La economía en tiempos electorales: los vientos de la geopolítica comercial soplan a favor de México

México llega a las elecciones más grandes de su historia en un contexto económico efervescente. Los vientos de la geopolítica comercial soplan a su favor, mientras que, al interior del país, las familias tienen más dinero en el bolsillo. El año pasado, la economía creció 3,2%, por encima de sus pares latinoamericanos, mientras que su moneda se fortalece hasta cotizar a niveles no vistos desde 2015. Este año, la economía no está entre las mayores preocupaciones entre el electorado.

Pero no todo está ganado. A la próxima presidenta (muy probablemente, y por primera vez, una mujer) ya se le empieza a nublar este cielo despejado. Los datos más recientes muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) lleva dos trimestres consecutivos estancado. La inversión fija, medida clave del crecimiento por venir, se ha ralentizado en el mismo periodo. Al mismo tiempo, analistas advierten de dos deficiencias importantes: una situación fiscal delicada y la carencia de un plan para atraer la inversión que busca salir de China.

El actual momento de optimismo tardó en llegar. En 2018, antes de tomar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se apresuró a cumplir una de sus promesas de campaña: cancelar la construcción ya en curso de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. La reacción de los mercados dejó ver lo poco que sabían del candidato, ya que inversionistas reaccionaron vendiendo sus activos en pesos, desplomando el tipo de cambio. La inversión fija, aquella destinada a la construcción o la compra de maquinaria, también tuvo una caída que se mantuvo hasta 2022. La contracción económica por la pandemia fue de más de 8% del PIB, cerraron de manera definitiva un millón de empresas y la recuperación de México fue la más lenta en América Latina.

Habiendo pasado los picos inflacionarios post pandemia, México todavía no alcanza el objetivo del banco de central del 3% (la más reciente cifra de inflación es 4,78% en mayo), por lo que las autoridades monetarias hicieron ya un recorte a la tasa de interés. La economía mexicana “se ve bien”, dice Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, en un tono plano y sin entusiasmo.

“Cuando se mira el panorama macroeconómico, no se ve ningún desequilibrio importante que requiera una acción política correctiva inmediata. No hay un gran déficit de cuenta corriente o una inflación fuera de control”, dice Ramos, al teléfono desde Nueva York, “lo único es que parece que México quizás no esté aprovechando plenamente las oportunidades que se han presentado”.

Pasado el trago amargo de la cancelación del aeropuerto, los inversionistas están mirando ahora a México porque Estados Unidos ha recrudecido una guerra comercial con China. El presidente Joe Biden ha ampliado prohibiciones para empresas estadounidenses que invierten en China, impuesto aranceles del 50% en contra de ese país y ha diseñado incentivos para atraer la producción de autos eléctricos y chips semiconductores.

Con un nuevo tratado de libre comercio entre los países de Norteamérica de apenas cuatro años, México es una alternativa natural para el llamado nearshoring. La Secretaría de Economía lo ha llamado el “momento mexicano”, presumiendo cifras récord de Inversión Extranjera Directa (IED) que tocaron 20.300 millones de dólares en el primer trimestre del año. Estos flujos, en combinación con el fuerte ingreso de remesas familiares, explican cómo el tipo de cambio se ha apreciado 17% desde que López Obrador llegó al poder, cotizando actualmente cerca por debajo de los 17 pesos por dólar, un nivel no visto en nueve años.

“Si no fuera por las políticas nacionalistas populistas, el país probablemente, en esta etapa, estaría atrayendo muchas más inversiones y la economía crecerá más rápidamente, pero siguen siendo demasiado nacionalistas, demasiado introspectivas”, opina Ramos. López Obrador no solo pasó legislación para garantizar un monopolio de las paraestatales de hidrocarburos y electricidad, sino que también ha entrado en confrontación directa con una minera estadounidense que acusa al Gobierno de intentar expropiar su planta en Quintana Roo.

El marco regulatorio no es el más favorable a la inversión, opina Ramos, y el país todavía está desperdiciando muchos recursos públicos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Según un estimado, la deuda de más de 100.000 millones de dólares de la petrolera, la más endeudada del mundo, es equivalente a más del 8% del PIB. Bajo López Obrador, se le han inyectado miles de millones en recursos públicos.

“El problema no solo es la deuda, sino todo el negocio de Pemex”, dice Alejandra Macías, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), una organización sin findes de lucro. “Por más ayuda que se les dé, no parece mejorar. Se paga un pedazo de la deuda por aquí y otro por acá, pero sigue teniendo pérdidas por refinación y otros de sus negocios. Creo que el replanteamiento, para la próxima Administración, tiene que ser más integral”, agrega Macías.

