¿Una reforma fiscal en México? Los mercados no la ven necesaria

Dicen que es impostergable. Desde la academia y las organizaciones civiles se pide con urgencia una reforma fiscal para que México recaude más impuestos y cubra pasivos de largo plazo, como las pensiones, sin descuidar el gasto en servicios públicos. A esto hay que agregar que México también necesita recursos para transferir ayudas sociales, programas que esta Administración logró consagrar en la Constitución. Es imperativo cobrar más impuestos, coinciden especialistas en finanzas públicas, porque esta hoja de cálculo es una bomba de tiempo.

Los mercados, por otro lado, parecen ver otra cosa. La tasa en el bono soberano referencia con duración a 10 años han bajado a 9,26% desde su último pico de 10,24% en octubre y se mantiene a niveles bajos en comparación con países pares. Además, a pesar del incremento en el gasto anunciado para este año por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México conserva su grado de inversión. La deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se estima que cierre el año en 49%, un nivel bajo para una economía emergente del tamaño de la mexicana. Entonces, ¿cuál es la urgencia?

México ha seguido una política macroeconómica prudente en la que se prioriza el pago de la deuda por encima de todo, lo que hace de sus bonos los favoritos de Wall Street entre países en desarrollo. Mientras tanto, señalan especialistas, se ha reducido el gasto en servicios públicos de calidad y las candidatas a la presidencia deben reconocer que las promesas de campaña no se pueden materializar si no vienen con un presupuesto asignado.

Pocos impuestos

México, con casi 130 millones de habitantes y cerca del 56% de su economía sumida en la informalidad, no recaba suficientes impuestos. Los ingresos tributarios suman aproximadamente el 17% del PIB, lejos del 34% de promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). México está a la cola, mientras Francia encabeza la lista con el 46%.

Los impuestos recabados como porcentaje del PIB en México son similares a los de Colombia y Guatemala, países en donde la necesidad de una reforma fiscal es una constante en la discusión pública. En Colombia, ante la inhabilidad del Gobierno por pasar una nueva ley tributaria en 2020, dos calificadoras retiraron su grado de inversión y, en enero, S&P advirtió de que el Gobierno debe hacer ajustes fiscales para que sus finanzas sean sostenibles, por lo que redujo la perspectiva del país de “estable” a “negativa”.

En comparación, México cuenta con varias ventajas competitivas. El tamaño de su economía la hace una apuesta atractiva para inversionistas extranjeros y la posibilidad de que se trasladen al país empresas que buscan salir de China (tendencia conocida como nearshoring) ha generado entusiasmo. Sin embargo, aunque su calificación es buena, las crecientes presiones fiscales no pasan desapercibidas.

Gasto en aumento

“El deterioro fiscal hasta 2023 llevó al gobierno a aplazar el gasto hasta el próximo año”, escribieron analistas de la firma Fitch en diciembre. “Las presiones sobre el gasto provienen principalmente del aumento de los costos de endeudamiento interno, dadas las altas tasas de interés, y del aumento del gasto de capital relacionado principalmente con los proyectos de infraestructura pública en el sur de México”, dice el reporte en referencia a obras emblemáticas de esta Administración como el turístico Tren Maya en la península de Yucatán y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Este año se celebran elecciones generales para elegir presidente, ambas cámaras del Congreso y nueve gobiernos estatales. Ninguna de las dos candidatas punteras a la presidencia mencionó una posible reforma legislativa para aumentar impuestos, ni siquiera a los contribuyentes más ricos. La oficialista, Claudia Sheinbaum, asegura que con los ahorros generados por la austeridad y el combate a la evasión son suficiente para financiar todo lo prometido. Su rival, Xóchitl Gálvez, dijo recientemente que “sí hay dinero”, por lo que alcanza con reasignar los impuestos existentes.

Con la intención de que las candidatas los escuchen, especialistas de siete organizaciones no gubernamentales y un programa universitario lanzaron este martes una Alianza por la justicia fiscal, un programa de 12 propuestas para cambiar el sistema tributario en México por otro más progresivo. Consideran que solo así se podrá garantizar servicios públicos de salud, educación, cuidados e infraestructura.

Entre las propuestas están aumentar la incidencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los estratos económicos de mayores ingresos; limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos; fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial; y reducir las exenciones en el impuesto a los combustibles para aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de dióxido de carbono emitido. Por lo menos, se necesita un 5,5% del PIB adicional para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los servicios públicos que marca la ley, estimaron los especialistas.

Urgencia global

La urgencia de México por cobrar más impuestos a la riqueza es también la urgencia de muchos países, señaló en el evento de lanzamiento Alexandra Haas, directora de Oxfam en México. En este momento, las Naciones Unidas están discutiendo la imposición de una tasa impositiva global que reduzca el atractivo de los paraísos fiscales a donde los más ricos recurren para tener sus fortunas libres de impuestos. “Es también un contexto importante en América Latina, la creación de una plataforma para discutir la postura de la región frente a los impuestos en paraísos fiscales”, señaló Haas.

En la más reciente reunión del G20 en Brasil, el presidente de ese país, Luis Inacio Lula da Silva, hizo público un llamado al economista Gabriel Zucman para proponer un impuesto global a la riqueza, recordó Hass. “Esto tiene que ponerse de frente como una discusión que va a tener impacto en los países”, aseguró.

En México, mientras tanto, “es entendible que por razones electorales nadie quiere hablar de la reforma fiscal”, dijo Enrique Provencio, director del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “pero pensamos que sería una irresponsabilidad pública y política no hacerse cargo de que este es un problema impostergable”.

“Hay que atacar el problema, hacerse cargo de él más allá o más acá de las implicaciones electorales, es algo que se debe afrontar”, concluyó.

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