México, el país que desaparece: sin rastro de 125.000 personas

Hay un México lleno de carteles de búsqueda, de rostros que miran desde los afiches pegados. Están en las farolas, en las paredes de cualquier local, en las entradas al metro. Hay un México lleno de ojos que buscan. Están desperdigados en las principales ciudades, en los destinos turísticos, en los pueblos de las sierras, en los barrios pobres, en las fronteras. Solo una pequeña parte del país se salva de la crisis. En México hay 125.287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, que recoge datos del último siglo. El 90% desapareció desde 2006 y a más de 60.000 personas se les perdió el rastro a partir de 2019. Pasan los años y los Gobiernos, y la lacra, en vez de resolverse, se agudiza. Detrás de las cifras, unánime, el reclamo intacto de las familias: ¿dónde están?

El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en un terreno con dos caballos pintados en la entrada. No lo sabían entonces, pero iban a abrir el horror. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con sus fosas, sus restos óseos y sus cientos de pantalones, zapatos y playeras amontonados, se convirtió en el símbolo del fracaso del Estado. El lugar había sido utilizado por el cartel como centro de reclusión, entrenamiento y exterminio. La Fiscalía de Jalisco lo había cateado seis meses atrás, pero no le había dado importancia. Su hallazgo ahora, a pocos kilómetros de Guadalajara —una de las ciudades más ricas del país y uno de los agujeros negros de la desaparición— ha obligado a los políticos a mirar lo tantas veces ignorado: en México está funcionando una maquinaria de la desaparición.

La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes: hay 40.000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30.000 habitantes con casi 1.000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9.500 personas sin localizar. Como resistencia a la tragedia, las manos de las buscadoras. Ante un Gobierno que no busca, los colectivos formados por las familias son quienes escarban la tierra y enfrentan sin ayuda las amenazas de los grupos criminales. Desde 2011, 22 buscadores han sido asesinados y otros dos siguen desaparecidos.

El horror que ha despertado Teuchitlán ha orillado a la Administración de Claudia Sheinbaum a actuar. La presidenta ha propuesto medidas que ya estaban en la ley —como unificar las bases de datos forenses y generar alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas—, homologar el delito de desaparición con el de secuestro, y fortalecer tres instituciones —el Centro Nacional de Identificación Humana, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas— que en la práctica fueron degradadas por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Las medidas no incluyen nada nuevo y han sido recibidas con escepticismo por las familias buscadoras, pero suponen la irrupción, por fin, de esta crisis urgente en la agenda política.

La socióloga Carolina Robledo llama a lo que está sucediendo en México como un “proyecto desaparecedor, que implica una inversión de recursos para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de los rastros del delito”. La antropóloga Rossana Reguillo habla de necromáquina: “Una máquina de la muerte a la que no le importa engullir cuerpos, territorios, y luego vomitarlos en forma de fosas, de cadáveres”. Y la poeta Sara Uribe lo escribe así: “¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? Que era una probabilidad. Cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales. Que los iban a traer aquí. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido?”.

Jalisco, epicentro de la desaparición

El hallazgo de Teuchitlán sorprendió al país pero no a Jalisco. Hace años que los colectivos, los investigadores y los periodistas alertan de lo que sucede en el Estado. Es la entidad con mayor número de desaparecidos, más de 15.300, y de esos, casi 7.000 son hombres entre 15 y 34 años. Solo en la zona metropolitana de Guadalajara se encontraron 28 sitios de exterminio en un año, algunos en el centro de la ciudad, localizados después de que varios cautivos lograran escaparse, aún desnudos, aún maniatados, como reveló Zona Docs. No es un secreto la existencia de estos lugares donde el cartel tortura, secuestra y asesina. En 2019, EL PAÍS publicó un reportaje con los testimonios de varios supervivientes a estos campos de reclutamiento forzado del Cartel Jalisco Nueva Generación. Estaban situados en Tala, a unos pocos minutos del rancho Izaguirre.

En uno de esos lugares estuvo Christofer Antony, de 16 años, desaparecido en agosto de 2024. Su familia estaba atravesando un problema económico y el muchacho se decidió a ayudar. La historia es la misma que la de cientos: encontró el trabajo por internet y los empleadores le pagaron el transporte hasta Guadalajara. En cuanto llegó a la central de autobuses de Zapopan, desde Nayarit, su madre, Laura, perdió comunicación con él. “Tardó tres meses en llamarme con un celular prestado”, cuenta a EL PAÍS, “estaba pelón, triste. En un momento giró la cámara y se veía a jóvenes acostados en el piso, con cobijas, como tamalitos. Había muchos”.

El contacto con su hijo saltaba de un mes a otro. El 20 de noviembre habló con él por última vez: se lo iban a llevar a Mezquitic (Zacatecas) y el chico había tratado de escaparse. “Me vienen siguiendo”, le dijo a su madre. Estaba en San Juan de los Lagos, cerca de la central de autobuses. En la llamada, ella oyó tres disparos y eso fue todo. Laura llamó a la policía del lugar para que fueran a ayudar a su hijo: “Me dijeron que no había nada, que estaba todo normal”. No tuvo más noticias hasta que el 5 de marzo, en el video en directo de las buscadoras en el rancho de Teuchitlán, reconoció una camisa roja y una mochila: “Estoy 100% segura de que son de él”. “Yo me estoy consumiendo, solo quiero saber si lo mataron, dónde lo dejaron”, dice al otro lado del teléfono esta mujer cansada, “se están llevando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, los maltratan y además, los desaparecen. No hay quien nos ayude”.

