La Fiscalía obtiene tres órdenes de aprehensión por el colapso de la mina en Coahuila

A un mes del colapso de la mina que dejó 10 mineros bajo tierra en el Estado de Coahuila, la justicia mexicana ha dado el primer paso para responder a las familias de las víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este domingo que obtuvo órdenes de aprehensión contra tres posibles responsables de la tragedia del pasado 3 de agosto. El Ministerio Público ha señalado que se trata de una persona que presuntamente manejó la “dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo”, en relación con quien estaba a cargo de la mina El Pinabete, y de dos personas más que “incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo”.

El Ministerio Público solicitó el pasado 11 de agosto una imputación contra Cristian Solís, el supuesto propietario de la mina, por explotación ilícita del carbón, “incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza” actividades mineras. De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR, el delito que se les imputará a los tres será el de explotación ilícita de un bien nacional. La Ley de Bienes Nacionales sanciona con entre dos y 12 años de prisión “a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”.

Las empresas en México deben garantizar las condiciones de seguridad para que el Gobierno les otorgue una concesión de explotación, de acuerdo a la ley. La concesión de la mina colapsada en la zona de Las Conchitas fue otorgada en 2003 a la sociedad Minera Río Sabinas SA de CV, que después la transfirió a la compañía minera El Pinabete, que explotaba la mina en el momento de la tragedia, han informado las autoridades. En ese sentido, Solís era el dueño en papeles, pero gente que le conoce ha explicado a este periódico que existe la posibilidad de que sea “un prestanombre” solamente.

Quién se encuentra detrás de Solís ha sido materia de especulación el último mes. En el camino se ha señalado a Regulo Zapata, exalcalde de Sabinas, como uno de los dueños reales. El político se ha deslindado de cualquier vínculo con el Pinabete. Como socios de la empresa que explotaba la concesión, se ha apuntado contra un empresario de nombre Adolfo Garza Cárdenas y otro llamado Rafael García Luna Acuña, hijo de una estrecha colaboradora del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. En medio de un escenario difuso sobre las responsabilidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía investigar en profundidad a los dueños del pozo.

En su comunicado, la FGR no ha explicado contra quiénes se emitieron las órdenes de aprehensión. Por los pasos previos en la investigación judicial, se entiende que se ha actuado contra Solís, pero se desconoce a cuántas personas más se acusa del colapso en la mina. Los tres señalados fueron citados ante el juez, pero ninguno acudió a la audiencia, según la Fiscalía, por lo que el magistrado dio luz verde a que sean buscados por las fuerzas de seguridad.

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