”, afirma Triadú, que entiende que al PP le va bien que las funciones de su Consejo de Economía Social o su Defensor del Pueblo las asuman sus correspondientes estatales. Eso sí, avisa que, sin una Sindicatura de Cuentas propia el control sobre el presupuesto público, será más “atemporal”. “De todas formas, cualquier Sindicatura acaba enviando siempre sus informes al Tribunal de Cuentas”, añade.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, considera de entrada que esos órganismos no se crearon bajo mandato estatutario y que por tanto el nuevo Gobierno de De Cospedal puede derogarlos con una ley. Su impresión es que el PP tiene la voluntad de ir suprimiendo controles para reducir la supervisión de la acción de Gobierno. Igual que Traidú, cree que el caso más grave, en el caso de consumarse, sería el de la Sindicatura de Cuentas. "El Tribunal de Cuentas del Estado puede asumir esa función pero por razones de proximidad el de carácter autonómico puede operar con más eficacia", dice. "Y el ahorro sería insignificante. Es quitarse de encima un control", avisa. Sin tener la misma importancia que el ente anterior, también subraya la inconveniencia de eliminar la figura de Defensor del Pueblo. Y luego, no le da la menor relevancia al Consejo Económico y Social, por su carácter asesor, y la Comisión Regional de la Competencia porque sus atribuciones las puede cubrir el nacional.

"Son buenos pero en momentos de crisis, son prescindibles", asegura un Catedrático de Constitucional

El catedrático de Derecho Financiero de la Universitat Jaume I de Castellón, Germán Orón advierte que, en algunas autonomías, la existencia de algunos de estos órganos tienen mandato estatutario, por lo que suprimirlos supondría la necesidad de variar el estatuto de autonomía “o incumplirlo”. En cualquier caso, apunta que cuando se crearon ya se advirtió de una duplicidad con otros órganos de control del Estado, que el Tribunal Constitucional ha validado. “Si existen mecanismo de coordinación, la convivencia es posible”, señala. El hecho es que la mayoría de estos entes son consultivos y no vinculantes. Y destaca también el caso de las sindicaturas de cuentas que, en cuando perciben irregularidades, están obligadas a dar traslado al Tribunal de Cuentas estatal que es el órgano que tiene la competencia real. Aún así, Germán Orón considera que la supresión de estos entes puede beneficiar al “controlable” y perjudicar a los ciudadanos, que no dispondrían de la cercanía de entes autonómicos.

El catedrático de Constitucional Joan Oliver también considera que la conveniencia de su supervivencia es “discutible”. Respecto al control final asegura que este corresponde a la Justicia y sostiene que el único problema es que la vigilancia sobre las normas y las cuentas autonómicas sí que podrían sufrir un retraso, debido a la saturación que los órganos estatales padecerían con la desaparición de los autonómicos. “Son buenos pero en momentos de crisis son prescindibles”, asegura Oliver quien afirma que, de hecho, el sistema democrático español podría funcionar únicamente con el Gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional y el Poder judicial, dejando como innecesarios figuras como el Senado o la Corona. Aunque no fue uno de los organismos mencionados por de Cospedal, Joan Oliver destaca cómo Madrid “ha estado muchos años sin Consejo Jurídico Consultivo” y “Baleares no ha tenido nunca Defensor del Pueblo”.

No tiene sentido que se reproduzca el mapa institucional del Estado, afirma otro profesor

Francisco Longo, profesor de dirección de Recursos Humanos del Instituto de Gobernanza y dirección pública de ESADE, quita hierro a la eliminación de esos organismos. “Por ejemplo”, explica, “que se elimine figura de Defensor del Pueblo me parece poco relevante. Su funcionalidad es discutible”, dice. Sin embargo, defiende la necesidad que se mantenga el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla desde el exterior (desde el interior lo hace el interventor) la legalidad económica y presupuestaria. “Su función es imprescindible”, afirma el profesor que señala que si se elimina su tarea la asumirá el Tribunal de Cuentas de España a riesgo de sobrecargarlo de trabajo y de que se vea obligado a hacer una supervisión más superficial.

En su reflexión, Longo señala que “no tiene sentido” que las autonomías hayan reproducido el mapa institucional del Estado y pone como ejemplo la existencia de 17 defensores autonómicos que no responden a ningún mandato constitucional. No ahorra tampoco una velada crítica al Sindic de Greuges catalán que dice que últimamente ha crecido “de manera exponencial”. En cualquier caso, señala que la proliferación masiva de organismos es un “síntoma” de la bonanza anterior a la crisis: “Hemos vivido años que parecía era todo posible. Por algún lado tenemos que empezar para reducir el déficit. No me parece mal esa relectura para redefinir prioridades”.

El tripartito de izquierdas encargó a Longo en 2010, coincidiendo con el plan de ajuste de José Luis Rodríguez Zapatero, un informe para reducir la administración que no se llegó a aplicar. En sus conclusiones, sugería medidas a medio plazo para ahorrar gasto fusionando empresas públicas o suprimiéndolas. El informe no se acató. Longo señala que para que las medidas de ahorro sean realmente efectivas tiene que enfocarse a medio plazo y no a corto plazo porque el impacto económico es ínfimo. Y acaban siendo solo “gestos”. “A los políticos les gustan mucho pero hay que hacer cosas con sustancia”, dice. Y añade que CiU está ejecutando ahora recortes a corto plazo cuando y que otra cosa son las reformas estructurales a medio plazo. Si se queda solo en el recorte, eso es pan para hoy y hambre para mañana”, avisa.