Interpol emite una ficha roja de búsqueda y captura contra tres presuntos implicados en la muerte de los mineros de Coahuila

Interpol ha emitido una ficha roja contra Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, propietarios de la empresa El Pinabete, y contra Cristian Elois Solís Saavedra, el encargado de la explotación de la mina en Coahuila en cuyo interior 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. Los trabajadores que consiguieron escapar no tardaron en denunciar las pésimas condiciones de seguridad bajo las que se veían obligados a trabajar.

En cuanto tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para el caso, que terminó con la imputación de estas tres personas. La institución señaló que buscaban a una persona que presuntamente manejó la “dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo”, y otras dos personas más que “incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral del pozo”.

Se programó una fecha para que los acusados se presentaran ante la justicia, pero no aparecieron. Fue entonces cuando se solicitó la ficha roja a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), en la que participan 194 países.

La ficha roja es una notificación que Interpol realiza a las fuerzas del orden de todos los países miembros para localizar y detener a una persona, en espera de que pueda ser extraditada para su enjuiciamiento o para cumplir condena. La agencia internacional no detiene a nadie, sólo emite la petición de arresto, que debe ser llevada a cabo por la policía nacional del país en el que se encuentre el sujeto. Actualmente, la Interpol ha lanzado 69.270 fichas rojas. El año pasado sólo emitió 10.776, según datos de la organización.

La Fiscalía pretende juzgarles por el delito de “explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación”. La Ley de Bienes Nacionales sanciona con entre dos y 12 años de prisión “a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”. Además, los dos propietarios serán acusados de haber permitido que “de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero”, según aparece en el comunicado emitido por la institución el pasado 4 de septiembre.

Desde que los 10 mineros quedasen atrapados en la mina, se ha especulado mucho sobre quién podría ser el responsable de la misma. Para que el Gobierno otorgue una concesión de explotación de una mina, la empresa debe cumplir unas condiciones mínimas de seguridad a sus trabajadores. En este caso, la concesión de la mina colapsada en la zona de Las Conchitas fue otorgada a la sociedad Minera Río Sabinas SA, que después la transfirió a la empresa El Pinabete. Solís figuraba en los papeles como el dueño de esta empresa, pero este periódico ha informado de que existe la posibilidad de que sólo sea “un prestanombre”, alguien que firma los documentos pero que no toma las decisiones.

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