La reforma eléctrica de López Obrador se enfrenta a una votación incierta

La Cámara de Diputados discute este domingo el futuro eléctrico de México. Los legisladores tienen en sus manos la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las prioridades del mandatario para la segunda mitad del sexenio. La iniciativa, que ha sido criticada por asociaciones ambientalistas, empresas y Gobiernos extranjeros, propone limitar la participación privada en el sector energético y dar más poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pese a las presiones sobre los diputados de oposición para que voten a favor, López Obrador se enfrenta a la que sería su primera gran derrota parlamentaria desde que llegó al poder en 2018.

La tensión es palpable. Los diputados de la oposición empezaron a llegar a la Cámara en la tarde del sábado con maletas, cojines, y cobijas con la intención de pasar la noche en sus oficinas. Los partidarios del presidente han convocado manifestaciones frente a la sede del legislativo para pedir el voto a favor de la reforma y la oposición temía que les cerraran el paso. El PRI hizo un pase de lista en uno de los salones de la Cámara en el que cada diputado gritaba el número de su voto hasta llegar a 70. Falta uno, Carlos Miguel Aysa Damas, quien decidió desobedecer a su partido y votar a favor. Aysa fue vitoreado el sábado en una concentración de Morena, el partido de López Obrador, en un hotel cercano. Allí sus diputados cantaron el himno mexicano puño en alto.

Los números favorecen a la oposición. Morena necesita 57 diputados de oposición para llegar a la mayoría calificada. Incluso si se aprueba en la Cámara, la reforma tendrá que pasar el escrutinio del Senado, donde la mayoría oficialista es más frágil. En este contexto, la oposición ha olido sangre y ve en la votación del domingo una oportunidad para propinarle una derrota importante a un Gobierno que cuenta todavía con una amplia base de apoyo popular y con una sólida mayoría parlamentaria. Tras meses de jugar a la ambigüedad, el PRI anunció la semana pasada que votaría en contra y cerró filas con sus aliados del PAN y del PRD.

Con los vientos en contra, el Gobierno y Morena se han movilizado para conseguir los votos que faltan. El partido mayoritario aplazó la discusión, prevista inicialmente para el martes, hasta este domingo -en una sesión que comienza a las diez de la mañana- y así ganar tiempo. López Obrador ha aprovechado para lanzar varios llamados a los diputados del PRI para que se rebelen contra la decisión de su dirigencia y ha subido el tono de los ataques. Todos aquellos que voten contra su reforma serán “traidores a la patria”, ha dicho.

Han pasado más de seis meses desde que el presidente envió al Congreso la iniciativa con la que quiere lograr la “soberanía energética”. Para el mandatario, eso implica desmantelar las bases establecidas con la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto en 2013, que abrió el sector de la generación a la inversión privada. La propuesta plantea privilegiar a las centrales de la CFE y dejar en un segundo lugar a las particulares, aunque sean más limpias y baratas. Además, el Gobierno propone cancelar todos los contratos firmados por las empresas energéticas, a quienes López Obrador ha acusado de “no querer dejar de robar”.

Desde su presentación, la iniciativa ha sido objeto de una intensa discusión en México. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de fortalecer a la CFE, organizaciones ambientalistas han denunciado que la reforma traería mayor contaminación - un incremento de emisiones de CO2 de entre un 26% y un 65%, según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE UU -. Las empresas, por su parte, han amenazado con llevar a México a paneles de arbitraje internacional. Si se cancelan sus contratos, el sector privado calcula que las indemnizaciones pueden oscilar entre los 60.000 y los 120.000 millones de dólares.

La reforma también ha captado la atención internacional y ha tensado las relaciones bilaterales con EE UU, principal socio comercial de México. El Gobierno de Joe Biden estima que alrededor de 10.000 millones de dólares en inversión estadounidense están en riesgo y ha advertido de que utilizará los mecanismos contemplados bajo el acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, para denunciar a México. “Insto a su Gobierno a que suspenda estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores estén protegidos”, escribió la representante comercial de EE UU, Katherine Tai, en una carta al Gobierno mexicano. López Obrador, sin embargo, ha resistido la presión y se ha negado a hacer modificaciones a su propuesta.

Anticipándose a una posible derrota en la Cámara, López Obrador ha intentado quitarle importancia. La reciente decisión de la Suprema Corte de desestimar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica le dio al Gobierno un balón de oxígeno, ya que dejó intactas las modificaciones aprobadas por la mayoría oficialista en marzo del año pasado. Estos cambios ya recogen muchos de los puntos que se intentan aprobar ahora con la reforma constitucional, aunque no son inmediatamente aplicables por las suspensiones que consiguieron empresas y asociaciones ambientalistas mediante los amparos.

En cuanto a la nacionalización del litio, otro de los puntos clave de la reforma, el presidente ya ha anunciado que tiene lista una iniciativa para modificar la ley minera. Con los cambios, el mandatario busca que este mineral utilizado en la fabricación de baterías eléctricas solo pueda ser explotado por el Estado. “Si hay traición de los legisladores acabo de firmar la reforma a la ley minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación”, declaró esta semana.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país