“Quiero justicia para el papá de mis hijas”: así fue la reunión de López Obrador y las viudas de los mineros de Coahuila

Una veintena de mujeres despertó el martes en Coahuila con una misma idea en la cabeza. Viudas de mineros, curtidas en las protestas en pozos de carbón bajo el sol y el polvo del desierto del norte mexicano; en las batallas legales por la pensión contra empresas, patrones y Gobiernos; en las maquilas, la precariedad y la ausencia de los seres queridos muertos en derrumbes. Ese día tenían un destino diferente. Las esperaba un avión, el presidente de la República, el Palacio Nacional, esa ciudad del sur llamada México. Andrés Manuel López Obrador las había citado para hablar, íntimamente y sin prensa de por medio, sobre la recuperación de los cuerpos de sus maridos.

Los accidentes en las minas de Coahuila, provocados por las inexistentes condiciones de seguridad de muchos de los pozos, son tan habituales que, en el encuentro con el presidente, había viudas de dos tragedias distintas. Estaban las esposas de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos, 65 mineros muertos en una explosión de gas en febrero de 2006, hace más de 18 años: un derrumbe mayor de edad. Solo se recuperaron dos cuerpos, los otros 63 siguen ahí desde entonces. Estaban, también, las viudas del Pinabete, que colapsó en agosto de 2022 en Sabinas y atrapó a 10 hombres. Entre diciembre de 2023 y enero de este año, se han recuperado cuatro de los cadáveres. Los otros seis siguen sepultados a más de 60 metros bajo tierra.

Un avión de las fuerzas aéreas, enviado por López Obrador, recogió a las mujeres en el Aeródromo de la Región Carbonífera de Coahuila, apenas una pista de aterrizaje a las afueras del pueblo de Nueva Rosita. Despegaron sobre las 11.00 y a eso de la 13.30 aterrizaron en el Aeropuerto Felipe Ángeles (Aifa), uno de los grandes proyectos de infraestructura de este sexenio. “Nos hospedaron en un hotel, de ahí comida y después a reunirnos con el presidente”, narra una de las viudas del Pinabete, presente en el viaje y la reunión, que ha pedido que su nombre no aparezca en este artículo.

El grupo llegó al Zócalo el martes por la tarde. “Una se siente dichosa o halagada porque no cualquier persona tiene posibilidad de entrar a Palacio Nacional y menos con el presidente”, cuenta la misma mujer. Las viudas ya habían tratado antes con López Obrador. La última vez, el 19 de enero, cuando el presidente visitó el Pinabete para supervisar los trabajos de recuperación. El martes, la reunión duró tres horas y también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo al que el presidente hizo responsable de gestionar el rescate, ingenieros que participan en la operación y otros funcionarios.

La CFE es señalada por los expertos en minería y las familias de las víctimas como otro culpable en la sombra de los accidentes mineros. El 99% del carbón del que se abastece el organismo, pilar de la reforma eléctrica de López Obrador, procede de Coahuila. Una investigación de Animal Político reveló que la CFE tenía un contrato con los administradores del Pinabete por 75 millones de pesos y, a pesar de las nulas condiciones de seguridad de la mina, calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera entre 2020 y 2024.

Inconformidades, justicia y decretos

En la reunión, todas las viudas expresaron sus “inconformidades”. “[El presidente] nos escuchó y dijo que esas peticiones no le habían llegado y que ahora que se las habíamos hecho llegar, nos daba su mano”. La mujer del Pinabete, en concreto, manifestó su preocupación sobre el arresto de los culpables. Dos hombres, Cristian Solís Saavedra, presunto capataz, y Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la empresa, están detenidos. Un tercero, Arnulfo Garza Cárdenas, se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional de la Interpol.

Para las familias, los detenidos son solo “prestanombres”, no los responsables de la explotación. “Yo le pedí [al presidente] que nos ayudara con la investigación y saliera realmente quién es el dueño, se habla de muchos políticos que sabemos que tienen concesiones de carbón en Coahuila, quiero justicia para el papa de mis hijas. El Gobierno de Coahuila no apoya mucho, nos dijeron que el primer hueso que encontráramos se haría la demanda contra el patrón, ahora dicen que cuando estén los 10 mineros fuera. Él [López Obrador] me dijo que nos iba a apoyar con la petición”.

López Obrador informó también de los avances en las operaciones para recuperar los cuerpos, que espera lograr durante el verano en ambos casos. En el caso del Pinabete, más reciente y con cuatro cadáveres rescatados este año, parece más probable. En cuanto a Pasta de Conchos, la cosa se complica, opina Omar Ballesteros, miembro de la organización Familia Pasta de Conchos, que lucha por los derechos laborales de los mineros. “¿Por qué darle el rescate a la CFE? Pudo influir en que se atrasara. CFE no tenía capacidad para hacer un rescate en una mina de carbón que explotó y se derrumbó hace 18 años. CFE sirve como institución para manejar la energía de México, no rescates mineros”, critica.

López Obrador ya prometió sacar a todos en 2019, pero desde entonces no ha habido progresos visibles. “Son las mismas promesas que se dicen siempre, pero los avances en verdad no son significativos. Falta mucho para llegar al objetivo que las familias tienen, que es recuperar los cuerpos de sus esposos y padres”, abunda Ballesteros. “Son dos eventos totalmente distintos por los contextos. El [derrumbe de] Pinabete ocurrió en esta administración y es algo que a López Obrador le pesa más rescatar: son muertos que van directamente a él. Pasta de Conchos pasó hace 18 años, es más complicado rescatarlos por el tiempo que ha pasado”, resume.

La viuda del Pinabete sintetiza: “Más que nada, la reunión fue para reafirmar el compromiso [del presidente] con los seis compañeros que están en el tajo [la excavación a cielo abierto que se ha hecho para llegar a los cuerpos]”. También, continúa, para ofrecer sus condolencias a las familias de los cuatro mineros que ya fueron recuperados. “Dice que se siente comprometido a devolvernos a nuestro familiar. En cuestiones del Gobierno en Coahuila, si él [López Obrador] no hubiese estado en el Gobierno, el padre de mis hijos se hubiera quedado en ese lugar, no le habrían sacado nunca. Le tengo muy poca fe al gobierno de Coahuila [del PRI]”, argumenta.

Otra de las viejas promesas reiteradas en esta reunión del presidente, que termina su legislatura el próximo 2 de junio con la celebración de elecciones, fue dejar una suerte de pacto o decreto para que, gane quien gane, se garantice que los trabajos de recuperación continuarán. “Eso fue mi gran satisfacción, saber que mis compañeras pueden tener ese gran alivio de que si sale [López Obrador] y aún no hay rescate, van a seguir buscando a su familiar”, considera la mujer del Pinabete. “Realmente lo sentí muy honesto, él no habló para nada de ningún partido político, ni mencionó nada sobre las elecciones”, añade.

Ballesteros es más crítico: “A las viudas con las que yo he platicado les satisfacía el decreto, esto motiva mucho a las familias, pero el gremio minero ya está acostumbrado a estos comentarios que hacen todos los funcionarios: ‘Sí, vamos a mejorar condiciones, vamos a recuperar los cuerpos’. Algo muy importante es acceder a la justicia. Se está creando un ambiente de impunidad y si no se castiga a los responsables se van a seguir cometiendo crímenes. A ver qué nos espera en el próximo sexenio, pero tenemos la esperanza, la fe y la ética de que queremos ese rescate, lo seguimos esperando, por las familias y por la dignidad que merecen los pueblos mineros”.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.