La guerra del Electrolit, la última batalla en la relación tóxica del Gobierno con la farmacéutica Pisa

“#Electrolitengaña”. Ese fue el concepto que se viralizó en redes sociales la última semana, impulsado por cuentas anónimas y con mensajes casi idénticos: el suero vendido por la farmacéutica Pisa como medicina en realidad es un refresco que está incumpliendo la legislación fiscal y sanitaria, por lo que debería pagar los mismos impuestos que una bebida de cola. Nace esta idea de una propuesta de reforma para la miscelánea fiscal, presentada en el Congreso por legisladores oficialistas, para que este tipo de sueros dejen de ser comercializados como medicamento y estén sujetos a gravámenes como cualquier bebida azucarada. La marca mencionada en el Parlamento es Electrolit y parece ser la última batalla entre una guerra heredada del sexenio pasado: El Gobierno contra Laboratorios Pisa.

“En México hay muchas bebidas electrolíticas, en particular como el Electrolit, que se han registrado como medicamentos, pero que en la práctica se consumen como refrescos y tienen más calorías y azúcar que muchas otras”, asegura Ernesto Núñez Aguilar, diputado del Partido Verde, que preguntó por esta posibilidad a Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, durante su reciente visita al Congreso. Según los cálculos de Núñez Aguilar y el grupo de diputados detrás de esta iniciativa, gravar Electrolit y productos similares supondría cerca de 3.500 millones de pesos más al año en las arcas públicas, ya que actualmente tienen 0% de IVA y no pagan el Impuesto sobre la Producción y Servicios al tener registro sanitario.

“Yo lo veía como una medicina, pero un grupo de doctores independientes pidió cita con nosotros y nos vinieron a decir que tiene más azúcar que un refresco”, explica Núñez Aguilar, que no recuerda el nombre de esta agrupación. De acuerdo a sus datos, las ventas anuales de estos productos son de 16.000 millones de pesos al año. Todo esto se da en el contexto de que en la propuesta de Parque Económico para el 2026 se incluye aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas.

La empresa que fabrica Electrolit es Laboratorios Pisa, una farmacéutica fundada en Jalisco en los años 40 del siglo pasado. Especializada en medicamentos infantiles, con el paso del tiempo y los contratos públicos se convirtió en uno de los gigantes de los medicamentos e insumos médicos en México. Actualmente, según datos de la propia empresa, cuenta con 14 plantas de producción en México, emplea a unas 30.000 personas y cuenta con una filial para distribución llamada Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa). Su cabeza más visible es Carlos Álvarez Bermejillo, actual presidente e hijo del fundador, Miguel Álvarez Ochoa. Se pidió una entrevista Laboratorios Pisa, pero a cierre de edición no habían contestado.

“La relación entre las farmacéuticas y el Gobierno de López Obrador fue extraordinariamente conflictiva y tensa”, explica Irene Tello, investigadora y especialista anticorrupción en la Universidad Central Europea, “pero con Laboratorios Pisa hubo un escarnio particular que no sabemos cuál fue la razón”. Tello coordinó Operación Desabasto, una investigación de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa sobre las razones que generaron el desabasto de medicamentos en México.

Aunque Laboratorios Pisa tuvo varias sanciones relativas a prácticas anticompetitivas previas al sexenio de López Obrador, en 2019 se dio una escalada de hostilidades entre el Gobierno emanado de Morena y esta empresa. Tras cambiar el sistema de compras de medicamentos para que en lugar del experimentado Instituto Mexicano del Seguro Social se hiciera cargo una inexperta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el entonces presidente vetó a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país, incluyendo la Dimesa de Laboratorios Pisa, con acusaciones de ser un oligopolio. Además, las autoridades suspendieron entonces la línea de producción de Laboratorios Pisa para uno de los principales medicamentos de cáncer infantil tras una visita de verificación y clausuraron siete de sus plantas por una bacteria, supuestamente tras una denuncia anónima. Todo esto fue clave para causar el desabasto de medicinas que todavía se siente en el sector salud.

“Todo esto llevó a una relación muy tensa en la que no hubo buen diálogo, con el Gobierno federal acusando a Laboratorios Pisa de causar el desabasto y de estar chantajeándoles”, finaliza Tello. En varias conferencias de prensa, López Obrador y el gabinete de salud acusaron que directivos de la empresa les habían dicho que, a cambio de que les dejaran abrir las siete plantas cerradas, volverían a distribuir los medicamentos contra el cáncer. La investigación Operación Desabasto dice que, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “las farmacéuticas no presionaron, pero sí intentaron cabildear en la Oficialía Mayor la continuidad en la distribución de medicamentos”.

Desde entonces, el Gobierno y Laboratorios Pisa mantienen una relación tóxica, en la que no hay amor pero se necesitan. La Administración requiere a Laboratorios Pisa para solucionar el abasto de medicinas, mientras la farmacéutica depende del sector público para poder mantener su negocio. Pese a todas las palabras altisonantes que se dijeron desde el Gobierno, entre 2021 y 2024 Laboratorios Pisa ganó 1.750 contratos por 2.500 millones de pesos, sobre 125 millones de dólares.

Esta contradicción del sexenio pasado se ha trasladado a la Administración actual. Solo en lo que va 2025, Laboratorios Pisa ha ganado 394 contratos públicos con un valor cercano a los 20.000 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares, principalmente para compra de medicamentos y servicios de diálisis. El pasado 23 de septiembre, durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó, en sus propias palabras, un “quién es quién en la entrega de medicamentos”, para mostrar que a “las empresas incumplidas”. Ese día, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló, entre muchas otras compañías, a Laboratorios PISA. “Si bien le hemos pedido muchísimo, 76 millones de piezas”, explicó, “12 millones de ellas, muchísimas, de batalla, no las han entregado”.

“Queremos que nuestra propuesta llegue a los presupuestos. Como en un mes sabremos si pasa o no, pero la verdad es que estamos hablando con varios compañeros y creo que si lo vamos a lograr”, asegura Ernesto Núñez Aguilar, el diputado del Partido Verde. Habrá que ver quién gana la guerra del Electrolit. Mientras tanto, las autoridades de salud aseguran que el suministro nacional ya está casi al 100%, pero los pacientes y médicos siguen denunciando la falta de insumos sanitarios.