La familia de la activista desaparecida Sandra Domínguez se planta ante el Gobierno de Oaxaca

La familia de Sandra Domínguez ha llevado su reclamo a las puertas del Palacio de Gobierno de Oaxaca, a 33 días de la desaparición de la activista. Casi sin novedades sobre la investigación, la madre y las hermanas han anunciado un plantón en la sede de gobierno de Salomón Jara, hasta que la abogada mixe aparezca con vida. Kisha, hermana de Sandra, ha denunciado además haber sufrido intimidaciones para obligarles a que concluyan la búsqueda. “Le decimos al gobernador que no nos vamos a quedar calladas, le exigimos que encuentren a nuestra hermana”, ha dicho en conferencia de prensa este miércoles. Domínguez había exhibido con pruebas en la mano el machismo ejercido desde las más altas esferas del poder en su Estado, lo que le valió varias amenazas anónimas. El pasado 4 de octubre desapareció junto a su pareja, Alexander Hernández, en la comunidad de María Lombardo, y desde entonces la Fiscalía ha logrado muy pocos avances en la indagatoria.

El plantón es la respuesta de la familia a la reacción que tuvo el Ejecutivo de Jara tras la desaparición de la mujer. Domínguez había denunciado en marzo de 2021 al precandidato de Morena, Humberto Santos, que aspiraba a un asiento en la Cámara de Diputados local de Oaxaca, por haber creado el chat de Whatsapp “Sierra XXX”, en el que animaba a compartir fotos íntimas de mujeres indígenas. La denuncia forzó al aspirante a bajarse de la candidatura. Dos años después, en marzo de 2023, la defensora de derechos humanos volvió a denunciar la creación de un nuevo chat, esta vez con el nombre de “Mega peda”, en el que diputados y funcionarios sexualizaban a mujeres y ejercían el machismo a diario. Entre los acusados estaba Donato Vargas, titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca, en la órbita de Morena.

La primera respuesta que tuvo el Gobierno de Jara tras la desaparición de Domínguez fue deslindar de responsabilidad a Vargas y asegurar que ninguna línea de investigación le involucraba. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, posteriormente dijo en entrevista con EL PAÍS que se investigaría “a cualquier servidor público estatal que pudiera ser señalado” y prometió no “proteger a nadie”. A la semana, el gobernador pidió separar temporalmente a Vargas de su cargo, aunque miembros del entorno de Domínguez han asegurado a este periódico que el funcionario ya lo ocupa de nuevo.

“El dolor nos está rebasando”, ha expresado Kisha este miércoles, sentada a una mesa improvisada fuera del Palacio de Gobierno. La madre, Aracely Martínez, visiblemente conmovida, solo ha pronunciado unas pocas palabras: “Quiero que me regresen a mi hija”. La familia, que recibió el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, ha explicado que desde que comenzó la búsqueda han sido perseguidas por personas vestidas de negro en motocicletas, que intentan intimidarlas y desalentarlas, y han asegurado haber recibido “violencia psicológica” por parte de la Fiscalía del Estado. “Es triste que el Estado no haya generado las condiciones mínimas para nosotros”, ha señalado la hermana de la activista. La familia ha decidido instalar el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, por miedo a ser atacadas en su casa.

En los 33 días que la pareja lleva desaparecida, las autoridades informaron únicamente del hallazgo en Playa Vicente, en el Estado de Veracruz, de la camioneta que usaban las víctimas. Posteriormente, anunciaron la última actividad de los teléfonos en esa misma entidad. El secretario de Gobierno, Romero López, dijo a este periódico que la última conexión del aparato de Hernández había sido en Nuevo San Martín, unas horas más tarde que la última conexión de ella, en Arroyo Zacate. La novedad más reciente del caso fue la detención el pasado 20 de octubre de un hombre que tenía el teléfono celular de Sandra Domínguez en Veracruz. Este periódico ha solicitado una entrevista al fiscal para hablar del tema, pero de momento no ha obtenido una respuesta.