Desaparecidas para ser explotadas: la trata sexual, una sombra en el Estado de México

Una mujer va a una entrevista de trabajo para una supuesta cadena de comida rápida y desaparece. La Fiscalía no la busca porque es “adulta”; los hombres que le hicieron esa oferta de empleo siguen reclutando a otras. Una mujer va a una reunión escolar de su hija y desaparece. Su teléfono aparece conectado en Monterrey y después se la ve montada en un taxi con otras mujeres en el Valle de Chalco, la Fiscalía no indaga. Una mujer sale con una amiga y desaparece. Los secuestradores ofrecen a su hermano información a cambio de que trabaje para ellos; él acaba arrestado y ella descubierta en una fosa común. Una mujer es secuestrada para ser prostituida, logra escapar y acude a la policía; la policía la devuelve con sus captores. En México desaparecen cada día siete mujeres, en total hay más de 27.000 sin localizar, según las cifras oficiales. El informe ¿Quién nos busca? ¿Quién nos cuida? vincula la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes con otra de las grandes lacras del país: la trata sexual.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos, la organización de Litigio estratégico en derechos humanos (IDHEAS) y el Equipo Mexicano de Antropología Forense acaban de publicar una investigación que sostiene que los delitos de desaparición en el Estado de México y la trata de mujeres están intrínsecamente relacionados, y que ambos son “causa y/o consecuencia el uno del otro”. El informe recoge cómo la falta de coordinación entre fiscalías, la falta de capacitación de su personal y la corrupción de las autoridades impide en muchos casos encontrar con vida a mujeres desaparecidas que están siendo esclavizadas. “Todo ello enmarcado en un grave contexto de violencia estructural en contra de la mujer, en el que persiste una cultura machista que justifica la violencia en contra de ésta y que perpetúa los patrones de violencia extrema, lo que contribuye a la normalización de la trata”, apunta el documento. En el Estado hay todavía más de 5.300 mujeres sin localizar.

La trata es un delito escurridizo. Sus redes, clandestinas y que imponen una violencia a menudo invisible, son manejadas desde familias y pequeñas células criminales hasta grandes cárteles. En México se han abierto en la última década 5.100 carpetas de investigación por este delito contra mujeres, según los datos de la Secretaría de Seguridad. Hasta octubre de este año, se habían presentado 99 denuncias por trata de mujeres en el Estado de México (el mayor número del país, después de Quintana Roo con 164 denuncias); de esas, la mitad corresponden por explotación de niñas menores de edad. “Los números oficiales no ilustran el impacto real de la trata por la dificultad para identificar los casos y el miedo a denunciar”, apunta el informe, que además incide en la falta de transparencia: “La recopilación de datos en materia de trata ha sido muy deficiente, con escasa información compartida y sin directrices claras sobre los datos necesarios”.

En septiembre de 2023, una joven desapareció en Toluca, la capital del Estado de México. Antes de esfumarse dejó un mensaje a su familia en el que afirmaba que se iba a trabajar. Gracias al rastreo de su teléfono, se confirmó que se encontraba en una zona limítrofe con Guerrero, un área conocida por el control de los grupos delictivos. La madre empezó una campaña de difusión para buscar información. Poco después, recibió un video de la joven en el que le pedía que cesara la búsqueda, aseguraba que estaba bien. Pero una madre conoce a su hija. La mujer no paró. Consiguió que se realizara un operativo. En diciembre apareció la joven de vuelta en Toluca. Estaba maltratada, muy delgada y llevaba una nueva marca: un tatuaje con las letras FM, asociado con la Familia Michoacana. Había sido traficada por un grupo criminal y obligada a drogarse, también fueron sus captores quienes la forzaron a dejar esos mensajes de despedida, un patrón común entre las víctimas de trata. Durante los tres meses que duró su cautiverio, observó una estrecha vinculación de los policías y ministerios públicos con el cartel. Todavía no ha querido testificar con la Fiscalía del Estado.

La corrupción de las autoridades se ha convertido en un tema clave en la investigación de los casos. Pero no solo. También las trabas burocráticas y la falta de coordinación entre Fiscalías especializadas. La Fiscalía de Personas Desaparecidas no comparte la carpeta completa de investigación con la de Trata, “sino solo un resumen del caso, lo cual limita la posibilidad de realizar una investigación exhaustiva”, apunta el informe. “Este proceso fragmentado deja muchos casos sin la investigación adecuada. Por una parte, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que está saturada y carece de experiencia en trata, no puede seguir líneas de investigación sobre trata”, se lee en el documento. Y, por otro, “la Fiscalía de Trata no asume casos sin identificar por lo menos una víctima”.

“Es decir, investiga únicamente cuando una víctima ha sido encontrada con vida y denuncia los hechos, o cuando se le localiza con certeza y existen posibilidades suficientes de rescatarla mediante un operativo. Esto deja fuera una gran cantidad de casos de desaparición, en los que las víctimas aún no han sido encontradas (a pesar de que existen indicios de trata). O donde se encontraron fallecidas, o estando aún sometidas intentan dar aviso a la familia o las autoridades, pero por el temor no logran hacerlo”, señala la investigación. Actualmente, la Fiscalía de Trata del Estado está conformada por 21 ministerios públicos, que manejan más de 1.000 carpetas de investigación.

Ante estas fallas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, IDHEAS y el Equipo Mexicano de Antropología Forense recomiendan a las Fiscalías una mejor coordinación entre dependencias especializadas, pero también entre Estados y a nivel federal, para identificar las redes y rescatar a las víctimas. También considerar de una forma sistemática la trata como una posible línea de investigación en los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Además, las organizaciones proponen a los legisladores mexicanos incrementar el presupuesto de las dependencias especializadas y aumentar el número y la calidad de los refugios para víctimas de trata.