La reforma fiscal se aleja de la agenda de López Obrador

La reforma fiscal es el elefante en la habitación mexicana. Desde el inicio del sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha ido esquivando presiones dentro y fuera del Gabinete. Lastrado por una de las recaudaciones más bajas de la región, el debate dentro del Gobierno precipitó incluso la renuncia en 2019 del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que insistió hasta el final en que los grandes objetivos de la llamada Cuarta Transformación, la lucha contra la pobreza y la mejora de los servicios públicos, pasaban necesariamente por subir los impuestos. La negativa del presidente a abrir el melón fiscal durante los primeros tres años parecía en todo caso dejar la puerta abierta una vez superado el rubicón de las elecciones intermedias del pasado junio. Cumplido el plazo, la hoja de ruta de ingresos y gastos para el año que viene presentada esta semana confirma que una reforma a fondo tendrá que esperar.

Tras la salida de Urzúa, el nuevo titular de Hacienda, Arturo Herrera, había alimentado de nuevo las expectativas esta primavera: “Justo después de las elecciones tendremos que evaluar juntos y si las condiciones nos permiten proponer cambios en la estructura tributaria del país”, dijo en la reunión anual de los banqueros mexicanos. Antes incluso, la bancada de Morena en el Congreso había lanzado un grupo de trabajo para preparar la llamada “transición hacendaria” y sentar las bases de la futura reforma sobre la premisa de concretar al detalle los proyectos y necesidades de gasto público de cara a la segunda mitad del sexenio.

Todo avanzaba a un ritmo lento pero durante el verano terminó descarrilando. En junio, el resultado de las elecciones había revalidado la victoria de Morena pero con una considerable pérdida de escaños y lejos de la mayoría absoluta con sus socios. También durante el principio del verano, Colombia vivió un estallido social desatado en primera instancia como reacción a una subida de impuestos. Y mientras, la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de apretar las tuercas contra la evasión fiscal de los grandes contribuyentes no paraba de ingresar dinero en la caja. Tres elementos destacados por los analistas consultados para este reportaje para entender el contexto del viraje.

Pasadas las elecciones, López Obrador anunció explícitamente que “no va a haber reforma fiscal. No va a haber aumentos de impuestos”. Poco después, un recién nombrado Rogelio Ramírez de la O, el tercer secretario de Hacienda en tres años, subrayó que entre las peticiones que le había hecho el presidente -mantener sanas las finanzas públicas, mejorar el sector energético y la banca de desarrollo- no estaba un cambio importante en el esquema fiscal. Pese al enfriamiento, el grupo parlamentario de Morena encargado de preparar una hipotética reforma ha continuado su análisis, aunque a menor ritmo.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ha formado parte de ese grupo de trabajo en Congreso para la transición hacendaria: “La discusión avanzada en el grupo sobre necesidades de gasto y alternativas fiscales está completamente ausente en el paquete fiscal presentado esta semana”. Los cambios aprobados se limitan al ámbito administrativo. No hay subida en los tipos, se eliminan algunas deducciones, se amplia la base de contribuyentes en el impuesto sobre la renta (ISR) y se agilizan procesos para que sea más fácil el pago. Para Villareal “no es un mal movimiento, pero debería ser complementado con más medidas porque el margen fiscal para este año va ser muy escaso”.

La recaudación de México ronda el 14% del PIB. Es la más baja de la OCDE y menor también que la media latinoamericana (por encima del 20%). El FMI, entre otros organismo internacionales, ha aconsejado en mas de una ocasión a México elevar la recaudación para poder mejorar el gasto en salud y educación, por debajo también de la media de sus homólogos latinoamericanos. Las recomendaciones internacionales se intensificaron durante la pandemia. Pero la respuesta del Gobierno fue tajante: la austeridad presupuestaria y el combate a la corrupción y la evasión fiscal será suficiente.

Pese al golpe de la pandemia, la recaudación cerró el año pasado con un ligero aumento del 0,7%. Mientras que este 2020, ya enfilando la recuperación económica, la crecida es de casi el 5%. Gran parte de responsabilidad en mantener los cimientos recaudatorios la tiene la política de mano dura del SAT que el año pasado logró captar captar ingresos adicionales por 496.000 millones de pesos, el nivel más alto de los últimos 10 años. “Se está consiguiendo compensar la caída de los ingresos petroleros pero el margen ese muy pequeño y no es suficiente para frontera las obligaciones del Estado en materia de pensiones o el gasto de las empresas paraestatales Pemex y CFE”, apunta el economista y consultor en finanzas públicas Carlos Brown.

El gasto total en pensiones, sumando la reciente subida decretada por el Gobierno, elevará hasta el 5% la presión para el año que viene, según estimaciones del CIEP. En sanidad, un sistema público universal como al que aspira también Morena costaría otro 4%. Mientras que una cobertura pública para las persona dependientes, también sobre la mesa con el anterior secretario de Hacienda, estaría en torno al 3%. Solo esos tres rubros se comerían casi el total de la recaudación.

Para el economista jefe del BBVA-Bancomer, Carlos Serrano, el paquete fiscal presentado esta semana no resuelve el problema endémico de la baja recaudación. Su receta pasa por avanzar en la integración la masa de trabajadores informales (suponen el 25% del PIB y 56% de la ocupación), y un esquema más progresivo: “Por ejemplo, reduciendo la exenciones al pago de alimentos y medicamentos, que benefician a las rentas altas y de ahí destinar un subsidio focalizado en las familias de bajos recursos. Además de ofrecer estímulos para que los Estados y los municipios recauden más, por ejemplo, en tenencia y predial”.

La puerta de entrada a una posible reforma a fondo durante lo que queda de sexenio parece hoy más estrecha incluso que al comienzo del mandato de López Obrador. “Las cambios fiscales importantes son impopulares y suelen hacerse a principio del ciclo de gobierno. Nadie como López Obrador ha tenido mejores condiciones para llevarlo a cabo tras el masivo apoyo electoral de 2018. Pero de momento, continúan creyendo que con el combate a la corrupción y la austeridad es suficiente”, cierra el experto en finanzas públicas Carlos Brown.

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