La Fiscalía General toma el control de la investigación de Teuchitlán tras semanas de choques con la de Jalisco

El rancho Izaguirre, que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaba en Teuchitlán para secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas, ha abierto una batalla política entre fiscalías, que se deslindan de responsabilidades mientras se acusan mutuamente. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes en la Mañanera que no aportaría más información sobre el lugar hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera la investigación. El fiscal general, Alejandro Gertz, ha confirmado este martes que ya han tomado “posesión de ese lugar”. Desde el principio, el discurso desde instancias federales ha ido dirigido a responsabilizar al Ministerio Público de Jalisco, quien comenzó las diligencias en septiembre de 2024, después de un tiroteo entre la Guardia Nacional y sicarios del CJNG en el rancho. La Fiscalía estatal, sin embargo, ya entregó el expediente completo a la FGR el jueves, un día después de que lo reclamara Gertz por primera vez. Dependía de la FGR atraer oficialmente el caso, algo que no habían hecho hasta ahora, seis días después. El resultado del cruce de acusaciones es, en definitiva, que la investigación sigue empantanada.

La Fiscalía de Jalisco, dirigida por Salvador González, entregó todos los documentos pertenecientes a la carpeta de investigación sobre el caso Teuchitlán a la FGR el jueves 20 de marzo. Ante la alta relevancia del caso y su elevada carga mediática, Jalisco publicó en sus redes sociales, para que todo el mundo pudiera verlo (un gesto de transparencia poco habitual en los ministerios públicos mexicanos), el sello de la FGR que indicaba que el organismo dirigido por Gertz había recibido el expediente. En el asunto, se indica: “Se propone ejerza la facultad de atracción”, una figura legal que permite a la FGR apropiarse de las investigaciones que, normalmente, recaerían en los Estados. “Toda la información que solicitó la FGR ya está en su poder, solamente falta que confirmen si la aceptan y la atraen”, plantean las fuentes de Jalisco.

Que la FGR atraiga un caso estatal es una medida recogida en la ley mexicana y relativamente habitual. En ocasiones el proceso puede durar días, en otras, semanas, dependiendo del volumen del caso. Sheinbaum ha querido mostrar estos días que su Gobierno prioriza el caso Teuchitlán, pero pese a sus palabras, la velocidad no ha sido mayor que en otras pesquisas. A la vez, la presidenta sigue apuntando a la Fiscalía de Jalisco en una estrategia de desgaste contra el Gobierno del Estado, uno de los bastiones de Movimiento Ciudadano. Hasta ahora, la mandataria no había abordado la crisis de desapariciones que sufre el país.

Hasta que Gertz ha confirmado el control de la investigación este martes, era la Fiscalía de Jalisco la que continuaba con las pesquisas, aseguran desde la institución. Durante estos días, el expediente ha permanecido en un limbo burócrata, entre la entrega y la atracción. La carpeta que inició la Fiscalía de Jalisco incluye los delitos de posesión de armas y desaparición de personas, pero no de delincuencia organizada, un crimen que las fiscalías estatales no tienen jurisdicción para investigar, solo la FGR. Gertz ha anunciado que la suya sí será una investigación por delincuencia organizada. Las madres buscadoras y algunos expertos forenses definen como “un centro de exterminio” el rancho de Teuchitlán por los restos de huesos calcinados y la ropa abandonada encontrada en el lugar.

Negligencias de ambas fiscalías

A principios de marzo, un colectivo de buscadores de desaparecidos de Jalisco entró al rancho Izaguirre y difundió fotografías que estremecieron a todo el país: restos de hogueras, zapatillas desparejadas, ropa abandonada. Levantó un escándalo poco habitual en México, acostumbrado a digerir rápido casos como este ante la dimensión inabarcable de la crisis de desapariciones: más de 125.000 personas que nunca volvieron a casa. Los familiares de víctimas de desaparición forzada llevan desde entonces denunciando que la gestión política se ha centrado en rechazar culpas y tratar de minimizar la gravedad, en lugar de depurar responsabilidades, saber qué pasó y encontrar a los culpables. Este lunes, en su conferencia de prensa, Sheinbaum reincidió en la idea de que no hay pruebas de que se trate de un “campo de exterminio”, y le dio la palabra a periodistas afines. Todos, sin excepción, le dieron la razón. Otros reporteros de medios más críticos con su Administración, como LatinUs, denunciaron que no les habían dejado preguntar.

La Guardia Nacional (GN) llegó a al rancho Izaguirre en septiembre de 2024. Mantuvo un tiroteo con sicarios del CJNG. Hubo 10 detenidos, se liberó a dos secuestrados y encontraron a un muerto (su identidad nunca se ha revelado). A pesar de que la GN informó a la FGR, esta decidió no asumir el caso, que quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco. Ahí empezaron las irregularidades: nunca realizaron peritajes de ningún tipo, no se dio seguimiento a las víctimas, no se investigó la propiedad del terreno ni la colusión de la policía local con los criminales. El rancho quedó prácticamente abandonado durante seis meses, hasta que llegaron los buscadores este marzo. En el mejor de los casos, fue negligencia. En el peor, infiltración del CJNG en la Fiscalía estatal.

Gertz responsabilizó únicamente al Ministerio Público de Jalisco. Un ex alto cargo de la extinta Procuraduría General de la República, el organismo predecesor de la FGR, critica que la FGR no asumiera el caso desde septiembre, a pesar de la cantidad de indicios encontrados: “No cabe la menor duda de que es un tema de delincuencia organizada. Tendrías que ser ciego para no ver que es de tu competencia. ¿Sabes la cantidad de indicios que se hubieran podido obtener al llegar y procesar adecuadamente un lugar como ese? Hubieran encontrado un sinnúmero de líneas de investigación [relativas al CJNG]. No lo hicieron en su momento y ya lo contaminaron”, lamenta en referencia a la apertura del rancho el jueves pasado a la prensa y los colectivos de búsqueda, a pesar de que la FGR todavía no ha podido realizar sus peritajes en el lugar.

“Además, los recursos periciales de los estados están muy limitados, la FGR cuenta con un área con muchos recursos”, continúa el exfuncionario de la Procuraduría, que trabajó en casos de delincuencia organizada y prefiere mantener el anonimato por seguridad. Virginia Garay, madre de un desaparecido e integrante de un colectivo de búsqueda de Nayarit, señala también que en 2021 ella fue al rancho Izaguirre ante una pista anónima que la informó de que ahí el cartel retenía personas. No pudo entrar porque todavía había “gente trabajando”. Vio “camionetas con doble cabina, vidrios polarizados y sin placas” entrando al lugar. Informó a la FGR entonces del hallazgo, pero el organismo no acudió a investigar. Ha encontrado un caso similar en Tepic: dos casas que creen que el cartel usa para sus secuestros aún hoy. En 2019 se lo comunicó a la FGR. Nunca han ido.

Este enero, también en Teuchitlán, la GN llegó a otro rancho y mantuvo un tiroteo con miembros del cartel. Hubo detenidos. La FGR sí asumió esa investigación desde el principio. “Las condiciones son las mismas, pero en un caso sí lo aceptan y en otro no. Lo que llama poderosamente la atención [del caso del rancho Izaguirre] es que ahora digan que van a atraer la carpeta cuando desde un principio pudieron haberlo hecho”, dice la fuente de Jalisco. Este periódico ha contactado a la FGR en repetidas ocasiones, pero al cierre de este artículo no ha tenido respuesta.