La justicia que nunca llegó a Pasta de Conchos

El hallazgo de restos humanos en la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, donde hace 18 años 65 trabajadores murieron atrapados, le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de pintar las estampas que le gustan: presentarse como cercano al pueblo, empático con quienes viven una tragedia, corrigiendo injusticias del pasado.

El hecho también dio pie a la primera gira con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues ambos viajaron a la región carbonífera de Coahuila para reunirse con familiares de los mineros muertos y detallar las labores de recuperación de restos ordenadas por el presidente en 2020.

Sheinbaum, por su parte, compartió las luminarias de un triunfo de la Cuarta Transformación: la justicia a víctimas de una tragedia provocada por gobiernos del viejo régimen.

Pero a la presidenta electa le conviene asomarse a los otros datos. Lo ocurrido en Coahuila es un montaje para ocultar que las injusticias de la minería de carbón siguen y este Gobierno, al igual que los anteriores, las facilitan.

La recuperación de los restos es una de las pocas exigencias que López Obrador pudo cumplirle a los deudos de Pasta de Conchos, donde sólo los cuerpos de dos de los 65 mineros pudieron ser rescatados en los días posteriores al derrumbe del 19 de febrero de 2006. Los otros 63 cuerpos han permanecido decenas de metros bajo tierra durante más de 18 años. El primer hallazgo podría ser de hasta 13 cuerpos. Es una esperanza, pero apenas una fracción del trabajo que queda.

Pero la realidad es que este gobierno no ha hecho nada para llevar mejorar las condiciones de la minería de carbón en Coahuila. Una de las principales demandas de los mineros es que tragedias como la de Pasta de Conchos no ocurran de nuevo. Para ello, exigen que autoridades sean más estrictas en garantizar la seguridad en las minas y que se castigue a los que las tienen en condiciones inseguras. Y aunque no ha ocurrido un accidente de la magnitud de Pasta de Conchos, eso no significa que no haya muerte.

Después de Pasta de Conchos han muerto 116 trabajadores en minas de carbón, ya sea en derrumbes, inundaciones, explosiones o accidentes de maquinaria. Casi el doble de los fallecidos en ese solo hecho de 2006, que es el que ha acaparado la atención.

De esos 116, 25 han ocurrido en el actual sexenio. Eso lo debe saber muy bien la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que hoy se ufana de coordinar la recuperación de restos en Pasta de Conchos. Pero ella fue secretaria del Trabajo cuando ocurrieron 22 de esas 25 muertes, a causa de pobres condiciones de seguridad. Algunas de ellas en minas que estaban en situación irregular.

A Alcalde nunca le interesó la seguridad en minas pues los accidentes en la región carbonífera de Coahuila no cesan. En su trato con mineros y familiares de víctimas, fomentó la división, cerrada a hablar con quienes criticaban las nulas medidas de seguridad y alineada con quienes no le daban problema. Mientras tanto, las 25 muertes en el actual sexenio superan las de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron 18.

A Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tampoco le interesa. Hoy se cuelga la medalla porque la CFE es la encargada de las excavaciones en Pasta de Conchos, pero durante cinco años y medio ha permitido que la empresa compre carbón a minas sin condiciones de seguridad, en muchos casos los llamados “pocitos” donde apenas cabe una persona sin equipo protector.

La CFE es el principal comprador de carbón y por lo mismo estaría en condiciones de fijar las reglas que incentiven las medidas de seguridad. Podría vetar a los empresarios que no se preocupan por la protección de sus empleados, pero no lo hace. Prefiere hacer negocios que beneficien a benefactores de Morena.

El Gobierno de López Obrador tampoco ha cumplido la exigencia de justicia. Al igual que Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el actual presidente nunca procedió contra Grupo México, el gigante minero propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, que era propietario de la mina. Tras la tragedia, Larrea cerró sus operaciones de carbón en Coahuila sin ninguna sanción y se fue a explotar otras áreas del país, causando otros escándalos de los que sale impune.

Esto es lo que hay detrás del montaje de Pasta de Conchos el fin de semana pasado en Coahuila. No es sólo la tragedia de hace 18 años, sino la que se vive todavía en la región carbonífera cuando las autoridades voltean a otro lado. López Obrador no rectificó las injusticias de décadas, por más que crea que sí lo hizo. Sheinbaum tiene ahora la oportunidad.

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