El Gobierno mexicano inhabilita a la farmacéutica Pisa tras meses de tensión

El frente abierto entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los laboratorios Pisa ha terminado este miércoles con la inhabilitación de la farmacéutica, una de las mayores del país. La Secretaría de la Función Pública ha anunciado que apartará durante 30 meses de toda adquisición pública federal a la empresa y a su filial, la distribuidora Dimesa. Además les impone una multa de 1,1 millones de pesos (algo más de 50.000 dólares) a cada una. La dependencia las acusa de entregar información falsa para lograr un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Sin embargo, fuentes de la empresa consultadas por este periódico consideran que la medida es “desproporcionada” y busca evitar su participación en la próxima compra consolidada de medicamentos.

La Secretaría ha señalado que durante el proceso de adjudicación de un servicio de anestesia en 2017, las compañías presentaron una documentación que aseguraba contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato y, "sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”. La denuncia que desencadenó la investigación fue presentada por otra empresa del sector salud. En un comunicado difundido este miércoles, la empresa señala que la inhabilitación no afecta a los contratos ya vigentes con el sector público ni a sus ventas a hospitales privados.

Este es el último capítulo de un enfrentamiento que comenzó en mayo de 2019 cuando Cofepris, la dependencia federal encargada de vigilar la calidad del material sanitario, lanzó una inspección en la planta de Pisa en Ciudad de México. Una dosis de metotrexato, una de las quimioterapias más comunes, había causado efectos adversos en un grupo de niños de un hospital de Puebla. Los inspectores no encontraron defectos en el producto, pero sí detectaron irregularidades en la fabricación. Cofepris ordenó el cierre de la línea de producción de metotrexato, lo que desencadenó fallas en el desabasto de esta y otra veintena de quimioterapias que el Gobierno todavía no ha logrado resolver.

A principios de 2020, tanto la titular de la Secretaría de Función Pública como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, criticaron públicamente a Pisa. López-Gatell acusó a los laboratorios de “chantajear” y “amenazar” con no distribuir el metotrexato. El 23 de enero, Sandoval detalló que había seis expedientes abiertos contra la empresa: “Al Grupo Pisa lo tenemos bajo investigación también desde hace un tiempo y estamos muy avanzados para iniciar el proceso de inhabilitación correspondiente”. La investigación ha tardado nueve meses en llegar a una conclusión.

La inhabilitación llega al poco de lanzarse la compra consolidada de medicamentos del Gobierno federal por un valor de 4.600 millones de dólares. UNOPS, una agencia de Naciones Unidas, es la responsable de llevar a cabo las licitaciones y encontrar proveedores tanto en México como en el extranjero para intentar acabar con los problemas de suministro que arrastra el país desde hace más de año y medio. En el caso de los medicamentos oncológicos, el Gobierno mexicano ha comprado a proveedores de Argentina, Bulgaria, Cuba y Alemania mediante adjudicaciones directas. Fuentes de la empresa consultadas por este periódico estiman que la sanción del Gobierno busca dejarla fuera de las licitaciones, aunque apuntan a la posible presentación de amparos ante los tribunales para frenar la aplicación de la medida.

Enrique Martínez, director del centro de análisis Instituto Farmacéutico de México, estima que la inhabilitación puede llevar a una mayor dependencia en proveedores extranjeros para la compra de medicamentos, lo que calcula supone un sobrecosto de aproximadamente un 15% respecto a los fabricados en casa. “La inhabilitación bloquea a uno de los laboratorios más importantes del país, que había logrado garantizar precios bajos de medicamentos”, afirma el experto.