Volver a sus países o quedarse en México: el reto del Gobierno de Sheinbaum ante los cambios migratorios

Unos niños juegan futbol en una cancha improvisada entre autos estacionados, mientras unas adolescentes prueban ponerse uñas de gel. Es un día normal en la rutina de las personas que viven en el albergue Vasco de Quiroga para migrantes, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Tepito, famosa por ser uno de los barrios populares más importantes del país.

Allí viven 340 personas que provienen de diferentes países, la mayoría son de origen venezolano, aunque hay peruanos, vietnamitas, indios o colombianos. Conviven personas que ahora ansían volver a su país con otras que se han decidido a quedarse en México. Casi ninguno tenía eso contemplado en sus planes iniciales: la mayoría llegó al país en su ruta para cruzar a Estados Unidos.

El primer año del mandato de Claudia Sheinbaum está tintado por el Gobierno de Donald Trump. Ella apenas llevaba un mes en el cargo cuando el republicano ganó las elecciones y una de sus promesas cruciales fue la expulsión masiva de migrantes. Esa población, que vive de manera regular o irregular en Estados Unidos, es de aproximadamente 53,3 millones. Los latinoamericanos representan el 52%, siendo mayoría los mexicanos con 11,4 millones.

Quedarse en México o irse a otro lugar

Hasta el mandato de Biden, la aplicación llamada CBP One permitía la atención de la gran mayoría de casos de migrantes y una solución habitual consistía en otorgarles un permiso temporal para entrar en territorio estadounidense mientras regularizaban su situación. Sin embargo, Trump no solo cerró la puerta a esos trámites y cortó en seco los sueños de miles de personas. Yormary Segovia es una de ellas. Cuando decidió migrar a Estados Unidos, vendió las pertenencias que tenía en la patria que la acogió, Colombia. Se fue con sus hijos, que entonces tenían 18, 16, 7 y 6 años, y con su esposo, Jonathan Campos. Ella ya había migrado desde Venezuela.

Cruzaron el tapón del Darién, por la llamada “ruta de la muerte”, y para el 1 de enero de 2025 se unieron a una caravana que iba a atravesar México. Cuando viajaban en un autobús de pasajeros, ya dentro de territorio mexicano, las autoridades migratorias los bajaron y los dejaron incomunidados, según su relato. Para cuando pudieron hablar con sus familiares, el mandato de Trump ya había empezado. Ahora prefieren volver a Venezuela y después intentar retornar a Colombia.

Su familia es una de las decenas que espera un vuelo de repatriación que ofrece su país. En el refugio, cada miércoles les llamaban para que, si los elegía su Gobierno, se montaran al avión de vuelta. Solo de la Casa de Asistencia del Gobierno de Ciudad de México Vasco de Quiroga han salido 280 personas, de acuerdo con Emmanuel Herrera, el coordinador del centro. El miércoles pasado se suspendieron estos viajes hasta nuevo aviso debido a los ataques estadounidenses a las embarcaciones venezolanas.

Greisly Ramírez, que también vive en el refugio, cuenta que desde el anuncio de Trump varias personas decidieron irse de las instalaciones, pues prefieren volver, incluso a pie.

María Espinoza, una ciudadana peruana que llegó al territorio mexicano con su esposo y su hijo de 17 años, lleva casi un año en el país. Cuando ingresó tenía el sueño de llegar a Los Ángeles. Hoy, ella y su familia contemplan quedarse durante un tiempo, pero insiste en que intentará cruzar en el futuro, “cuando las cosas estén mejor”.

En México, han iniciado el procedimiento de regularización en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Le realizaron un estudio social, diversas preguntas y le prometieron un correo que llegaría “en unas semanas”. El trámite comenzó en abril y hasta ahora no tiene respuesta. Este procedimiento resulta primordial para ser considerada refugiada de manera oficial, y asi, después, acceder a una Tarjeta de Residente Permanente.

Ciria Villatoro, coordinadora de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que atiende principalmente a Migrantes en Tapachula, señala que desde hace dos años se han prolongado los procesos de la Comar. Por ley, debe ser un periodo de 45 días. Para 2024, el tiempo para obtener una respuesta podía llegar a seis meses, para 2025 observan que el proceso puede tardar incluso 11 meses. Los trámites son aún más largos para quienes no hablan español.

No contar con documentos, los coloca en una situación vulnerable. Herrera afirma que, si bien pueden trabajar en el comercio informal, suelen recibir salarios mucho más bajos, de casi la mitad de lo que recibiría un mexicano y sin condiciones dignas. Villatoro agrega que algunas de las empresas pequeñas que los contratan suelen explotarlos o los acusan de robos para evitar pagarles. Los expertos coinciden en que las personas migrantes se encuentran en situaciones más vulnerables al no obtener permisos de residencia.

En Chiapas, la migración ha vuelto a los ritmos de otros años, como en 2018, de acuerdo con lo analizado por los integrantes del Centro Fray Matías. Ya no son comunes las “caravanas migrantes” y las personas llegan de manera individual o en familia, pero esto conlleva mayores riesgos. También han visto un cambio en las rutas para evitar la captación de grupos del crimen organizado. La migración no termina, pero cada vez se hace más difícil y peligrosa para las familias, afirma Villatoro. Sin embargo, precisamente este miércoles salió de Tapachula, en la frontera con Guatemala, una nueva caravana de migrantes que aspiran a quedarse en México en lugar de viajar a Estados Unidos.

Desde el Centro Fray Matías, observan la disminución de trabajadores dentro de la Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y también lo relacionan con la caída presupuestaria. Hasta ahora, la institución recibía cerca del 20% de los recursos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero ante la reducción de las donaciones esos montos no han podido sostenerse. El representante en México de ACNUR, Giovanni Lepri, ha realizado un llamado a que el Gobierno de México otorgue más presupuesto a la Comar.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comar tendrá un aumento de recursos: de los 48 millones de pesos previstos para 2025 a 109 millones para el próximo año. De acuerdo con los datos que otorgó Lepri, 250 personas al día buscan protección en el país, lo da un estimado de 100.000 solicitantes de refugio anuales.

Mexicanos que retornan a casa

Emmanuel Herrera afirmaba que al inicio de la crisis y cuando se creó el Centro Vasco de Quiroga, en diciembre de 2024, esperaban recibir una parte de migrantes mexicanos retornados y, aunque eso sí ha sucedido, solo requieren un par de días para contactarse con sus familias y poder volver a sus hogares.

De hecho, a pesar de las acciones del Gobierno estadounidense, el retorno de migrantes mexicanos ha sido más bajo que el del año anterior. Hasta julio de 2024, 118.527 personas fueron expulsadas del país vecino y devueltas a México. El mismo mes de este año, sumaban 83.532. Para los que vuelven a casa, el Gobierno ha dispuesto programas de reintegración como Bienvenido a casa, que otorgan identificaciones y la integración a sistemas de salud, educativos y de seguridad social.