Si López Obrador no quiso endeudarse para estimular a la economía durante los confinamientos de la pandemia, sí lo hizo en su último año de Gobierno, con la justificación de que debía terminar sus obras de infraestructura prioritarias: un tren turístico conocido como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec diseñado para potencial el comercio y una refinería en su estado natal de Tabasco. Además, en cumplimiento a la veda electoral, se adelantaron cuatro meses de transferencias directas a la población al principio del año. Esto ha llevado al consumo a un récord máximo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para financiarlo, salió al mercado internacional a emitir miles de millones de dólares en bonos, convirtiéndose en el mayor emisor en su categoría a nivel mundial.

López Obrador tuvo mucha suerte. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, hizo el trabajo más pesado en la renegociación del tratado de libre comercio, en el que los empresarios se comprometieron a pagar mejores salarios. López Obrador llegó a ejecutar este acuerdo, con incrementos promedio del 20% anual, lo que impulsó los ingresos familiares y ayudó a que cerca de cinco millones de personas salieran de la pobreza. Todos los candidatos a la presidencia han dicho que continuarán con esta política si llegaran al poder.

Ramos y Macías coinciden que la próxima Administración ya no tendrá la misma suerte y esto es, en parte, por diseño. López Obrador dejó en el Congreso una amplia agenda de reformas que incluyen un incremento en las ayudas sociales, específicamente, de pensiones a adultos mayores. Para costear este tipo de gasto corriente, el Gobierno se ha endeudado, algo que no es sostenible a la larga, advierte Macías. Estimados del CIEP muestran que entre 2016 y 2024, el espacio fiscal redujo de 4,7% a 0,9% del PIB. Solo entre el año pasado y este, el espacio de maniobra para el gasto del Gobierno encogió 60%.

“¿Cuáles son los gastos ya comprometidos y que no puedes reducir? El de la deuda, las pensiones, transferencias a Estados y municipios. Los recursos a la seguridad social, a las empresas del Estado. Esos rubros ya no los puedes modificar. Entonces, cuando tú haces esa resta de ingresos, menos gastos comprometidos, el espacio que te queda para hacer otras cosas se va reduciendo cada vez más”, explica Macías.

La candidata oficialista, quien lleva una ventaja de 20 puntos en encuestas, ha asegurado que el déficit pasará de 6% del PIB este año a 3% el próximo, sin necesidad de una reforma fiscal para subir impuestos. “Lo que más nos preocupa es que ella esté heredando un panorama fiscal más desafiante que el que heredó AMLO”, dice Ramos, “(Sheinbaum) ha hecho una promesa vacía de que el año que viene alcanzarán el 3%. No creo que lleguen al 3%. Creo que el mercado puede darles un pase si llegan a 4% o 4,5%, lo que requerirá legislación difícil. Pero, eventualmente, en los próximos 2 o 3 años, es posible que necesite una reforma fiscal”.

Por su parte, la candidata que va en segundo lugar en las encuestas, Xóchitl Gálvez, también asegura que no es necesario implementar una reforma fiscal, ya que impulsaría el nearshoring para crecer la economía. Su plan es ambiguo, pero cuenta con un motor central: resucitar la participación de las empresas privadas en el sector energético para garantizar el suministro a las empresas que relocalicen en el país.

Las propuestas de Sheinbaum, en cambio, son una continuación del proyecto de López Obrador, una Administración que cerró las agencias de promoción de inversión en el extranjero y que ha dejado a los Gobiernos estatales la tarea de recibir a las empresas extranjeras interesadas en abrir operaciones el país. En una presentación el mes pasado ante el sector bancario, Sheinbaum propuso que para aprovechar el nearshoring construirá las carreteras y plantas de electricidad que sean necesarias para que el sector privado construya 100 parques industriales. Su campaña ha sido muy cuidadosa de no proponer algo que no vaya en línea con lo que ha hecho el presidente López Obrador.

Considerando las preferencias de voto, y salvo una sorpresa el día de los comicios, el enfoque de Ramos durante esta contienda electoral en México se centra en la candidata puntera. “Hay un gran signo de interrogación que es ¿quién es Claudia Sheinbaum? No lo sabemos”, dice el economista.

Es más joven y tiene un nivel educativo más alto que López Obrador, destaca Ramos, “por otro lado, algunos dicen que tiene un carácter más dogmático, ideológico y de izquierda. Entonces hay como una cola izquierda y una cola derecha. Nadie lo sabe realmente. Quizás ella vaya a ser más pragmática. Quizás tenga una visión más moderna del sector energético, de la transición verde, aunque sabemos que cree en un Gobierno dominante y en reservar un mercado para CFE y Pemex. Entonces, la verdad es que, a unas semanas de las elecciones, no sabemos lo suficiente”.

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