El Poder Judicial pacta un nuevo reparto de vacantes en el Tribunal Supremo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial hará previsiblemente dos nombramientos de magistrados para el Tribunal Supremo en su sesión del próximo jueves, día 26. De las tres plazas vacantes que existen ahora en el alto tribunal (en la Civil, en la Penal y en la de lo Contencioso-Administrativo), hay un principio de acuerdo y se ha con formado una mayoría de vocales progresistas y conservadores para designar a Francisco Arroyo como nuevo magistrado de la Sala Primera de lo Civil y a José María del Riego para cubrir la vacante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo. Es decir, ambas sensibilidades del Consejo, progresistas y conservadores, han vuelto a repartirse cromos: Arroyo, actual presidente de Audiencia Provincial de Málaga, es del ala judicial conservadora, y Riego, de la progresista. Vocales de ambos grupos mayoritarios del Consejo se han reunido estos días para tratar de desbloquear los nombramientos de las citadas plazas.

Y hay avances. José María del Riego, magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, cuenta con el apoyo de los vocales progresistas adscritos a la Asociación Jueces para la Democracia (JpD). Es muy amigo del vocal progresista Félix Azón, su principal valedor: ambos han estado vinculados en la jurisdicción laboral. Según fuentes del Consejo, además de Azón le apoyan vocales progresistas como Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles. Este sector de JpD, normalmente encabezado por Margarita Robles, ha pactado y se ha repartido con vocales conservadores, rompiendo la disciplina de grupo y ante las quejas de otros colegas progresistas, buena parte de los nombramientos del actual Poder Judicial. El pacto ahora es colocar a Riego en la Sala Tercera, a la que volverá Robles cuando se extinga su mandato en el actual órgano de gobierno de los jueces.

Para la Sala de lo Civil del Supremo la intención inicial del Consejo es designar a Francisco Arroyo, presidente de la Audiencia de Málaga desde 2002. Arroyo, natural de Jaén, está emparentado con el también jiennense y vocal conservador Pío Aguirre, quien ha asegurado a este periódico que su relación con él es muy lejana. Arroyo, no obstante, también dispone de apoyos entre vocales progresistas ajenos al sector de JpD del Consejo.

José María del Riego cuenta con el apoyo de los vocales progresistas adscritos a la Asociación  Jueces para la Democracia (JpD).

Tras este reparto, aún sigue en el aire la  tercera vacante en discordia, la existente en la Sala de lo Penal, copada en la actualidad por magistrados del sector conservador nombrados muchos de ellos durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno y con un Poder Judicial con mayoría de vocales conservadores. Para la Sala Segunda, conservadores y progresistas del Poder Judicial tienen ahora sus propios candidatos. La apuesta de los primeros es el fiscal Antonio del Moral, y el catedrático Gonzalo Quintero, de los segundos.

Este principio de acuerdo para cubrir al menos dos de las tres vacantes reinantes en el Supremo llega tras haber fracasado un intento anterior de cubrir estas plazas. En lo que respecta a la Sala de lo Civil antes no fue posible porque un grupo de magistrados conservadores apostó por Antonio García, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y se topó con una negativa tajante de los progresistas. Además de García, en el camino hacia la Sala Civil del Supremo se han quedado, a priori,  magistrados como Antonio García Paredes, que fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y José Manuel Suárez Robledano, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ex portavoz de la APM.  También parece haber perdido apoyos ahora Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, quien en una fallida votación anterior del Consejo le faltó un voto para lograr los 13 mínimos necesarios.