Las viudas de los mineros sepultados en el pozo de Coahuila batallan por una pensión digna

No es un cementerio, pero ahí, 60 metros bajo tierra, hay 10 cuerpos sepultados. Martha María Huerta acude cada día al derrumbe como quien lleva flores a un camposanto. El pasado agosto el pozo de carbón del Pinabete, en Sabinas, Coahuila, colapsó y atrapó a su pareja, Sergio Gabriel Cruz, junto a otros nueve mineros. Después de una fallida misión de rescate que duró semanas y agotó las esperanzas de los familiares, el Gobierno dio a los obreros por muertos. Ese día, para Huerta y el resto de esposas no solo comenzó el duelo; también una odisea para conseguir que la compañía responsable, Minera El Pinabete, cumpla la promesa que hizo aquella jornada: continuar pagando a las viudas el sueldo que cobraban sus maridos —o por lo menos, una parte— hasta que concluyera la recuperación de los restos. Al principio, la empresa les dio un salario de unos 4.000 pesos semanales, pero en octubre aseguró que estaba en bancarrota. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver un peso.

Huerta (40 años) no ha cesado de peregrinar hacia la boca del pozo, que ahora es un enorme tajo a cielo abierto desde que el Gobierno empezó a dinamitar el terreno para intentar recuperar los cuerpos —calculan que tardarán entre seis y 11 meses—. Un amasijo de tierra, lodo, agua y carbón. Ella acude porque no se fía, necesita ver con sus propios ojos que el rescate continúa, que no se ha paralizado otra vez. “Soy la única de todas las señoras que sigo yendo diario al Pinabete a verificar que sigan trabajando”, cuenta por teléfono.

—¿Todos los días?

—Todos los días. No pienso dejarlo [a Cruz, 41 años], nunca lo dejé en vida y ahorita menos. Sé que me está viendo al pie del cañón desde donde está. Es algo horrible, créeme. Cada día que voy es llorar de coraje, de impotencia, de dolor. Saber que se fue mi compañero de vida, un hombre excelente. Es algo que yo ya no quisiera hacer porque duele mucho, pero tengo que hacerlo. Quiero que me lo den y que él sienta mi presencia. Mientras esté allí voy a estar con él todos los días.

“El dueño supuestamente ya no tiene dinero y nos dejaron de pagar”

Las mujeres aseguran que la compañía se comprometió a pagar el sueldo que cobraban sus maridos, pero cuando el calor mediático se enfrió y el accidente dejó de ocupar primeras planas, el dinero cesó de llegar. Después del derrumbe, el Gobierno entregó una indemnización de 4.700.000 pesos (unos 250.000 dólares) a cada viuda. Sin embargo, la empresa del Pinabete todavía no se ha hecho responsable de la pensión que les corresponde —un monto distinto del que acordaron abonar hasta recuperar los restos—.

EL PAÍS ha tratado de contactar a los responsables de la Compañía Minera El Pinabete, pero al cierre de esta nota no ha recibido respuesta.

“Dejaron de darnos el sueldo de ellos. Tienen detenido a Cristian [Solís] que es el que aparece como dueño y supuestamente ya no tiene dinero y nos dejaron de pagar”, sintetiza Huerta. Solís fue el único arrestado por el derrumbe. Legalmente, es el propietario de la explotación minera, pero todos en la zona creen que se trata solo de un “prestanombres”: un cabeza de turco, alguien al que se compra para que asuma la responsabilidad si, como pasó, algo se tuerce. “Sé que los verdaderos dueños son otras personas, pero también quiero que pague Cristian porque él sabía perfectamente en qué estado estaba la mina. Por la avaricia del dinero no le importó que se fueran diez vidas, así que a mí no me va a interesar tampoco si le dan años” sentencia la mujer.

“Estas minas pertenecen a políticos, exalcaldes… [Sabinas] es una ciudad extremadamente pequeña, todos se conocen, todos conocen quién es el dueño. Las víctimas saben también que pueden tener grandes repercusiones por parte de estas personas, porque cambian de posición política: de empresarios a carboneros; de carboneros a políticos. Es un círculo vicioso”, apunta Omar Ballesteros, miembro de Familia Pasta de Conchos, una organización de la zona que lucha por hacer respetar los derechos laborales de los mineros.

La mayoría de los hombres que murieron en el Pinabete eran padres con hijos. En la región carbonífera de Coahuila, la división de género aboca a los hombres a los pozos y relega a las mujeres a las maquilas, más seguras pero mucho peor pagadas, o al cuidado de los hijos y la casa sin un sueldo a cambio. En muchos de los hogares, el único ingreso regular que entraba era el salario de los 10 obreros. Además, cada una de las familias tiene sus propias dificultades particulares. Huerta, por ejemplo, es desempleada y recibía la mitad de los 4.000 pesos acordados, ya que no fue la primera pareja de Cruz, quien tuvo dos hijas con un matrimonio anterior del que llevaba un tiempo separado. A su exmujer y las niñas le correspondían los otros 2.000 pesos.

