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A, B, C del déficit autonómico

Claves para entender los desequilibrios en las cuentas de las comunidades autónomas

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, conversa con el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, conversa con el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell EFE

¿A cuánto asciende el déficit de las comunidades?, ¿cuáles son las peores y las mejores?

Las comunidades cerraron 2010 con un déficit conjunto del 2,8% del PIB, cuatro décimas por encima de lo autorizado. Las que más se excedieron fueron Castilla-La Mancha (6,22%), Murcia (4,95%), Baleares (4,16%) y Cataluña (3,86%). En el lado contrario, Madrid (0,69%), Extremadura (2,23%), País Vasco (2,24%), Canarias y Castilla y León (ambas con el 2,31%) registraron las mejores cifras.

El arranque del año apunta a un nuevo incumplimiento de las previsiones, pues las comunidades en su conjunto han consumido ya prácticamente la mitad del déficit que acordaron alcanzar este año (un 0,46%, frente al 1,3% para todo el año).

¿Hay un techo de gasto para las autonomías?

No hay techo de gasto, sino límite de déficit, pues se entiende que si una comunidad genera suficientes ingresos para financiar su gasto, eso no desequilibra las cuentas. No obstante, el Gobierno se comprometió ante Bruselas a fijar horquillas de gasto en función del crecimiento económico, una regla que aún no se aplica y que no se puede imponer a las comunidades autónomas. Tanto el PSOE como el PP mostraron disposición a aplicar esa norma allí donde gobiernen.

 ¿Quién controla las cuentas de las comunidades y cómo lo hace?

Las comunidades están obligadas a enviar al Ministerio de Economía datos trimestrales de sus cuentas públicas. Siempre ha sido así, pero la novedad desde finales de 2010 es que el Gobierno divulga las cifras cada tres meses con criterios homogéneos que permiten comparar a unas Administraciones con otras.

 ¿Qué mecanismos tiene el Ejecutivo para hacer que las comunidades reconduzcan sus desequilibrios?

El Gobierno no puede dictar medidas directas a las comunidades autónomas, que son soberanas para decidir cómo gestionarse. La única herramienta en su mano son las autorizaciones de deuda a largo plazo, necesarias para que las comunidades se sigan financiando. La comunidad que se exceda en el déficit tiene vetado el endeudamiento a largo plazo hasta que presente a Hacienda un plan de reequilibrio satisfactorio (con medidas que corrijan los desequilibrios). En esa situación de bloqueo al endeudamiento están ahora Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

¿Sería conveniente convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera?

No tiene sentido reunir a este organismo, que congrega al Gobierno y las comunidades, antes de que tomen posesión los nuevos consejeros de Economía surgidos de las elecciones. En cambio, sería importante convocarlo en cuanto se formen los nuevos equipos para ver sus intenciones de ajuste de gasto. Lo previsible es que haya uno antes de las vacaciones.

¿Qué nos pide Bruselas?

Bruselas pide que España cumpla lo comprometido: un calendario de déficit que para este año fija un 6% del PIB. La Comisión Europea no entra en cómo se reparte esta cifra entre administraciones. No obstante, es probable que las recomendaciones que emitirá hoy la Comisión a todos los Estados miembros incluyan alguna referencia a las cuentas autonómicas, que están en el punto de mira internacional.

¿Es posible cumplir con esas metas?

El año pasado se logró lo comprometido (un déficit del 9,2% del PIB, incluso una décima mejor de lo previsto). La trayectoria de este año demuestra que la Administración central se ajusta a lo esperado, aunque probablemente las comunidades lo sobrepasen. Como ocurrió en 2010, es posible que el Estado compense los incumplimientos autonómicos.

¿Cómo afectarán las denuncias del PP a los mercados?

No es fácil de medir. En principio el mejor indicador de la credibilidad de España en los mercados, la prima de riesgo, no está acusando estas tensiones (ayer registró el nivel más bajo desde mediados de mayo, antes de las elecciones). Pero el coste de la financiación autonómica (los créditos que piden a los bancos, las emisiones de bonos que lanzan) crece con las dudas que se siembran. Es decir, los inversores exigen un interés mayor por prestar ese capital aprovechando la confusión sobre el estado de las cuentas.