Un tribunal federal otorga una suspensión a José Luis Abarca para frenar la condena de 92 años de cárcel por secuestro

José Luis Abarca Velázquez suma una victoria eventual dentro de su largo expediente de crímenes por los que está acusado y que lo mantienen en la cárcel desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El exalcalde del municipio de Iguala, en Guerrero, fue en su momento señalado de dar la orden de detención y entrega de los estudiantes a un grupo delictivo y posteriormente absuelto de ello. Ahora ha sido beneficiado con la decisión de un Tribunal Federal que le otorgó una suspensión que impide que la condena de 92 años de cárcel que recibió en 2023 por el secuestro de siete activistas del movimiento campesino Unidad Popular no pueda ser ejecutada.

Se trata de una medida cautelar —una disposición judicial o administrativa preventiva— que la defensa del exalcalde ha logrado hasta que sea resulto un amparo que Abarca interpuso con la intención de echar abajo la sentencia. En la causa legal de origen, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, en Tamaulipas, determinó que, pese a que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido reconocidos como víctimas, no son considerados terceros interesados, pues la condena no afecta directamente a la reparación del daño que se ha solicitado por parte de las familias.

Se refiere a la sentencia, por 92 años y seis meses de cárcel, que Abarca recibió en 2023 por el secuestro de siete integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, líder agrario en la región. Seis de estos activistas denunciaron a Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez, a finales de mayo de 2013. Un día después desaparecieron. Los cadáveres de Hernández Cardona y dos de sus compañeros fueron encontrados a principios de junio con signos de tortura.

Nicolás Mendoza, uno de los supervivientes de la matanza, declaró en entrevista con EL PAÍS en 2014: “Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza [a Hernández Cardona], en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”. El Tribunal de Tamaulipas explicó: “En consecuencia, únicamente las mencionadas víctimas, así como las indirectas que se desprendan de su relación familiar inmediata, deben ser consideradas como terceros interesados en el presente juicio de amparo”.

En abril pasado, Abarca ya había sido sentenciado a 20 años de cárcel después de que la Fiscalía de Guerrero confirmara que logró establecer la participación del perredista en el asesinato de su compañero de cabildo, Justino Carvajal Salgado, quien trabajaba como primer síndico durante la administración de Abarca.

De acuerdo con un comunicado, el exalcalde fue acusado de dar la instrucción para que Carvajal Salgado —primo de la actual gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, y sobrino del senador Félix Salgado Macedonio— fuera asesinado a tiros, el 8 de marzo de 2013. Esta sentencia se sumaba a la de 92 años de prisión.

La absolución

En mayo de 2023, un tribunal confirmó la absolución de Abarca por el secuestro de los 43 de Ayotzinapa. Los jueces ratificaron la decisión en primera instancia, dictada en septiembre de 2022, que señalaba que no había pruebas suficientes contra el exalcalde de Iguala. Finalmente, en junio pasado, el exalcalde fue absuelto de forma definitiva en el caso, después de que rechazara un amparo interpuesto por los padres y madres de las víctimas sobre aquella primera sentencia absolutoria.

Al ser cuestionada sobre esta decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación…”

A apenas tres días del aniversario número 11 de la desaparición de los 43 estudiantes, un grupo de normalistas de Iguala, familiares de las víctimas, y activistas protestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Ciudad de México. Los padres aseguraron que este era el inicio de la jornada de lucha para conmemorar la memoria de esta fecha, difícil para todo el país.