Intimidación a las viudas

Cuando sucedió el derrumbe, Jorge Luis Martínez (34 años) estaba echando horas de más porque su hija Alison (16) necesitaba un ordenador nuevo para clase. Su familia es humilde y cada desembolso extra supone un sacrificio. “La pensión todavía no se arregla, estamos hablando sobre lo que nos tendría que dar el seguro. Hasta ahorita estamos batallando porque quieren hacer lo que quieran con los pagos”, cuenta Carolina Álvarez (33 años), la madre de los hijos de Martínez y su expareja. Antes del accidente llevaban seis años separados, pero eran buenos amigos y ella no se movió de la boca del pozo durante los primeros días del rescate.

Álvarez, ahora desempleada, cuenta que después del derrumbe acudían cada sábado al despacho de un letrado de Sabinas para cobrar los 4.000 pesos. Hasta un día de principios de octubre en que recibieron un mensaje: “El abogado nos dice que a partir de ese día no íbamos a recibir ningún pago por parte de la empresa. Yo fui muy insistente en decirle que por qué si era su deber. Se habían comprometido a pagarnos hasta que acabara el rescate. Nos dijo que él nada más recibió órdenes de sus jefes”.

Ella siguió insistiendo porque le debían una semana. Consiguió que la citaran en unas oficinas de Sabinas. Precavida, fue con su hija y su madre. Allí el abogado le presentó a un hombre que nunca se identificó. Empezó a cuestionarla: “Se puso muy a la defensiva. Me dijo que Cristian Solís iba a salir libre porque era inocente. Fue muy intimidante y muy amenazante esa situación, me hablaba con una voz muy fuerte”. El presunto jefe de la compañía comenzó entonces a poner en duda que Martínez fuera el padre de los hijos mayores de Álvarez e insinuó que ella estaba mintiendo para cobrar la pensión.

Según Álvarez, para zanjar el tema, el hombre dijo que Cristian Solís era un “pequeño empresario que apenas estaba empezado y ya no tenía recursos” para pagar nada más. Al salir de allí, la mujer acudió a pedir consejo a la Secretaría del Trabajo, donde le dijeron que se conformara con lo que había recibido. Como apuntaba Ballesteros, la gente de la región sabe que son intereses muy poderosos los que se esconden detrás de las explotaciones de carbón de Coahuila. Tienen miedo de lo que pueda llegar a pasarles si presionan de más.

“Estoy representando al papa de mis hijos, me importa y quiero que se haga justicia. Las viudas tienen miedo a que nos vaya a pasar algo, dicen que no sabemos en lo que nos estamos metiendo. Cuando pusimos la denuncia fuimos solo cinco de 10. Esto se tiene que hacer en grupo, que vean que estamos unidas”, narra Álvarez. “Mientras sigamos con el miedo todo va a seguir igual. Hay que quitarnos el miedo. Quiero justicia y que paguen los que tengan que pagar”, remata Huerta.

“Nadie está haciendo su trabajo. Es muy brutal saber que las víctimas ni siquiera cuentan con un acceso a la justicia, eso es lo más decepcionante: sufren humillación tras humillación. Desconfían con cierta razón, saben a quién se están enfrentando, quienes son los patrones”, señala Ballesteros, experto en las dinámicas de poder que ocultan las empresas carboníferas. Según el registro que lleva su asociación, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX, más de 3.100 mineros han muerto en Coahuila.

El 99% del carbón que alimenta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la piedra angular de la reforma eléctrica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, proviene de Coahuila. La propia empresa del Pinabete tenía un contrato con la CFE por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera desde 2020 hasta 2024.

Las viudas de los mineros sepultados en el Pinabete saben que todavía les queda por delante un largo camino. Todavía no han podido enterrar los cuerpos de los 10 hombres, y la batalla para conseguir la pensión que les corresponde solo es otra piedra en el camino. “Ellos ganaban 5.000 pesos a la semana y el patrón los registró en el seguro con un sueldo mínimo. Haciendo cálculos, con lo que registró el patrón nos darían una pensión por mes de 2.000 pesos. El seguro está investigando”, señala Álvarez.

Álvarez critica también la labor del Gobierno y de Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil: “Toda la atención que teníamos cuando pasó el accidente desapareció. Nos dejaron hasta el día que se rescaten los restos. Por lo pronto nadie habla sobre nada, nadie te asesora. La desesperación sigue en pie. Creo que nos ocultan muchas cosas”. Y mientras, de fondo, acompañando cada etapa del rescate, el duelo: “De pronto volteas a ver a tu hijo que está viendo la televisión y le ves con lágrimas en los ojos. Le dices: ‘¿Qué tienes?’ ¿Y qué va a tener? No sé si fue Dios, el destino, el universo, tómalo como quieras. Solamente nos queda esperar a que todo termine y pedir que sea rápido. Va a ser algo que se queda para siempre marcado”.

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