Polonia, una democracia desmantelada

Ahora mismo, en Polonia no solo hay que proteger a los ancianos de la infección por coronavirus; también hay que defender la democracia. Quizás esta no sobreviva a la epidemia.

Por fortuna, los médicos polacos aún no han tenido que tomar decisiones tan dramáticas como sus colegas del sur de Europa: a qué paciente infectado por la covid-19 conectar a un respirador y a quién dejar morir. El virus está causando estragos en nuestro país; en muchas ciudades polacas han saltado las alarmas porque los médicos y las enfermeras trabajan hasta la extenuación, faltan equipos de protección y los que repartió el Gobierno no siempre tienen los certificados necesarios. Además, el coronavirus ha golpeado duramente las residencias, dándose casos en los que los pacientes más ancianos han sido abandonados por sus cuidadores, y azota ahora a los mineros de la Alta Silesia. El presidente Andrew Duda anunció hace ya un mes que la epidemia remitía; sin embargo, diariamente hay un flujo de cientos de personas infectadas. Ni siquiera sabemos cuándo llegaremos al pico, porque es difícil creer en las estadísticas del Gobierno. Polonia, en contra de las recomendaciones de la OMS, hace muy pocos tests, un número ínfimo respecto a Alemania, por poner un ejemplo. Y a menos pruebas, menos infecciones detectadas. Datos que el Gobierno presenta como un triunfo suyo. El primer ministro Mateusz Morawiecki se ha jactado en múltiples ocasiones de que Polonia se las arregla como nadie con el coronavirus, y que somos la envidia de otros países. Ni siquiera durante la epidemia ha desactivado su maquinaria de propaganda el Gobierno polaco.

El Partido nacionalconservador de Ley y Justicia (PiS), que gobierna desde 2015, está usando la crisis para consolidar su poder a expensas de la democracia. El líder del partido, Jarosław Kaczyński, quería a toda costa celebrar las elecciones presidenciales en medio de la epidemia, a fin de que su candidato Andrzej Duda gobierne Polonia durante los próximos años. Daría así un salvoconducto al Partido de la Ley y la Justicia (PiS) cuando, siguiendo el ejemplo húngaro, liquidase los medios de comunicación libres, asfixiando a la sociedad civil. Antes del estallido de la epidemia, los índices de popularidad de Duda flaqueaban; ahora han subido, entre otras cosas porque el presidente aparece constantemente en la televisión pública y sus rivales no han podido llevar a cabo una campaña electoral. Pero este apoyo descenderá en cuanto los polacos sientan los efectos de la crisis que proximamente golpeará a nuestro país. Las arcas del estado están vacías, y no es mucho lo que el Gobierno podrá hacer para salvar a las empresas de la bancarrota, ni a los ciudadanos del desempleo. Es probable que el partido Ley y Justicia recorte las generosas ayudas sociales, gracias a las cuales mantiene su respaldo.

Por este motivo Kaczyński, a pesar de la epidimia, quería forzar la reelección de Duda en mayo. Los alcaldes de las ciudades polacas se negaron a organizar elecciones y la mayoría de los votantes, temiendo la infección, anunciaron que no participarían en semejantes comicios. Así que un mes antes de las elecciones previstas para el 10 de mayo, Kaczyński ordenó modificar la ley electoral —contraviniendo la Constitución y las reglas de la OSCE— para que el presidente pudiera ser elegido solo por correspondencia. Y no bajo la supervisión de la Comisión Electoral polaca de carácter independiente, sino bajo el control de un organismo como Correos, controlado por el gobierno de Ley y Justicia.

Finalmente, abortó el plan tras una rebelión en la coalición gobernante y ante la amenaza de perder la mayoría en el Parlamento. El pasado 6 de mayo (¡una hora después del final del debate televisivo de los candidatos presidenciales!), anunció que las elecciones se pospondrían, probablemente hasta el verano. Así violó una vez más la Constitución, que no prevé un cambio en la fecha de las elecciones sin que los políticos introduzcan el estado de excepción. Sin embargo, nada de esto le preocupa realmente a Kaczyński. Controla el Tribunal Constitucional (él mismo admitió que pasa su tiempo libre con su presidente) y su entorno acaba de asumir el control del Tribunal Supremo, culminando el desmantelamiento del poder judicial independiente que comenzó hace cinco años. Al mismo tiempo, las autoridades hacen caso omiso de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les ordenan dejar a los juzgados tranquilos. Si durante los primeros meses de la epidemia el Partido Ley y Justicia osó darle un guantazo a una institución como la de las elecciones, ¿qué hará después?

En el quinto país más grande de la UE, la democracia ha sido desmantelada. Se avecina un nuevo test para toda la Comunidad.

Bartosz T. Wieliński es adjunto a la dirección de Gazeta Wyborcza.

Traducción de Amelia Serraller Calvo.