Johnson, sin ley

Todo indica que el primer ministro británico, Boris Johnson, no solo rechaza un acuerdo para un tratado comercial con la Unión Europea (UE) con vistas al futuro, sino que además pretende una ruptura dramática de las negociaciones en marcha para redactarlo. Y abocarlas así a un abismo entre la isla y el continente al que ha estado fructíferamente vinculada durante cuatro decenios largos.

Esta pretensión —perceptible por todos— se ha plasmado esta semana en dos pasos. A su inicio Johnson proclamó que un no acuerdo sería “un buen resultado”. Y añadió que presentaría al Parlamento una “ley de mercado interno” para matizar o corregir el Acuerdo de Retirada que él mismo firmó con la UE en octubre de 2019.

En los últimos días la gravedad de esas intenciones se confirmó y amplió, al conocerse el texto de la ley presentado a los Comunes, pues desmocha el protocolo sobre Irlanda que él firmó. Su antecesora, Theresa May, asumía la permanencia durante un tiempo no especificado en la Unión Aduanera europea y seguir las reglas de su mercado interior. Johnson pidió y logró de los 27 modificarlo para pactar algo que siempre denigró por menos favorable: crear una aduana interna entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que quedaría definitivamente fuera del perímetro del mercado y la aduana europeos.

Ahora pretende con esa ley nacional romper por las bravas su propio compromiso (ni siquiera el de algún predecesor). El borrador confirma además el objetivo de desvincularse de la normativa europea restrictiva de ayudas de Estado a las empresas, lo que facilitaría una competencia desleal y un Singapur al otro lado del canal.

La justificación alegada es pueril: sería legal, dice, cualquier norma “que suponga el incumplimiento” de un tratado internacional, porque la soberanía británica está por encima de ellos. Falso: un Estado puede denunciar alguna cláusula de un tratado según el mecanismo que disponga su propio texto, puede establecer negociaciones con la contraparte para enmendarlo, pero no hacer prevalecer su soberanía a capricho, pues la firma de un texto de esa naturaleza supone precisamente la autolimitación de la soberanía nacional de las partes contratantes.

Se trata, así, de una norma directamente ilegal. Lo ha corroborado el propio ministro para Irlanda del Norte, reconociendo que “viola las leyes internacionales”, aunque aduzca que las viola solo un poco: de modo “limitado y específico”. Esa ley supondrá la flagrante ruptura del pacto de 2019, lo que de consumarse colocaría a Johnson en situación peor que los piratas del pasado: gozaban al menos de una “patente de corso”, unilateral con apariencia formal, en un mundo carente de reglas comunes.

Bruselas ha reaccionado con la convocatoria del Comité Conjunto para resolver litigios, y emitiendo un ultimátum de tres semanas para que el primer ministro rectifique. Trata de evitar que nadie pueda culpar a la Unión de la ruptura. Y espera que cuaje la contestación interna británica —iniciada en las filas conservadoras, y con mucho predicamento en la Cámara de los Lores— a los despropósitos de su Gobierno. De no prosperar el ultimátum, quedan dos cartas: acudir a los tribunales que dirimen los litigios sobre el Acuerdo de Retirada. Y no volver a reunirse con Johnson para hablar de ningún acuerdo futuro, pues ha quebrado toda posible confianza en él al destruir de forma radical el acuerdo ya vigente.