Condenado a 92 años de prisión el exalcalde de Iguala José Luis Abarca por el secuestro de seis activistas

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, en el Estado de Guerrero, ha sido condenado a 92 años y seis meses de cárcel por el secuestro de seis integrantes del movimiento campesino Unidad Popular. Los seis activistas, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, denunciaron a Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda y el exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez a finales de mayo de 2013. Un día después desaparecieron. Los cadáveres de Hernández Cardona y dos de sus compañeros fueron encontrados a principios de junio con signos de tortura. Nicolás Mendoza, uno de los supervivientes de la matanza, declaró en entrevista con EL PAÍS en 2014: “Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza [a Hernández Cardona], en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”.

El juez federal de distrito Samuel Ventura Ramos ha condenado también al exalcalde a una indemnización de 920.700 pesos en calidad de reparación del daño, sustituible por 15.000 jornadas de trabajo comunitario. Abarca y su esposa se encuentran en prisión desde noviembre de 2014. Entonces, fueron acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen sobre el que sigue sin haber claridad ni respuestas nueve años después. Fueron las primeras detenciones mediáticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por el suceso. En septiembre de 2022, el mismo magistrado le absolvió del secuestro de los normalistas argumentando falta de pruebas, pero permaneció en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión presidencial que investiga el caso, criticó la decisión: “El juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. La Fiscalía tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad”. En su informe sobre el crimen, la comisión señaló a Abarca como responsable del destino de los estudiantes.

Fuentes federales citadas por el semanario Proceso señalan que la Fiscalía ya ha apelado la absolución del juez. También que la defensa de Abarca ha recurrido su sentencia por el secuestro de los seis líderes campesinos. El Ministerio Público acusa también al exalcalde de Iguala de delincuencia organizada por una presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado también en la desaparición de los 43 estudiantes, además de delitos de lavado de dinero.

De acuerdo con el relato de Nicolás Mendoza a este diario, la tarde del jueves 30 de mayo de 2013, él, chófer de Hernández Cardona, conducía una camioneta por la carretera de Iguala en la que viajaban los miembros de Unidad Popular. Venían, precisamente, de un acto de protesta contra Abarca. Un Jeep los interceptó. De él bajaron seis hombres armados que los apuntaron y los obligaron a bajar. Dispararon a Hernández Cardona en la pierna. Los maniataron y los arrastraron a un paraje en las afueras de la ciudad.

Allí ya había otros secuestrados. Comenzaron a interrogarlos sobre su militancia política mientras los torturaban: golpes con tubos de hierro, azotes con un látigo de alambre. Tres de los hombres que ya había raptados cuando llegaron al lugar fueron asesinados. “A uno le cortaron la cabeza con un machete”, dijo Mendoza. Abarca bebía cerveza mientras contemplaba la escena. En un momento dado, llevó a Hernández Cardona a una de las fosas que los sicarios habían cavado: “Ya que tanto me estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte”, dijo. Y disparó.

Otros dos de los seis integrantes de Unidad Popular, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas, trataron de escapar, pero fueron alcanzados por las balas de los sicarios y también murieron en el lugar. Aprovechando la confusión, Mendoza, Héctor Arroyo Delgado y Efraín Amates Luna lograron huir. Abarca todavía siguió gobernando más de un año más, hasta que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 puso el foco sobre él. Unos meses después, fue detenido. Desde entonces, continúa en prisión, donde todavía tendrá que ser juzgado por el resto de procesos judiciales que tiene abiertos. La Fiscalía sigue considerando que durante sus años en el poder, el alcalde de Iguala fue un engranaje clave, junto a su esposa, de una red criminal en la región.

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