El 75% del país registra desaparecidos

Es la desaparición una mancha: México tiene casi 2.500 municipios y en un 75% de ellos se registran desapariciones. El reparto es desigual, pero demuestra los tentáculos de la crisis. Las 10 ciudades con mayor número acumulan juntas más de 21.500 personas sin localizar, es decir, casi el 20% de todas los que se registran en el país. Además de Guadalajara —en el primer puesto— y Zapopan, en Jalisco, la crisis estalla en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. En Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros faltan casi 8.000 personas. Cuna del reinado del terror de Los Zetas —hoy con sus líderes entregados a Estados Unidos—, en 2021 encontraron ahí un predecesor a Teuchitlán, La Bartolina, un paraje que funcionó como centro de exterminio y del que han sacado más de una tonelada de huesos, explica Rosa García a EL PAÍS. La mujer sigue en búsqueda de su hermano, su sobrina y su hija, todos secuestrados entre 2010 y 2012.

Está en los primeros puestos del horror Tijuana, con 2.382 desaparecidos, y donde se encontró uno de los primeros centros de exterminio del país: La Gallera, el predio donde Santiago Meza, alias El Pozolero, deshizo cientos de cuerpos en ácido antes de su detención en 2009. Siguen Monterrey y Culiacán —escenario actual de la guerra del narco—. Descollan dos lugares mucho más ignorados: Atlautla, en el Estado de México, y Centro, en Tabasco. El primero tiene una población de 32.000 personas y 1.860 desaparecidos.

Los jóvenes que se llevaron

Dice la antropóloga Rossana Reguillo que los grupos criminales “están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”. Las pugnas por el control del territorio requieren carne de cañón, de la “adquisición de mayores recursos humanos a través de mecanismos como la desaparición”, recoge Insight Crime. La paranoia criminal de identificar a cualquier hombre joven como enemigo potencial: en los años del terror de Los Zetas, cualquiera que pasara por municipios como San Fernando podía desaparecer, porque el cartel temía que todo aquel que buscara el norte fuera a engrosar las filas de sus rivales. Así, son los jóvenes quienes engrosan desde hace décadas la estadística del horror. La mitad de los desaparecidos del país, 60.000, son hombres entre 15 y 39 años, de esos, 35.000 son menores de 30 años.

Detrás de esas cifras están los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los cinco muchachos de Tierra Blanca secuestrados por policías estatales de Veracruz a petición de un todavía incipiente Cartel Jalisco Nueva Generación en 2016; están Salomón, Marco y Daniel, los tres estudiantes de cine desaparecidos en 2018 cuando estaban filmando en Guadalajara; están los cinco de Lagos de Moreno. De estos últimos, una mujer, que sobrevivió al rancho de Teuchitlán, ha contado al colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco que pasaron por este centro de exterminio. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante eran amigos de la infancia, estaban de camino a casa, cuando la noche del viernes 11 de agosto de 2023 fueron interceptados por el crimen organizado. Las últimas imágenes de ellos los muestran de rodillas, golpeados y amordazados. Sus familias siguen buscándolos.

Siete mujeres desaparecidas al día

Son menos mujeres desaparecidas en México que hombres; son menos, pero son más de 28.800. En algunas entidades, como en el Estado de México, llegan a 5.500. Ahí resaltan dos puntos, Atlautla, que concentra casi 900 mujeres sin rastro, y Toluca, con 385. Los focos rojos están, además, en la frontera norte del país, en ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo (Tamaulipas), pero también en Tijuana (Baja California) y Monterrey (Nuevo León). En este último, la capital del Estado más rico del país, todavía resuena la última crisis de mujereses desaparecidas. La movilización institucional por encontrar a Debanhi Escolar —quien apareció asesinada dentro de la cisterna de un motel— o la indiferencia absoluta hacia Yolanda Martínez —a quien su padre buscó sin ayuda durante un mes y apareció muerta en un paraje al lado de una carretera—. Ambas sin justicia.

Detrás de las desapariciones de mujeres está en ocasiones la trata sexual. Un informe reciente de varias organizaciones encontraba los vínculos entre los dos delitos y también las fallas de las autoridades para no unirlos y por tanto, no encontrarlas. Nadie ayudó a Norma Laguna cuando a su hija, Idaly Juache Laguna, la vieron durante dos años esclavizada en los bares y en los hoteles del centro de Ciudad Juárez. Tampoco a María del Refugio Montoya, que ha tenido que endeudarse para seguir insistiendo a las autoridades en que a su hija Elda Adriana Váldez se la llevaron cuando quiso dejar de trabajar en un table dance de Guadalajara. “Ya son cuatro años, siete meses y tres días sin mi hija”, contaba Montoya a EL PAÍS, “no sé si vive o no. La Fiscalía no ha hecho nunca nada por localizarla. Sigo sin respuesta”. Como ella, decenas de miles de familias.