Cinco meses de la dana

Se cumplen hoy cinco meses de la dana que causó la muerte a 227 personas en la provincia de Valencia y provocó daños estimados en más 17.000 millones de euros. La recuperación continúa, pero a un ritmo más lento del deseable. El importante esfuerzo presupuestario del Gobierno central (16.000 millones de euros movilizados) y la Generalitat (2.364 millones para este año) no llega a la ciudadanía con la fluidez exigible para afrontar una catástrofe que ha afectado a 306.000 personas (la mitad, mayores y migrantes). Las aguas están, simbólicamente, lejos de volver a su cauce y los sobrecogedores testimonios de las víctimas en el juzgado reviven a diario la tragedia del 29 de octubre en medio del enfrentamiento político a cuenta de la gestión de las inundaciones.

La jueza de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, avanza en la investigación para dilucidar responsabilidades penales de la gestión de la emergencia. En sus escritos no deja ninguna duda sobre la competencia autonómica en esa gestión, apoyada en la propia normativa de la Generalitat. La investigación penal se centra en el envío “tardío y errado” del mensaje de alerta a los móviles, que llegó a las 20.11, cuando muchas de las víctimas ya habían fallecido. La desoladora conclusión que se desprende de este dato es que, de haberse enviado antes, muchas vidas podrían haberse salvado. Con sus acciones, la jueza está marcando el paso y amparando a las víctimas. La justicia, tantas veces criticada en España por su lentitud, está actuando con celeridad en este caso de gran calado social.

La jueza no solo ha imputado a la exconsejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, y al que era su número dos, Emilio Argüeso, sino que ha “invitado” al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a que declare voluntariamente ante ella, ya que al ser aforado no puede obtener su versión de otra manera. Mazón ha ignorado la petición. Ruiz Tobarra ha pedido a la Guardia Civil un informe de la cobertura de las cámaras de seguridad, de las grabaciones y de la telefonía del Cecopi, el centro de mando de emergencias. Lo hizo después de que Carlos Mazón se distanciara respecto a la decisión de enviar el mensaje, al asegurar que llegó al Cecopi a las 20.28, es decir, 17 minutos más tarde.

En las últimas semanas, Mazón se ha movido para tomar la iniciativa e intentar sacudirse la sombra de sus cambiantes versiones sobre su ausencia durante las horas cruciales de un día marcado para siempre en la historia de la Comunidad que preside. Para ello, se ha beneficiado del apoyo de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, para pactar los presupuestos autonómicos con Vox.

Pese a la tragedia de hace cinco meses y la evidencia de que tenemos que mejor preparados contra las inclemencias, el president no ha tenido ningún reparo en abrazar los postulados negacionistas del cambio climático de la ultraderecha o alimentar la xenofobia al reclamar información sobre el país de origen de los supuestos autores de los pillajes que se produjeron en los primeros días tras la dana. Es el precio de la nueva huida política hacia delante del presidente valenciano.