Sentencia antieuropea

El Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, dictó ayer una polémica sentencia que supone el riesgo de alimentar a los nacionalismos ultras porque pone en jaque al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como supremo intérprete del derecho de la Unión.

La decisión atañe a un asunto concreto, como es la legalidad de los programas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE), por los que compró y sigue comprando bonos públicos. No es algo menor. Deja en el alero su operativa, que permitió inyectar 2,6 billones de euros al área euro bajo el mandato de Mario Draghi. Y aunque la propia sentencia niega que cuestione las capacidades del Banco Central Europeo, contradice su indispensable potencia de fuego contra la crisis de la pandemia.

La política del BCE bajo la dirección de Draghi incrementó el anémico crecimiento continental y acabó con la fragmentación del mercado financiero europeo. También soldó las enormes brechas en las primas de riesgo que perjudicaban a los socios más débiles, para cuyas empresas y ciudadanos los tipos de interés resultaban mucho más caros que para los demás. Facilitó así la correcta “transmisión de la política monetaria”, por ejemplo, de manera que las reducciones de tipos alcanzaran por igual a todos los rincones de la eurozona.

El efecto inmediato de esta decisión del tribunal alemán es su requerimiento a las instituciones del país, Gobierno y Congreso, para que pidan explicaciones al BCE sobre si se excedió al lanzar su plan de compras, sin “proporción” (sin analizar sus efectos negativos). No solo eso: los anima a una acción “activa” en “contra” del mismo, autorizando al Bundesbank para que pasado un plazo de tres meses pueda romper la disciplina del BCE a este respecto, lo que parece muy grave.

Sin embargo, no es eso lo peor de esta sentencia. Lo más discutible es que contradice a su propio superior en temas de derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la UE (con sede en Luxemburgo), al que antes consultó en vía prejudicial. Y que pone en entredicho su competencia con la teoría de que, como los Estados son “los dueños” de los tratados, pueden esquivar su jurisprudencia si, al juicio particular de ellos, se excede. Es una teoría difícil de compartir por las instituciones europeas porque, aunque los Gobiernos sean los firmantes de los tratados, el derecho comunitario tiene confiada su interpretación como suprema instancia al Tribunal de Luxemburgo. Así lo establece el Tratado de la Unión (artículo 19). Urge una toma de posición clara no solo del propio Banco Central Europeo, sino también del Tribunal de la UE.