Fidel Heras, el ambientalista mexicano que regresó de EE UU para defender su río y acabó asesinado

Como tantos otros en el México rural, Fidel Heras se fue a Estados Unidos junto a su esposa buscando una vida mejor. Durante más de una década se dedicó a recoger naranjas o uvas, dependiendo de la temporada, y así fue construyendo su propia versión del sueño americano. Pero en 2008 decidió hacer las maletas y regresar a Paso de la Reina, la remota comunidad oaxaqueña a orillas del río Verde que lo vio nacer.

Le habían llegado noticias de que el Gobierno iba a construir una hidroeléctrica en el río en el que nadaba en su juventud. El mismo al que su familia iba a pescar, el que regaba sus cosechas de maíz y frijol. Las comunidades de la zona se organizaron en 2007 para luchar contra la presa y él quiso formar parte del movimiento. Se unió al Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever) y se convirtió en la cara visible de una lucha que ha conseguido frenar el proyecto hasta hoy.

Pero en México abanderar un movimiento en defensa del territorio puede salir caro. El cuerpo de Fidel Heras fue hallado con varios balazos el pasado 23 de enero en la comunidad de La Esperanza, no muy lejos de su casa. Tenía 41 años. Hasta ahora, la Fiscalía del Estado de Oaxaca no ha emitido ningún comunicado ni se ha pronunciado al respecto. Tampoco hay detenidos. Lo más probable es que el caso engrose la lista de delitos contra ambientalistas que quedan impunes en México.

Su comunidad de indígenas chatinos ha quedado silenciada por el asesinato, pero en la cabeza de muchos suena a gritos un nombre: Celia Rivas Márquez. Según explican las autoridades comunitarias en un comunicado, la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec llevaba años extrayendo arena y grava del lecho del río para venderlos como material para la construcción. Lo hacía aliada con la familia Iglesias, los “caciques” de la zona, históricamente ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este diario solicitó una entrevista con la presidenta municipal, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Ana María García deja entrever la rabia en sus palabras. Con su organización, Educa Oaxaca, ha acompañado el movimiento de resistencia de Paso de la Reina desde 2007. “Primero les dijeron que los materiales serían para construir obras para el municipio. Pero la extracción se fue incrementando, cada vez entraba más maquinaria, más camiones de transporte. La comunidad empezó a pensar que no era la mejor idea seguir explotando así el río. Estaban conscientes de que era un asunto ambiental, que era un impacto muy fuerte para el río”, explica.

En estos años García se fue acercando a Fidel. Cuenta que él era el encargado de cruzar a los habitantes de la comunidad de un lado al otro del río en una barca sin motor, remando. El que cantaba en los festivales que organizan el 14 de marzo para conmemorar el día internacional contra las presas. El que no se perdía una reunión, ni un taller, ni una movilización. Lo recuerda bañándose en el río, “tan alegre y bondadoso”.

Fue Fidel, como comisario ejidal de Paso de la Reina, quien alzó la voz frente a la presidenta municipal y la familia Iglesias. La disputa alcanzó su máximo nivel de tensión cuando, en diciembre del año pasado, la maquinaria utilizada para la extracción en el río sufrió “daños menores”. “Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras”, relata el comunicado de las autoridades comunitarias.

Un mes después, Fidel encontró su sentencia de muerte dentro de una bolsa en la sede del Comisariado Ejidal. Un escueto mensaje anónimo con una amenaza que se cumplió dos días más tarde. Fue el primer asesinato de un ambientalista este año en México, pero muy probablemente no será el último: en 2020 se situó como el cuarto país más mortífero del mundo para los ecologistas, según Global Witness.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió el crimen como una muestra de la vulnerabilidad que sufren los defensores en este país. “La percepción de que es posible asesinarlos y así debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos, como la defensa del territorio y del medio ambiente, se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de esa oficina.

El asesinato de Fidel ha sembrado el terror en su comunidad. Más allá del comunicado, ni la familia ni las autoridades ejidales han querido dar entrevistas. Angélica Castro, otra de las integrantes de Educa Oaxaca, teme que el movimiento se debilite. “Nos preocupa bastante porque la figura de Fidel era un símbolo de la lucha regional”. Y asegura que esta es más importante que nunca, porque las presiones para construir proyectos hidroeléctricos en el río Verde continúan.

El plan para la presa de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) que se presentó en 2006 está en etapa de estudio. Además, la compañía privada Enersi anunció en 2018 otro proyecto hidroeléctrico en el mismo río que está siendo evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente. Según Educa Oaxaca, una presa en la región afectaría directamente a 17.000 habitantes e indirectamente a otros 97.000. Además, represar las aguas del río impactaría a la cercana Área Natural Protegida Lagunas de Chacahua, un humedal de importancia internacional de la Lista Ramsar.

Por ello, Castro cree que ahora “le toca” a las otras comunidades de la región “animar” a Paso de la Reina para que continúe la lucha, aunque se haya apagado uno de sus principales motores.